Inseguridad jurídica vs. miedo

Por
— P U B L I C I D A D —

Fue Adolfo Suárez el que en su momento dijo “Hay de dejar de tener miedo al miedo”. Había que recuperar la libertad en toda su amplitud para que las personas fueran responsables de su vida.

Cualquier sistema de poder se basa en la sumisión de los demás al ejercicio del mismo, sea desde un poder impuesto, sea desde un poder delegado. La inseguridad jurídica se convierte así en un atentado a la libertad.

Las sociedades calificadas como “democráticas” realizan una delegación de su poder ciudadano en representantes que deben trabajar por la convivencia de todos y dirigir su gestión a facilitar la vida de las personas, con el menor coste posible. Para ello hay que crear normas de conducta que conocemos como “leyes” aceptadas y aceptables por todos en tanto sean comprensibles, claras, sencillas y fáciles de cumplir.

Nuestros sistemas sociales de convivencia, -antes con la dictadura y después con la transición a lo que se pretende como democracia-, han debido adaptarse en sus reglas de juego a las diferentes formas de ejercicio de poder: desde el que debe legislar o crear esas normas, al que debe aplicarlas en sus actos de gobierno y a quien debe juzgar acerca de su vulneración. Hasta ahí el esquema teórico se supedita siempre a la voluntad del pueblo llevada a cabo por sus representantes, pero ¿qué ocurre cuando el poder se convierte en una forma de someter a los demás por la coacción o el miedo? Sencillamente se les crea inseguridad en todos sus actos sometiéndolos a toda clase de ordenanzas, normas, reglamentos, etc. de tal manera que sus comportamientos o conductas sean siempre susceptibles de interpretaciones, muchas veces arbitrarias, de quienes han sido encargados de administrar el Estado y ejercer de servidores públicos.

Un estado se constituye en base a un texto constitucional aprobado por todos, que contempla los distintos aspectos de su desarrollo y gestión: forma de estado, organización administrativa y política, sistema de administración de derechos, deberes y servicios públicos, política exterior y defensa nacional. Con esos escasos mimbres puede hacerse ese cesto en que todos pueden sentirse cómodos en mayor o menor medida. El rango de la norma es básico para impedir interferencias o contradicciones en su desarrollo posterior.

Nuestro ordenamiento jurídico democrático que debe basarse en la Constitución Española de 1978, ha ido cayendo en todo lo contrario de las premisas que apuntábamos, produciendo un caos legislativo y normativo que llena cientos de miles de páginas de textos donde se entremezclan unos procedentes de la anterior dictadura, otros de las muy diferentes administraciones públicas que se han ido sucediendo en estos años y todos ellos, en su conjunto, multiplicados por el número de comunidades autónomas con que nos hemos complicado la vida los ciudadanos sin pretenderlo.

Cuando el caos legislativo, con sus continuas ampliaciones, reformas, modificaciones, interpretaciones e intereses políticos llega a este punto, se produce en los ciudadanos y en la sociedad eso que conocemos como “inseguridad jurídica”. Es decir, nos perdemos entre el marasmo de normas del juego que, el poder de quienes nos representan, transforma en miedo y temor permanente a su incumplimiento. El poder logra su objetivo de dominar a sus ciudadanos por medio del control permanente de sus actos y de su interpretación por parte de quienes ejercen ese control. Ha conseguido descolocar a todos para que el temor en lugar de la confianza presida su comportamiento. La inseguridad jurídica produce miedo acrecentado por la multitud de normas (la letra pequeña de las AA.PP.) con que, quienes deben servir a los ciudadanos, los convierten en sus servidores y el poder se ejerce como un fin en sí mismo.

Resulta curioso como se amontonan artículos y textos sobre las más variopintas cuestiones. La cuestión es legislar mucho en lugar de legislar mejor hasta llegar a convertirse en una forma de justificar el trabajo de gobiernos, parlamentos y asambleas de la amplia y variada tipología burocrática de que gozamos. Se dice con frecuencia que un grupo parlamentario ha trabajado mucho porque ha presentado muchas mociones legislativas, incluso se pretende primar la labor de un gobierno que ha hecho un montón de normas durante su mandato. Es una carrera donde la cantidad prima sobre la calidad como ocurre desgraciadamente en nuestras vidas. Tenemos muchos titulados pero ¿a costa de qué? Los árboles del bosque legislativo están tan apiñados que impiden el crecimiento de los demás, roban su savia y se confunden al final en una jungla vegetal uniforme y de escasa entidad individual donde es imposible disfrutar de su naturaleza.

Sobre una ley orgánica que debe contemplar y ser marco de todos los supuestos se van incorporando en su desarrollo nuevos textos referidos a peculiaridades absurdas, repletos de artículos realizados con una prosodia peculiar que, lejos de aclarar algo, lo convierten en indescifrable, es decir invalidan la la ley original por vía de confusión de las reglas del juego y provocan de inmediato pánico entre quienes se vean afectados por ellas. Eso es inseguridad jurídica, eso es miedo y eso es pérdida de confianza.

Una sociedad avanzada es una sociedad que conoce, acata y cumple las reglas porque las entiende, tanto en su forma como en su fondo. Sabe que son estables y no están sujetas a caprichos o interpretaciones arbitrarias. Sabe que recogen lo más importante (las leyes orgánicas) y no se pierden en sus frondas (los miles de páginas de prosodia leguleya indescifrable). Sabe que todos las conocen porque son parte de ellas y que nadie debe permanecer en estado de alerta (miedo) por temor a su vulneración. Sabe que aquello de “la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento” no pasa de ser una “boutade” sin razón y sin sentido producto de quienes prefieren tener una sociedad atemorizada y sometida. No se puede participar (democracia participativa) en algo cuyas reglas se desconocen. ¿O es que se pretende mantener a la sociedad atemorizada?

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