Una vez conocidos los resultados electorales, un nuevo fantasma parece estar sobrevolando a los sufridos ciudadanos con el miedo a la “falta de gobierno” por los citados resultados. Resultados que, más o menos, eran previsibles y que, el injusto sistema electoral, al plantear la elección de un Parlamento Nacional como una cámara de representación territorial (circunscripción provincial), junto a la aplicación de la llamada ley D’Hont, los hace muy discutibles en cuanto a su “representatividad” real.
Otra vez el miedo planea sobre la ciudadanía como si la gestión pública fuera sólo cosa de los futuros gobernantes en lugar de ser las instituciones y leyes las que siguen marcando las pautas de convivencia. Otra vez los avisos y alarmas de quienes ven peligrar sus intereses particulares, intentan forzar a los líderes políticos (sigue el personalismo pervirtiendo la Política) para que permitan gobernar. En este caso conviene recordar que existe un gobierno en funciones al frente de las AA.PP. y que todo sigue funcionando hasta que se produzca el relevo (si lo hay).
Pero ¿qué es eso de “gobernar”? Diferentes y numerosos tratados políticos y filosóficos han tratado de definir y concretar en qué consiste. En algunos casos se mantiene como un “opción de poder” sobre los demás. En otros, más cautos o sutiles, se entiende como una forma de predominio social o económico. En los menos conocidos se presenta como lo que en realidad es: el ejercicio de la voluntad popular al servicio de la sociedad. No se trata pues de “mandar” sino de “obedecer” a la soberanía de los pueblos.
Una forma perversa de interpretar la democracia y el ejercicio de poder desde el gobierno sobre los administrados en la mayor parte de los países del mundo, han ido consolidando la tergiversación al entender que “gobernar” es imponer leyes y normas desde mayorías sobre minorías y, en los supuestos sistemas democráticos, a través del legislativo dominado por un ejecutivo que hace listas de nombres obligados a representar a quienes los nombran en lugar de a los ciudadanos que, a su vez, están obligados a elegir lo propuesto. Es un sistema de contrato de adhesión que no permite matices ni cláusulas de cautelas o garantías por quienes quedan sometidos al mismo. Ni siquiera los programas de los partidos son fiables y, de esta forma, una de las partes (la que gobierne) puede alterar el contrato mientras que la otra (los gobernados) se ven forzados por medidas sancionadoras a obedecer.
El gobernar -se ha dicho hasta la saciedad- es el poder disponer en España del BOE para estampar en él las decisiones de unas mayorías (en el mejor de los casos en los que el legislativo toma la iniciativa) representadas en un ejecutivo que gobierna, impone normas y penaliza su incumplimiento. Es lo que muchos entienden como “gobernabilidad”: el sometimiento expreso y voluntario de unos a las decisiones de otros que se basarán en la “legalidad” de las mismas. En una palabra, los ciudadanos ya tienen a quien pedir responsabilidades, contra quien despotricar o a quien alabar por sus actos y el miedo al ejercicio de la libertad quedará resuelto con la “certidumbre” de que hay por fin gobierno.
En todo ello los mensajes mediáticos juegan un gran papel, no en vano son los que configuran también una especie de “gobierno en la sombra”. Por eso una y otra vez repiten con cara de circunstancias o con pluma sombría, las negativas consecuencias de la “ingobernabilidad” traducida en incertidumbre y miedo a los posibles cambios de situación. Algo que viene a sumarse al coro agorero de los agentes económicos —tan vinculados al mundo de la política— o los grupos y élites sociales privilegiados de formas más o menos directas.
Gobernar debería entenderse como mantener una situación de seguridad jurídica que permitiese a los ciudadanos sus actividades legítimas pero, por desgracia, en España lo que ha primado y ha ido creciendo desaforadamente es lo contrario. Programas políticos que no se cumplen han dado paso a otras formas de componendas plasmadas en miles y miles de normas que no sólo obedecen en muchos casos a arbitrios personales, sino que han soslayado en otros muchos tanto el espíritu como la letra del sagrado texto constitucional del Estado Español, con las consecuencias que un farragoso corpus jurídico que demuestra un “desgobierno” real y contradictorio, sobre todo en el ámbito de la organización territorial del estado, como estamos comprobando en el caso de Cataluña.
En tales circunstancias, los que hablan de la necesidad de “gobernabilidad”, olvidan que, lo que se ha elegido el pasado 20 de diciembre no es un gobierno, sino unas cámaras legislativas que deben elegir a su vez al mismo tras los trámites establecidos. Se olvidan hasta de las formas y pretenden involucrar al Jefe del Estado (ya se está esperando el célebre discurso de Navidad) como si tuviese la varita mágica para hacer ese gobierno y esperan sus palabras como las del oráculo a quien interpretar hasta en los puntos y las comas del discurso. Decididamente seguimos siendo una sociedad tutelada, encantada de serlo y de seguir aquel grito de “¡vivan las cadenas!” que repuso a Fernando VII en el trono. Una sociedad falta de la madurez libre y de la responsabilidad que le correspondería a cada cual en la convivencia común y en el proyecto de país.
