La rebelión de la Generalitat contra la Constitución

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— P U B L I C I D A D —

El 6 de octubre de 1934,estudiado con rigor por el catedrático Alejandro Nieto en su reciente libro “La rebelión militar de la Generalidad de Cataluña contra la República”—, coincidiendo con la Revolución de Asturias, el Presidente de la Generalidad Lluís Companys (ERC) vuelve a proclamar unilateralmente el Estado Catalán de la República Española, y aclara: «Cuando digo que por defender las libertades de Cataluña estoy dispuesto a jugarme la vida, no hago uso de un latiguillo, sino que expreso una realidad». El Consejero de Gobernación José Dencás comenzó a «organizar el ejército catalán a fin de impedir el paso de tropas españolas que pudiesen ser enviadas contra Cataluña y, dentro de Barcelona, estudiamos la preparación de la resistencia armada y todos aquellos asuntos de índole revolucionaria susceptibles de darnos la victoria«. Se hizo un reclutamiento de 8.000 voluntarios, una mitad para la raya fronteriza y otra para la capital. Se envió a Bélgica un diputado para comprar armas, cañones, ametralladoras y fusiles. «Patriotas, escribía Nosaltres Sol, preparaos para la hora inevitable de la guerra contra España. Se impone la lucha sangrienta. La Nació Catalana llamaba a las armas: ¡por la República Catalana!”. El domingo 17 de octubre de 1934, el Consejo de Ministros, mediante decreto firmado por el presidente de la República Niceto Alcalá Zamora y por el presidente del Gobierno Alejandro Lerroux, declara el estado de guerra en todo el territorio de la República Española. El general Batet (laureado militar catalán, católico, fusilado terminada la guerra por negarse a sublevarse contra la República), a pesar de tener órdenes estrictas del ministro de la Guerra, y a sabiendas de que tenía la situación completamente controlada, dejó prudentemente pasar el tiempo esperando reducir a los rebeldes. A las seis de la mañana, Companys comunica a Batet su rendición. En la rebelión fracasada murieron cuarenta y seis personas, treinta y ocho civiles y ocho militares. El presidente y el gobierno de la Generalitat fueron juzgados por el Tribunal de Garantías Constitucionales, condenados por «rebelión militar» a treinta años de prisión, posteriormente indultados por el frente popular, y la autonomía catalana fue suspendida indefinidamente por una ley aprobada por el Gobierno de la Ceda con Lerroux.

El Dr. Negrín, presidente del Gobierno, en noviembre de 1938, con ocasión del Consejo de Ministros celebrado en Pedralbes, afirmó, según refiere Julián Zugazagoitia:” No estoy haciendo la Guerra contra Franco para que nos retoñe en Barcelona un separatismo estúpido y pueblerino. Estoy haciendo la guerra por España y para España, por su grandeza y para su grandeza. No hay más que una nación: ¡España! No se puede consentir esta sórdida y persistente campaña separatista y tiene que ser cortada de raíz si se quiere que yo siga dirigiendo la política del Gobierno, que es una política nacional. Quien estorbe esa política nacional debe ser desplazado de su puesto. De otro modo dejo el mío. Antes de consentir campañas nacionalistas que nos lleven a desmembraciones, que de ningún modo admito, cedería el paso a Franco. En punto a la integridad de España soy irreductible y la defenderé de los desafueros de los de adentro”.

El presidente de la República, Azaña, que había sido el padre del Estatuto de Cataluña en mayo de 1932, al comprobar la deslealtad en la defensa de la República del nacionalismo catalán, escribió en “La velada en Benicarló (1939)”: «Mientras dicen privadamente que las cuestiones catalanistas han pasado a segundo término, que ahora nadie piensa en extremar el catalanismo, la Generalidad asalta servicios y secuestra funciones del Estado, encaminándose a una separación de hecho. En el fondo provincianismo fatuo, ignorancia, frivolidad de la mente española, sin excluir en ciertos casos doblez, codicia, deslealtad, cobarde altanería delante del Estado inerme, inconsciencia, traición». El gran estadista e intelectual republicano concluiría que, en Cataluña, la historia no sólo se repite, sino que empeora. La anotación de Azaña del 19 de septiembre de 1937 en el Cuaderno de la Pobleta relata el duro encuentro en Valencia con Pi y Suñer, conseller de la Generalitat al que conocía cuando era alcalde de Barcelona. Azaña le espetó lo siguiente: «La Generalitat permitió y apoyo el asalto a la frontera, a las aduanas, al Banco de España, y a Montjuic, a los cuarteles, al parque, a la Telefónica, la Campsa, el puerto, las minas de potasa, crearon la consejería de Defensa, se pusieron a dirigir su guerra, quisieron conquistar Aragón, decretaron la insensata expedición a Baleares para construir la gran Cataluña de Prat de la Riba. La Generalitat ha vivido en franca rebelión e insubordinación y si no ha tomado las armas para hacer la guerra al Estado será o por qué no las tiene o por falta de decisión o por ambas cosas pero no por falta de ganas”. Azaña sigue con sus acusaciones: “creaciones de delegaciones de la Generalitat en el extranjero, creación de la moneda catalana, creación del ejército catalán y una referencia al eje Bilbao-Barcelona que en aquel contexto hay que entenderlo no como un Eje contra Franco sino contra el propio Gobierno de la República. Los nacionalistas catalanes presentaron memorandos al Foreign Office y al Quai d’Orsay en abril, junio y octubre de 1938 con planes de mediación sobre la base de una división territorial de España en cuatro zonas, presentándose ellos como una tercera fuerza, un grupo moderado, “equidistante de los dos elementos extremistas ahora en guerra”. España dividida en cuatro: Cataluña, Euskadi, y los dos Spanish parties now fighting. ¿Un dislate? Sí, y también una continuada deslealtad a la República”.

No nos engañemos, ha dicho el catedrático de izquierdas catalán Vicenç Navarro en el diario Público del 24 de junio de 2010: “Las clases dominantes de las diferentes naciones de España se aliaron para derrotar a la República, siendo los nacionalistas conservadores y liberales catalanes de los años treinta los mayores promotores en Catalunya del golpe militar que persiguió con mayor brutalidad la identidad catalana.

Si la Generalidad ha sido capaz en octubre de 1934 de tomar las armas contra la República, —que en solitario luchaba contra la insurrección militar franquista, contra el fascismo italiano y el nazismo alemán, contra la indiferencia francesa y la hostilidad británica, promotor del vergonzante Comité de No Intervención”— y de traicionarla en el campo de batalla, no cabe esperar que el proceso político acordado para la 5ª declaración de independencia (la primera fue en la 1ª Republica y la segunda el mismo 14 de abril de 1931 en que se proclamó la 2ª República) se pueda impedir políticamente con el dialogo, pues “los nacionalismos, todos ellos, no son una ideología política, sino una religión, que es lo que hace posible que convivan en su seno personas de pensamientos tan diferentes”(Pareja, el Plural, 11-11-015).

Desearía profundamente equivocarme, pero me atrevo a vaticinar cómo va a ser el escenario político nacional a partir del acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional, adoptado por unanimidad, de suspender la resolución del Parlamento catalán, en aplicación del art. 160.2 de la Constitución:

1) La suspensión de dicho acuerdo y el requerimiento con apercibimiento de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en caso de incumplimiento, que el TC acuerda notificará a Mas y a los demás miembros del Gobierno en funciones de la Generalitat, a Carmen Forcadell, presidenta del Parlamento catalán, a los miembros de la Mesa del Parlamento, y al Secretario General del Parlamento, no será acatado por éstos, pues ya han acordado que no obedecerán las leyes españolas. Como tampoco acatarán las instrucciones que dé el gobierno de España a las autoridades catalanas en el caso de que se aplique el art.155 de la Constitución.

2) A instancia del Ministerio Fiscal, de la Abogacía del Estado o de cualquier partido político no independentista, se formulará denuncia o querella contra las citadas autoridades a quienes se les ha notificado la resolución del TC, por el delito de desobediencia grave ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, competente por el aforamiento de aquellos. Dicho Tribunal nombrará un Magistrado Instructor que apercibirá a las citadas autoridades del delito de desobediencia grave a la autoridad tipificado en el art. 410 del Código Penal, que, como se castiga con la pena de multa e inhabilitación, se resistirán a cumplimentar lo que se les ordena con una oposición tenaz, contumaz y rebelde, lo que obligará el Fiscal a pedir medidas cautelares y al Magistrado Instructor a adoptarlas.

3) Seguidamente, la coalición soberanista Junts pel Sí inducirá a los independentistas a que se alcen pública y tumultuariamente, fuera de las vías legales, para impedir a los tribunales la aplicación de las leyes en el ejercicio legítimo de sus funciones, con lo que los inductores serán reos del delito de sedición tipificado en el art.544 del Código Penal y castigado con la pena de 10 a 15 años cuando los inductores están constituidos en autoridad, como es el caso, lo que obligará al Ministerio Fiscal pedir y al Magistrado Instructor acordar sin fianza la prisión provisional de éstos.

4) A continuación los líderes de la coalición soberanista Junts pel Si inducirán a los independentistas a que se alcen violenta y públicamente para declarar la independencia de Cataluña, lo que convierte a los inductores en reos del delito de rebelión tipificado en el artículo 472 5º del Código Penal, castigado con la pena 15 a 25 años de prisión, pero si los rebeldes, como seguro que harán, esgrimen armas, atentan contra las fuerzas de orden público cuando los disuelvan, o causen estragos en propiedades de titularidad pública o privada, cortan las comunicaciones telegráficas, telefónicas, por ondas, ferroviarias o de otra clase, ejercen violencias graves contra las personas, exigido contribuciones o distraído los caudales públicos de su legítima inversión, las penas de prisión serán, respectivamente, de veinticinco a treinta años para los inductores, de quince a veinticinco años para los que ejerzan mandos subalternos, y de diez a quince años para los meros participantes.

5º) Como seguro que resultaran, como consecuencia de las medidas de prisión, tan gravemente alterados el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, que el ejercicio de las potestades ordinarias será insuficiente para restablecerlo y mantenerlo, el Gobierno, de acuerdo con el apartado tres del artículo ciento dieciséis de la Constitución, podrá solicitar del Congreso de los Diputados autorización para declarar el estado de excepción. Pero como también se llegará a producirse o a la amenaza producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros medios, el Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el apartado cuatro del artículo ciento dieciséis de la Constitución, podrá proponer al Congreso de los Diputados la declaración de estado de sitio, si la mayoría absoluta lo declara, a cuyo efecto el Gobierno designará la Autoridad militar que, bajo su dirección, haya de ejecutar las medidas que procedan en el territorio a que el estado de sitio se refiera ( Artículos 13.1, 32.1 y 33.2 de la L.O. 4/1981).

En conclusión, se retornará al escenario del 6 de octubre de 1934 cuando se produjo la rebelión militar de la Generalitat contra el gobierno de la Republica, lo que no me preocupa tanto como que el Gobierno del P.P, y, sobre todo, el que surja de las próximas elecciones generales, no adopte las medidas anteriormente descritas, incluida la declaración del estado de sitio si la situación no puede resolverse por otros medios, e indulte como, erróneamente, hizo el frente popular, al presidente y al gobierno de la Generalitat de las penas que les impongan los tribunales competentes. La autoridad tiene que ser fuerte para no tener que ser violenta.

Rásguense las vestiduras quienquiera, sobre todo parte de la izquierda española, -aliada ahora por el independentismo con la derecha catalana política y de los intereses, arquetipo del neoliberalismo, del capitalismo financiero y de la corrupción,- que no ha sabido aprender nada, y que ha olvidado, que si el frente popular no hubiese indultado al presidente y al gobierno de la Generalitat de la pena de treinta años de prisión, impuesta por el Tribunal de Garantías Constitucionales por el delito de «rebelión militar» , y hubiese mantenido indefinidamente la suspensión de la autonomía catalana acordada por una ley aprobada por el Gobierno de la Ceda con Lerroux, no se hubiera producido una de las causas de la guerra civil. Como también ha olvidado que si la Generalitat no traiciona a la República en el campo de batalla y la CNT no le hubiera usurpado y colectivizado las fábricas de armamento al gobierno Negrín, este no habría todavía, en la primavera de 1938, perdido la guerra, como informó un rapport del Estado Mayor, comentado por Azaña en un artículo escrito en el exilio, en el que se afirmaba que, perderse la guerra en Madrid, Valencia y en toda la zona sur de la Península, no significaba haber perdió la guerra, porque desde Cataluña podía emprenderse la reconquista de toda España.

Los pueblos que olvidan su historia pueden correr el riesgo de repetirla. Confió en que el pueblo español no tenga que lamentar lo que dijo Indalecio Prieto: “Todos decían amar a la República y todos se concitaron para destruirla”.

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