La Constitución española

Juan Laguna
Colaborador de Fundación Emprendedores.

Como cada año por estas fechas volvemos a commemorar la Constitución de 1978, que daba origen al cambio de régimen político en España y, también como cada año, surge el debate sobre su vigencia y actualidad o, por el contrario, la necesidad de someterla a una profunda revisión política para actualizarla, mejorarla y, sobre todo, darle un mayor horizonte vital que se adecue a los tiempos.

En la primera postura están aquéllos que durante mucho tiempo han usado el texto constitucional y sus muchas contradicciones para interpretarla según su propia conveniencia o intereses. En la segunda está ese mundo académico o profesional que, no sólo se la ha leído a fondo, sino que ha encontrado en ella muchas de las causas de los conflictos actuales. Curiosamente en esta posición están muchas de las personas con mayor protagonismo en la llamada Transición Política y que, ahora, a la vista de lo que ha venido aconteciendo, repiten el “no es eso, no es eso…” atribuido a Ortega en su conferencia en el Cine de la Opera de Madrid el día 6 de diciembre de 1931, proclamando su desencanto republicano.

Los que vivieron de cerca ese período de la Historia de España, saben muy bien lo que significaban las palabras de Franco en su lecho de muerte: “atado y bien atado” dando por concluido su mandato. Un mandato que pretendió ser “una reacción contra el capitalismo liberal y el materialismo marxista”  con tintes  socialdemócratas y cristianos, que se reflejaron en la legislación del momento y que, en muchos de sus aspectos, podría ser recogida por cualquiera de las actuales ideologías partidarias.

Todo partía de la Ley para la Reforma Política del año 1977 (“de la ley a la ley….” según su principal mentor), donde se establecían las directrices para el cambio político de un régimen personal autoritario por otro más democrático, en consonancia y de acuerdo con los patrones establecidos en Europa a partir de la 2ª G.M. En aquel acto histórico del día 18 de noviembre de 1976 en que las Cortes existentes aceptaron su desaparición, daba comienzo una nueva etapa política con el propósito de ir superando los enfrentamientos ideológicos y llegar a la reconciliación nacional. Más tarde vendría el llamado proceso constituyente que dio lugar al texto actual. Un texto demasiado zarandeado y vulnerado por quienes ahora se erigen en sus máximos valedores.

También se nos ha hablado mucho sobre los llamados “padres de la Constitución”, presentándolos como un grupo de consenso de ideologías varias en las que se incluían los nacionalismos del Pais Vasco y Cataluña, lo que ya suponía de hecho una situación de privilegio inicial sobre el resto del territorio español que trataba de compensar los supuestos agravios del régimen anterior. Casi nadie, por ningún lado, reivindicó derechos históricos en Galicia, Castilla, Aragón o Andalucía y no hubo nadie que los representara. Tampoco nadie tuvo la intuición de pensar lo que este tema traería más adelante contando con que, sólo la idea de la reconciliación, sería suficiente para conseguir el apoyo social, como así ocurrió.

Hay que remontarse a esa época para entender que, la mayor parte de la población española, se había adaptado al régimen de Franco y no entraban en cuestiones políticas o ideológicas y sólo una minoría intelectual o una minoría laboral lo cuestionaba. Casi todos han sido republicanos cuando tocaba, franquistas después y serían “demócratas” más adelante. La cuestión era irse adaptando a cada momento sin entrar en más disquisiciones filosóficas que el “primun vivere, deinde philosophari” latino. Sobrevivir y salir adelante cada día y en cada circunstancia sin entrar en más.

El 6 de diciembre de 1978 quedaba como fecha clave en la nueva historia de España. Culminaba un proceso de transición ejemplar y los españoles creían y tenían nuevas y renovadas ilusiones. Surgieron de la nada partidos políticos, ya consagrados constitucionalmente, donde sobresalían y se mantenían personas  vinculadas de una forma otra, con mayor o menor convencimiento, al régimen anterior y cuya preparación intelectual y política era incuestionable. A su sombra y ya con el horizonte del poder más cercano, muchas otras ajenas a ese mundo, que veían en él la posibilidad de respuesta a intereses personales o profesionales, fueron engrosando las filas partidarias desde la ultraizquierda a la ultraderecha “buscándose la vida” como se dice, si bien marcando tendencia hacia el “centro” sociológico que se identificaba de alguna forma con el régimen anterior. Al fin y al cabo la Constitución se identificaba como “socialdemócrata”, por lo que sobraban otras formaciones más plurales, como demostraron después los resultados electorales que dieron lugar al  bipartidismo: UCD y PSOE primero, PP y PSOE después.

Hoy, la mayor parte del texto constitucional es cuestionado abiertamente en los foros sociales y políticos. Unos lo hacen en voz alta y los otros “sotto voce”, pero su contenido y sobre todo la forma en que está redactado, parece haber llegado al punto de pedir su relevo o sustitución precisamente para salvar sus objetivos últimos: la convivencia social. Ha sido tan retorcido y modificado por la vía de los hechos y del Derecho, que resulta irreconocible. El propio sector público que debía tenerla en el frontispicio de todos sus actos, le da más importancia a cualquier norma, incluidas las simples circulares de carácter interno (creo que no hace falta citar ejemplos que están en la mente de todos).

Ahora la cuestión es quienes deben tener el protagonismo y la enorme responsabilidad de proponer las reformas profundas que necesita. Ya hemos visto lo que, en este sentido, pueden dar de sí los partidos políticos, más pendientes de intereses propios que de los intereses comunes. El pasado año en el seno de unas jornadas sobre la C.E. en el propio Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, se proponía que fuera la propia sociedad civil a través de sus foros, quienes pudieran encargarse de esta tarea. Un intento muy importante se ha hecho desde el Aula Política del CEU con respecto al tema de las CC.AA., pero el tema va más allá de esta cuestión. Afecta a toda la estructura constitucional existente casi en su totalidad y eso, hay que reconocerlo, es mucho trabajo.

En cuanto a la forma o método de trabajo puede ser a través del análisis de todos y cada uno de sus preceptos, no sólo desde el punto de vista jurídico, sino en cuanto a la calidad del lenguaje y de la redacción clara, precisa y no “interpretable” de sus artículos, evitando la prosodia farragosa reglamentaria en gran parte de los mismos y poniendo en evidencia sus muchas contradicciones y fallos técnicos desde el punto de vista jurídico. Una gran tarea para su 50 Aniversario.

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