Réquiem por la dignidad pública

Juan Laguna
Promotor y fundador de Tiempo Liberal con actividad política desde la Transición. Funcionario jubilado. Empresario. Productor y dramaturgo. Conservador de Bienes Culturales.

“Réquiem” es una composición religiosa que se canta en misas de difuntos, como una despedida a las personas que han fallecido. Son muy conocidas las composiciones musicales con este título de Mozart y Verdi, entre otros varios compositores como Fauré, Dvorak, Berlioz, Webber o Delius. También se aplica a las cosas que han desparecido, como es el caso que nos ocupa.   

Las instituciones públicas del Estado han conferido siempre a quienes las servían la dignidad añadida del servicio público a los ciudadanos, basada en la honestidad, en la imparcialidad y en el deseo de ser útiles. Los funcionarios públicos, cualquiera que fuera su adscripción, cuerpo, función o categoría administrativa, eran respetados, reconocidos e incluso admirados por la sociedad agradecida. 

Más tarde, otros tiempos hicieron politizarse o más exactamente ideologizarse la función pública, pervirtiendo sus esencias de servicio para convertirlas en meras correas de transmisión de los partidos y gobiernos y una forma eficaz de comprar fidelidades y votos. De los funcionarios a quienes se reconocía esa autoridad moral, que cubrían sobradamente las tareas encomendadas al sector público, se pasó al crecimiento exponencial de los llamados “contratados” (una figura excepcional en el sistema público, ya que venía a cubrir únicamente algunas tareas extraordinarias por su cualificación especial), cuyo número fue aumentando hasta sobrepasar a las plantillas institucionales. 

La fidelidad del funcionario al Estado se sustituyó por la fidelidad al partido o a la persona que proporcionaba el puesto de trabajo (el contrato público) cuyo carácter administrativo inicial, se sustituyó por el laboral, con la ventaja de no tener que pasar por las oposiciones correspondientes al funcionario de carrera y los tribunales de calificación institucionales. En lugar de eso se montaron unas pruebas de carácter menos riguroso, que permitían nombramientos más o menos caprichosos desde la política, bajo la justificación de la “confianza” que llevaba a la libre designación. De ahí al nepotismo descarado y arbitrario, no hay más que un paso que, desgraciadamente, hemos visto dar en demasiadas ocasiones. Las “puertas giratorias” vinieron a completar los desmanes de todo tipo donde se mezclaban intereses públicos y privados. “Hoy por mí, mañana por tí” parece haber sido la consigna de las muchas corrupciones del sistema político y corporativo cuya enumeración produce sonrojo. 

“Usted es un indecente” soltó el actual presidente de gobierno al anterior refiriéndose a las diferentes tramas conocidas durante su gobierno (tramas en que al final estaban también ellos). La decencia del cargo público parecía  cuestionarse a pesar de las muchas otras tramas de gobiernos anteriores, inauguradas por el PSOE salido de Suresnes en 1974 con el apoyo explícito de EE.UU. donde aparecía un tal Sr. Flick (o Flock), como “engrasador” del partido desde Alemania, así como otros asuntos que llevaron a las cloacas del Estado (para servirlo al parecer) con el GAL cuya “X” (según el juez Garzón), aún no se ha despejado y ahora reabre Bildu.  

Más tarde se repetirían las “indecencias” más o menos explícitas de los partidos en el gobierno o de las personas que se apoderaban del Estado para sus propios intereses y compromisos, externalizando las instituciones o creando “chiringuitos” extrainstitucionales, hasta llegar al momento actual, donde la sobreactuación política y partidaria ha anulado prácticamente cualquier tipo de control público sobre el ejecutivo, que se erige como dueño absoluto de instituciones, cargos y privilegios para administrar a su antojo. El control de los presupuestos (del dinero del Estado) para distribuir en la forma más conveniente a los intereses propios o el del BOE para imponer normas,  dan mucho juego. El sueldo de los funcionarios públicos es muy básico y los complementos al mismo son muy discrecionales, lo que permite además promover a los afines y castigar a los que no se sometan al poder político. Las “comisiones” se oficializan como naturales desde las altas instancias del Estado. Es más, pueden ampliarse la arbitrariedad en el mundo mediático, soporte indispensable para el ejercicio autoritario del poder, o al mundo corporativo sometidos en ambos casos al riego del dinero del Estado. En todo ello, la dignidad reconocida de lo público se arrastra por los suelos desde hace muchos años, lo que es perceptible por los ciudadanos que, paradójicamente, son perseguidos por cualquier desliz de escasa importancia desde la prolífica coerción sancionadora administrativa, frente a aforamientos, inmunidades e inviolabilidades. 

Pocos son los casos en que el funcionario público se haya opuesto a las órdenes de los cargos políticos (casi todos) superiores. Incluso aunque las mismas hayan transitado por la vía de la ilegalidad manifiesta, como ha sido el caso en que se hayan dictado normas inconstitucionales (donde los altos cuerpos jurídicos del Estado tienen su responsabilidad de oposición a las mismas), el gasto público haya sido arbitrario y caprichoso (donde el cuerpo de Intervención del Estado —no del gobierno— debe ejercer control preventivo y el Tribunal de Cuentas sancionador) o las actuaciones de las autoridades públicas hayan podido incurrir en algún tipo de delito (donde, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado —no del gobierno— deberían actuar no como órganos defensores del acto personal —diferente al institucional—, sino como acusación desde el Estado a sus servidores desleales). Cuando el propio presidente del ejecutivo se jacta de la dependencia de los demás al gobierno, y más específicamente a su persona, algo muy grave está ocurriendo en el mundo institucional y empiezan a sonar los primeros compases del “réquiem” por la dignidad del sector público, tal como en su momento sonaron por la muerte de Montesquieu con el primer gobierno del PSOE. 

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