Inmunidad, inviolabilidad e impunidad

Juan Laguna
Promotor y fundador de Tiempo Liberal con actividad política desde la Transición. Funcionario jubilado. Empresario. Productor y dramaturgo. Conservador de Bienes Culturales.

«…que no pueden devenir en privilegios que lesionen los derechos fundamentales de terceros…»

Viene el tema a cuento a partir del intento de “Podemos” y otros partidos de formar una comisión parlamentaria que investigue las relaciones de España con los emiratos del Golfo Pérsico y, más exactamente, las del entonces jefe del Estado con sus colegas árabes, todo ello a consecuencia de lo que va revelando la investigación de la justicia suiza sobre esta cuestión y la aparente toma en consideración de la Fiscalía del Estado de tales hechos. En otro sentido las causas judiciales que se abren por la gestión del Covid-19 al gobierno o a sus miembros. 

Las palabras no son inocentes y menos en el mundo jurídico donde cada una de ellas puede interpretarse en forma parecida: la posibilidad de no sujeción a responsabilidad por parte de determinadas personas. Así lo han interpretado los letrados del Congreso de Diputados al ser contrarios a dicha comisión cuyo dictamen parece que dice: “las prerrogativas de inviolabilidad y no sujeción a responsabilidad son absolutas y tienen efectos jurídicos permanentes, abarcando la totalidad del período en que se ejerza la función…” (en este caso la jefatura del Estado). 

Igualmente, la palabra “inmunidad” se aplicaría “cuando una persona está exenta de condenas, penas y cargos…” (según la R.A.E.). En general se aplica a la libertad con que los parlamentarios pueden ejercer sus funciones “entendiendo por tales aquellas que realicen en actos parlamentarios o por excepción en actos exteriores a la vida de las cámaras, que sean reproducción de un acto parlamentario”. Es decir, la actividad parlamentaria está doblemente protegida en sus funciones por la inviolabilidad (art.º 71.1 C.E.) y la inmunidad (art.º 71.2 C.E.). Como es lógico, sólo las manifestadas en tal ejercicio funcional tal como reconoce el Tribunal Constitucional: “…la protección decae cuando los actos hayan sido realizados por su autor en calidad de ciudadano (de político incluso) fuera del ejercicio de competencias y función que le pudiera corresponder…” (STC 71/1985). Como es lógico quedan sin protección los actos delictivos que puedan ser sometidos al mundo jurisdiccional. 

La “inviolabilidad” es una prerrogativa que —según parece y se interpreta por los letrados de las cámaras— “…tiene un ámbito temporal no limitado por lo que la imposibilidad de perseguir a quienes están protegidos por ella es perpetua por lo que supone la no aplicación del ordenamiento penal…”.

Esta interpretación es cuestionable y contradice lo expuesto anteriormente en cuanto a la protección restringida de funciones parlamentarias exclusivamente. ¿Podríamos suponer que si se comete un delito flagrante el autor quedaría cubierto y no sujeto a condena? Entonces el art.º 14 de la C.E. sería puro papel mojado o el ordenamiento resultante de su modificación no tendría validez. 

Todo ello nos lleva al concepto “impunidad” relacionado con “la falta de castigo por ausencia de Justicia” y se supone algo común en sistemas políticos donde se desconoce el imperio de la ley, hay corrupción política o donde el poder judicial es débil o está sometido. En este caso el autor de delitos puede valerse de tal impunidad para evitar el castigo que le correspondería por actos delictivos ejercidos. Ni siquiera serían tenidos en cuenta porque formarían parte de la habitualidad de los mismos en entornos privilegiados que imponen su voluntad personal y absoluta al resto de los ciudadanos.

La propuesta parlamentaria al final se ha saldado con una negativa de la Mesa del Congreso que, a su vez, tendrá sus razones para impedirla. Razones que por el momento no casan con las funciones de tales comisiones (simplemente aclaratorias), ni con argumentos jurídicos sólidos que, en todo caso, no serían aplicables por no ser éste un espacio jurisdiccional sino parlamentario, que “controla la acción del gobierno” (art.º 66.2 C.E.). Gobierno que, a su vez, debe refrendar los “actos del rey” (art.º 64 .1 C.E.) en su función de jefe del Estado, en los cuales hay corresponsabilidad compartida (con independencia de las causas judiciales que pudieran sustanciarse por los mismos hechos). 

Como vemos hay un enredo político-jurídico que, como hemos dicho en otras ocasiones, no sirve para aclarar convenientemente unos actos que la Justicia suiza investiga desde hace tiempo, pero que no parecen aislados de otras investigaciones de carácter económico o fiscal realizadas con mejor o peor fortuna por la Justicia española. A todo esto, se unen los actos del propio gobierno que, como procede, deben ser aclarados e investigados judicialmente (tal como ya parece ocurre ya en distintos ámbitos jurisdiccionales), al igual que ocurrió con el gobierno anterior. 

Para acabar de rematar el asunto nos desayunamos con la noticia del coste del viaje de luna de miel del actual monarca cifrado en casi medio millón de euros y de su pago por el padre “a pachas” con un “empresario afín” (según los medios); o con la noticia de que la cantidad percibida hasta la actualidad por el rey emérito, tras serle retirada por su hijo, será utilizada “para hacer frente a las necesidades inapelables de carácter no discrecional para las que no se haya hecho la adecuada dotación de crédito” (según web Casa Real). Vamos a ver, en los presupuestos públicos el importe de los gastos no realizados retorna al Tesoro Público. Y no pasa nada. 

Inmunidad, inviolabilidad, aforamientos… son privilegios ajenos a la igualdad ante la ley de todos los españoles y, por lo tanto, no pueden dar lugar a la impunidad final de comportamientos y actos cuya justificación —al menos— debe ser aclarada a los ciudadanos (a la soberanía nacional), a través del Parlamento. Las instituciones, al igual que la mujer del César, no pueden tener sobre ellas la menor sombra de duda.

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