Sin presupuestos

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Albert Rivera en el Congreso de los Diputados. FOTO: Público/ EFE/ J.P.Gandul
Antonio Imizcoz
Periodista.

Tampoco es que sea un drama, ni que haya que rasgarse las vestiduras pero, indudablemente, que un Estado tenga que prorrogar sus Presupuestos Generales para un ejercicio que no es aquel para el que fueron diseñados, indica que el Gobierno no tiene la fuerza suficiente en las Cortes —en el Congreso de los Diputados, fundamentalmente— para obtener el apoyo a lo que no es otra cosa que el diseño de las políticas que se considera necesario aplicar cada año.

Y así estamos en España, oiga, qué le vamos a hacer. El Gobierno está funcionando, ya en 2018, con los Presupuestos que diseñó para el año 2017. Ya en ese año se comenzó prorrogando los del año 2016, porque en la fallida XI Legislatura no estaba el horno para bollos.

Tampoco era la primera vez que el gobierno de Rajoy tenía que aplicar la prórroga. En 2011, Zapatero no tuvo a bien presentar para su aprobación los Presupuestos del año siguiente, viéndose venir que sería ampliamente derrotado en las elecciones de noviembre. Y Montoro tuvo que presentar y aprobar, en 2012, nada menos que los Presupuestos Generales de ese año y los del siguiente.

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No pasa nada, aparentemente. Si el 1 de enero de un año un Gobierno no ha conseguido que se aprueben los Presupuestos de ese año, automáticamente se prorrogan los del ejercicio anterior, con la salvedad de “los créditos para gastos correspondientes a programas o actuaciones que terminen en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o para obligaciones que se extingan en el mismo”, según el artículo 38 de la Ley General Presupuestaria; y con la posibilidad de aprobar un real decreto ley que incluya todas aquellas partidas que se consideren de urgente necesidad e incluya cambios que no tengan relación directa con los ingresos, los gastos o el plan económico anual del Gobierno.

Dice el Gobierno que se da hasta el 31 de marzo como fecha tope para presentar los Presupuestos para 2018, que ya están preparados e incluso, en muchos casos, ya ampliamente negociados con los Grupos Parlamentarios que finalmente dieron su apoyo a los ahora prorrogados: Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria, más los diputados del Grupo Mixto de Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias.

Pero hete aquí que Ciudadanos ha decidido cambiar (una vez más) su postura, y no apoyar los PGE. Dice Rivera, el niño maravilla, que la culpa es, claro, del PP y el PSOE, unos por “proteger la corrupción” y a otros por su “no es no”. Y a los nacionalistas del PNV, por supuesto, porque “siguen condicionando” la vida diaria de los españoles.

Pretenden los naranjitos que el Partido Popular defenestre de su escaño como senadora a la exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro; y tienen el santo cuajo de pedir a Rajoy que piense “más en España que en su partido”, como si anteponer un gesto —que podrá tener su relevancia de cara a la imagen de nuestros políticos, pero desde luego no la importancia de las políticas que han de aplicarse a todos los españoles durante este año— fuera el colmo de la responsabilidad para con el país.

Autoinvestidos paladines de la transparencia, la limpieza y la anticorrupción, Pepitos Grillo in pectore de las esencias democráticas, la culpa es siempre de los demás, la paja está siempre en el ojo ajeno. Es lo que ocurre cuando ni se han tenido ni se tienen más responsabilidades y horizontes que los de quedar bien en la foto. Pero así no están ellos pensando precisamente en el bien común.

Por cierto, estamos a la expectativa de ver cómo proceden cuando la corrupción y la imputación golpea sus filas. Es el caso de su única diputada en el Parlamento extremeño, Victoria Domínguez, imputada por prevaricación administrativa por unas construcciones ilegales en la Sierra de Santa Bárbara cuando era concejal de Urbanismo en la localidad de Plasencia. Aún no se le ha hecho dimitir. Y mientras tanto, España, con Presupuestos en tiempo de prorroga.


FOTO: Público/ EFE/ J.P.Gandul

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