Cuando el bloqueo parlamentario para la formación del “ejecutivo” está llegando al final del plazo establecido para una segunda vuelta electoral, el Jefe del Estado en uso de sus competencias (artº 62.d C.E.) intentará de nuevo una segunda ronda de consultas entre los partidos políticos a finales de este mes. Todo con la intención de evitar las inevitables nuevas elecciones.
Resulta curiosa esta facultad del Jefe del Estado que, a pesar de “reinar y no gobernar” (como constantemente se dice), no se limita a esperar a que se produzca el acuerdo de designación del ejecutivo en sede parlamentaria para, a continuación, refrendar el mismo, sino que “arbitra y modera” el funcionamiento institucional, lo que en definitiva es una forma de “gobernar” pero sin la responsabilidad derivada de sus decisiones. Esto se ha comprobado con el “encargo” de formar gobierno al candidato del PSOE cuando conocía, precisamente por su ronda de consultas previas, la imposibilidad de acuerdo.
En este sentido tenemos un despropósito jurídico más en el texto constitucional ya que, si “la soberanía reside en el pueblo español” (artº 1º.2 C.E.) tal soberanía sólo queda depositada en la representación parlamentaria de la misma a través de las elecciones legislativas (artº 66.1 C.E.). Una representación que debe intentar buscar acuerdos para la designación del “ejecutivo” subordinado a los mismos. Todo ello en el ámbito interno del trabajo parlamentario. Sólo cuando el Parlamento ha llegado a ese acuerdo, se le comunicaría el mismo al Jefe del Estado para su refrendo formal evitándole así la “ronda” de consultas a que se ve forzado pero, sobre todo, la responsabilidad ante fallos como el ocurrido en el caso del Sr. Sánchez.
Dicho esto, conviene recordar que, asimismo, el sistema electoral para la elección de diputados, se ajusta en el artº 68.2 de la C.E. a unas circunscripciones electorales provinciales (bajo la justificación de la proporcionalidad de sus habitantes), que imprime un carácter de representación territorial a una institución que debe representar a la nación en su conjunto. Que no está para cuestiones locales, regionales o provinciales, sino para hacer política de Estado en temas de Estado. De esta forma se ha intentado (con éxito) la existencia de “gobiernos fuertes” (habría que saber en qué sentido más allá de su apoyo parlamentario, ya que el gobierno más fuerte es el que sale del partido único) en detrimento de opciones políticas de menor representación. Algo que, en el año 1976, ya se reconocía como una forma de favorecer a determinados partidos (bipartidismo).
El diseño electoral no sólo es injusto, sino que ha propiciado que, en el Congreso, se diriman cuestiones territoriales que, en buena lógica, deberían ser debatidas en el Senado (si al final es esta una de las funciones del mismo). La presencia de representaciones territoriales en el Senado, como es el caso de las Comunidades Autónomas, evitaría los agravios comparativos electorales en el caso del Congreso, así como la presión territorial sobre los trabajos en el mismo pero, lo más importante, el valor del voto de cada ciudadano tendría el mismo valor en toda la circunscripción nacional y estaría dedicado a resolver los asuntos generales de España. La igualdad proclamada (artº 1.1 C.E.) como valor superior del ordenamiento jurídico, quedaría confirmada con los hechos, en lugar de ser desmentida por éstos.
Es evidente que, durante ese período de la Transición Política en que se buscaba la superación del enfrentamiento que supuso la guerra civil en España, fue necesario hacer piruetas legales e ingeniería jurídica que permitiesen esa reconciliación. Como se ha apuntado ya, la C.E. ha cumplido tal cometido y ahora es el momento de actualizarla desde una sociedad nueva, muy diferente a la del 78, con problemas sociales y de convivencia que nada tienen que ver con los actuales.
Nos empeñamos en repetir la historia de algo que tuvo su sentido en un momento determinado (se llega a hablar de una segunda transición política) sin darnos cuenta de que la vida de las sociedades es mutable e impredecible, que está sujeta a avatares tan diversos que las antiguas “certidumbres” se perdieron hace ya muchos años para entrar en épocas de incertidumbre y temor en política, en economía, en sociedad, en cultura, en religión… y, sobre todo, en esas costumbres encalladas en los entornos sin otros horizontes que las lindes del terreno.
Por eso es necesaria una nueva forma de entender la política. No como una cuestión reservada a “profesionales”, tal como se preconiza en muchos ámbitos, sino a aquellos que tengan la autoridad moral e intelectual para servir a los demás. No es momento de “más de lo mismo”, de los mismos perros con distintos collares. Es hora de generosidad y altura de miras en los que prefieren mirar en lugar de arremangarse y participar en la construcción de un futuro para todos.
La segunda vuelta electoral nacerá todavía lastrada por la ley D’Hont, por los localismos y partidismos egoístas que nada tienen que ver con los nuevos retos que la globalización Las hegemonías imperiales y la nueva colonización, los intereses geoestratégicos, las guerras y sus daños, la explotación de recursos, las epidemias, el hambre, las catástrofes climáticas y naturales, las políticas de bloques y la UE, el agotamiento de los sistemas productivos, el control tecnológico de las personas, entre otras muchas cuestiones parecidas, deben estar en ese Congreso de Diputados cuanto antes.
