Sin duda los datos de retribuciones públicas publicadas en la web del llamado “Portal de la Transparencia” ha sido la cuestión que más morbo ha suscitado entre los usuarios del mismo y es que, el dinero, sigue siendo el tótem de esta sociedad desnortada que, poco a poco, parece despertar de su anomia política.
El dato principal, y que más ha parecido sorprender, es la diferencia retributiva existente en las cúpulas administrativas e institucionales, donde la máxima responsabilidad correspondería al Presidente del Gobierno, mientras su retribución queda a años luz de las conocidas en corporaciones empresariales y es notoriamente inferior a la de otros cargos de responsabilidad menor en las AA.PP.
Se ha tratado de explicar que, ese complejo sistema retributivo existente en ellas, donde el sueldo debe ser complementado en función de cuestiones a veces discutibles (como supuestas responsabilidades ligadas más a la discrecionalidad de quien premia lealtades) o reales como años de servicio en la carrera administrativa, es el causante de estas diferencias. Pero hay más si tenemos en cuenta las diferencias salariales entre las mismas escalas administrativas de las diferentes CC.AA., municipios, diputaciones, empresas públicas, etc.
Todo ello contribuye a generar no sólo agravios comparativos en el sector, sino que, se creó en su momento un convenio especial para directivos ajenos al sistema de retribuciones institucionales quizá bajo esa extraña justificación de fichar a “los mejores” que, curiosamente, siempre son de “los nuestros”. Lo injusto de la situación viene exigiendo desde hace mucho tiempo un realuste o reforma del sistema retributivo donde nadie se sienta agraviado o pueda ser discrecionalmente favorecido o castigado por causas ajenas a su gestión.
La reforma de las AA.PP. es todavía una asignatura pendiente en ese programa de reformas estructurales necesarias para España. No sólo se mantienen unos modelos anticuados en su relación de poder ante los ciudadanos, sino que además se prestan a toda clase de irregularidades y corruptelas amparadas en la falta de responsabilidades concretas.
Resulta chocante por otra parte que, cuando se habla de salarios medios en la sociedad española, se compute igualmente las cantidades (escandalosas en muchos casos) de dirigentes empresariales o corporativos, tanto en el sector privado como en el público, con las precarias retribuciones de gran parte de los contratos actuales. Es un sarcasmo hablar de sueldos medios de unos 30.000 euros en España cuando una gran parte de trabajadores a duras penas llegan a la mitad de eso y la desigualdad no procede de la justicia retributiva en función de las mayores o menores responsabilidades, (como demuestra el sueldo del presidente del gobierno), sino de la suerte y las circunstancias personales.
Es ahí donde rechina el sistema y de donde viene gran parte de la crisis económica, social e institucional: de unas burbujas retributivas injustas y poco adecuadas a las responsabilidades, mérito o capacidad de gran parte de la población. Los supuestos “mejores” no lo son tanto y, si nos atenemos a la cuenta de resultados sociales de su gestión, resultan aún más cuestionables.
El deseable equilibrio quizá pase por establecer -como algunos proponen- unos máximos en las escalas retributivas y éstas adecuarlas a la realidad de la capacidad o preparación de la función, evitando en todo caso las diferencias abismales salariales en esa zona en que el ejecutivo o el funcionario de alto rango queda todavía muy por debajo de quienes se consideran “directivos”. Hace unos años esas diferencias en el Ayuntamiento de Madrid -por ejemplo- eran de unos 40.000 euros anuales de media entre el funcionario de nivel más alto y el directivo de cualquier área. Bien, si promocionamos a ese funcionario al nivel directivo y seguimos aplicando su sistema de retribuciones gradual, nos encontraremos con:
1.- una persona más preparada y conocedora de la gestión en sintonía con sus compañeros.
2.- un ahorro salarial importante que repercutir en los sueldos más bajos de la administración municipal.
Si además adoptamos un sistema de subidas salariales prorrateadas igualmente para todos los trabajadores en lugar de ser proporcionales a sus salarios, iremos eliminando progresivamente las injustas retribuciones públicas.
La carrera administrativa de los funcionarios suele estar trufada (y muchas veces truncada en el caso de los mejores) por circunstancias que tienen más que ver con la lealtad al cargo de quien dependen orgánicamente, que con la lealtad a la función a la que deben servir. De ahí vienen las discriminaciones salariales injustas.
En cuanto se refiere al sector privado (cada vez más parecido en su funcionamiento al público en ese proceso de mixtificación que se ha producido desde hace muchos años), nos encontramos ante situaciones aún más aberrantes, donde el predominio de supuestos beneficios empresariales suele ser la justificación para aplicarse por parte de sus directivos retribuciones obscenas que contrastan con las migajas concedidas a sus trabajadores. El abuso laboral está presente tanto en la redacción y aplicación de contratos, como en su incumplimiento sistemático al amparo del miedo por las tasas de paro existentes. Los grandes han eliminado cualquier atisbo de sana competencia y se han erigido en oligarquías financieras respaldadas por unos salarios que se ríen de los de gran parte de los responsables políticos. Por eso se consideran por encima de ellos y los tratan como servidores personales a los que se puede corromper.
