Reforma laboral y presupuestos públicos

Reforma laboral y presupuestos públicos
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— P U B L I C I D A D —

«Técnicamente la derogación de la reforma laboral del PP no se puede hacer»

Yolanda Díaz Pérez. Ministra de Trabajo y Economía Social.

Estas palabras de la ministra de Trabajo son una muestra de la tomadura de pelo que los supuestos adalides de la izquierda, están haciendo a sus votantes.

La llamada mesa de diálogo social donde participan y compiten el ministerio de Economía y el de Trabajo, se está convirtiendo en una de las formas de ir distrayendo al personal, para evitar a toda costa perder el gobierno en unas elecciones anticipadas, tan necesarias como el agua de mayo.

“Un, dos, tres… un pasito p’alante María, un, dos tres… un pasito p’atrás…” dice la letra de la canción de Ricky Martin. Pues bien, este parece ser el ritmo preferido para jugar al despiste del mundo laboral con la colaboración de los sindicatos y CEOE, en esa supuesta “derogación” que llevó a la presidencia del gobierno al PSOE, al igual que la derogación de la llamada “ley mordaza” y otras promesas incumplidas, tanto por la coalición de gobierno, como por los socios que la apoyan (los que a nivel personal prefieren un gobierno al que presionar a sus anchas: “se le acaba la gasolina Sr. Sánchez” (ERC).

También el presidente de gobierno anterior (con amplia mayoría parlamentaria) prometió bajar impuestos (entre otras cosas) cosa que no hizo y que, en su momento le valió el “es usted un indecente”, por parte del actual presidente. Hoy las tornas han cambiado y el reproche puede ser aplicado de igual forma porque alguien debería advertir a la ministra de Trabajo que, “técnicamente”, todas las normas del ordenamiento jurídico son absolutamente derogables y, en su caso, sustituidas por otras.

Otra cosa distinta es que el gobierno haya prometido a la UE mantener dicha reforma laboral, mientras que a sus votantes les haya dicho lo contrario. Todo es posible en este inmenso “carajal” institucional en el que vamos viviendo, donde ya no cuelan para gran parte de la soberanía nacional más trucos de prestidigitación y más mentiras descaradas por muy solemnes que sean. Hoy día el mundo laboral está sujeto a una voracidad fiscal y predatoria que ya se inauguró en gobiernos anteriores y ha continuado y aumentado con el actual y que no parece afectar a toda esa clase privilegiada de altos directivos (públicos y privados) ni al mundo del clientelismo político, que se expanden a costa de los presupuestos públicos. “Perro no muerde perro” dice el saber popular.

Y llegamos a los presupuestos públicos. La herramienta necesaria para cubrir los servicios públicos e institucionales que se han ido estableciendo con mayor o menor justificación y que, como es lógico, corresponde mantener a quienes los requieren.

Hay dos tipos de presupuestos: los reales que equilibran los ingresos posibles con los gastos posibles y los “imaginarios” que son los que desde hace décadas se vienen produciendo y que el catedrático de la Universidad de Bolonia -Amílcare Puviani- denunció en su obra “Teoría de la ilusión financiera” allá a principios del pasado siglo. Unos presupuestos ilusionistas basados en presunciones de necesidad de aumento impositivo o de deuda pública en estos últimos años para mantener situaciones de poder (“quienes nacen en las cárceles de la deuda, se pasan la vida comprando el camino hacia la libertad”).

Todo presupuesto es una presunción que debe comprobarse en cada ejercicio a fin de reajustarlo a la realidad social y económica del país. La revisión de la ejecución presupuestaria no se ha hecho nunca pública, manteniendo incluso partidas inexistentes, con el solo objetivo de expander primero el gasto y luego el ingreso, cuando debía ser al revés: conocer primero la capacidad de ingreso para ajustar el gasto.

Los que están actualmente en discusión parlamentaria (aprobados en una primera fase por la mayoría que apoya al gobierno), no sólo parecen imprudentes, sino que abundan en el aumento de deuda que no es sostenible y , por tanto, va contra la moda vacua de la sostenibilidad, en lugar de -como correspondería- en la reducción del gasto (sobre todo el clientelar o gasto político que deberían ser eliminados). Es escandaloso que, mientras se pide a la gente y se pretenda que viva en condiciones de precariedad absoluta en todos los órdenes, se mantengan estructuras administrativas y políticas elefantiásicas, se mantengan las subvenciones de todo tipo de “chiringuitos” clientelares y de propaganda así como la enorme brecha salarial entre los “CEOs” y los trabajadores (públicos y privados). En eso consiste el sistema: en la existencia de una clase dirigente (prescindible en muchos casos) en alza y otra clase precarizada que se ve obligada a mantener el tinglado con sus esfuerzos.

En septiembre de 1993, se creó una comisión presidida por el vicepresidente de EE.UU Al Gore, que redactó el informe “National Performance Review”, con el título “Un gobierno más eficiente y menos costoso”, dividido en cuatro capítulos: “Reducir el papeleo”, “Dar prioridad al ciudadano”, “Apoderar y responsabilizar a los empleados públicos” y “Reducir el gobierno a lo esencial” a los que unía tres apéndices: “Recomendaciones por agencias gubernamentales”, “Sumario de ahorros” y “Recomendaciones relativas a los sistemas de gobierno”. En su conjunto se trataba de “reinventar el gobierno: crear un mejor gobierno con menos recursos”. Pues bien, parece que, de haberlo leído siquiera, los nuestros han ido haciendo lo contrario.

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