Gobierno y Consejo de ministros

Gobierno y Consejo de ministros
Juan Laguna
Promotor y fundador de Tiempo Liberal con actividad política desde la Transición. Funcionario jubilado. Empresario. Productor y dramaturgo. Conservador de Bienes Culturales.

“El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.” (art.º 97 C.E.) 

Nuestra Constitución, en una redacción poco afortunada que induce a confusión y contradice de alguna forma el art.º 1.2 del texto constitucional, establece la función de uno de los tres poderes básicos del sistema democrático: el ejecutivo o, dicho de otra forma, el encargado de hacer cumplir las leyes emanadas de la soberanía nacional (el Parlamento), dirigiendo las tareas de la Administración Pública del Estado y sus instituciones. Es un órgano que se designa por la confianza del Parlamento en quien es encargado para presidirlo. 

Pero también, al mismo tiempo se le adjudica la dirección política que se considera la más importante o más característica, por cuanto se le atribuyen funciones propias de orientación, impulsor de actuaciones y “políticas” que no le son requeridas por el Parlamento expresamente, sino que de “motu propio” impondrá desde su apoyo parlamentario. El gobierno de la nación, no sólo se encarga de dirigir la Administración del Estado, sino que la orienta con fines particulares ajenos a los intereses generales (art.º 103.1 C.E.). Así lo han reconocido algunos juristas en sus comentarios de la Ley 50/1997 de 27 de noviembre en el INAPE, entendiendo que se superan las funciones puramente ejecutivas “…con una muy específica de dirección y orientación política”. De esta forma se convierte en el máximo poder de los emanados de la soberanía nacional. 

Habría que preguntarse si esta deriva funcional en el texto constitucional, es un “lapsus” del mismo (tan de moda) o si se ha plasmado adrede a costa de los demás poderes del Estado (el legislativo y el judicial), para establecer de hecho un sistema político partidario que puede modificar a su capricho la Carta Magna al socaire de la legislación que cada gobierno quiera imponer, en función de sus intereses puramente electorales. La perversión jurídica constitucional está servida, así como el caos subsiguiente de su interpretación. 

Siguiendo con estas reflexiones, nos encontramos en el artº 66.1/2 (Título III, Capítulo primero) con el texto siguiente: “Las Cortes Generales representan al pueblo español… ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan al acción del gobierno….”  lo que, en buena lógica se entiende como el sometimiento del gobierno al Parlamento que, con sus leyes, basadas en las mayorías parlamentarias, debe ser el verdadero protagonista de la dirección política del Estado dentro de su calificación socialdemócrata (artº 1º.1. C.E.), contraria a los valores superiores del ordenamiento jurídico: “…libertad, justicia, igualdad y pluralismo político” (art.º 1º.1 C.E.).

Tales valores supondrían en primer lugar que las leyes del Parlamento no pueden tener carácter parcial, partidario o ideológico, más allá del juego entre mayorías y minorías, en función de los votos realmente recibidos por cada formación y de las coaliciones que puedan formarse. Esto supone de entrada la invalidez del sistema electoral actual donde el valor del voto es diferente en las circunscripciones provinciales. Otro elemento inconstitucional según el tan conocido como poco respetado art.º 14 de la Constitución: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón…o cualquier otras condición o circunstancia personal o social”. Por muchas vueltas que se le de y por muchas ganas de retorcer el término “discriminación”, es obvio que existe en el sistema D’Hont y en sus resultados y consecuencias electorales. Si a ello unimos las listas cerradas de los partidos y la restricción de cualquier otra forma de representación parlamentaria, está claro que los valores proclamados en la Constitución, no van a presidir el ordenamiento jurídico del Estado.

De esta forma, el sistema de elección de representantes políticos queda adulterado y transformado en un sistema de carácter presidencialista, donde se elige desde el principio a quien será presidente de gobierno (no del Estado), con el programa ideológico o político que personalmente establezca, aún en contra del propio programa del partido que, como reconocía Tierno Galván “están para no cumplir”. De esta forma el sistema cae en una autocracia de poder personal, cuya muestra más clara está en las manifestaciones del Sr. Sánchez sobre la elección de la Fiscalía del Estado (que no del gobierno) o de otras responsabilidades institucionales. El presidente electo designa a sus ministros, diseña el presupuesto y tiene a su servicio las instituciones del Estado para sus actos de gobierno (no para los intereses de partido).

El Consejo de Ministros es en teoría un órgano de decisiones colegiadas. Es decir, el que establece leyes (lo estamos viendo con los reales decretos) sin preocuparse mucho del Parlamento, sino de los apoyos que los acuerdos o compromisos con otras formaciones que le aseguren el mandato. Esta apropiación funcional legislativa debería ser excepcional, pero se ha convertido en habitual al tener el apoyo previo de los que reciben las correspondientes contrapartidas (territoriales en unos casos, de poder en otros). Sus titulares no se eligen por cooptación entre las filas propias, ni siquiera por su preparación, experiencia o capacidad de gestión, sino entre aquellos que puedan ser dóciles y agradecidos, con lo que la voluntad del que los nombra es superior a sus propios criterios de gestión (si los tienen). Sus deliberaciones son secretas si bien parece que el Tribunal Constitucional dictó sentencia en sentido contrario, concretamente sobre la inconstitucionalidad del artº 5.3 de la Ley 50/1997, ya citada.

En el caso actual hay un gobierno mantenido precariamente desde su más directo competidor y gracias a las concesiones o acuerdos con otras fuerzas que, paradójicamente, cuestionan al propio Estado, lo que significa que también cuestionan a quien preside el gobierno. Las tensiones además tienen un tinte electoralista, lo que da lugar a la lucha encarnizada de protagonismos entre quienes pretenden la misma porción del pastel (PSOE/Podemos) y los que sólo dicen “¿qué hay de lo mío…? (PNV, ERC y similares). El Consejo de Ministros ya no es una unidad colegiada, sino un caótico rifirrafe entre unos y otros, a pesar de haberse exagerado en el número de carteras y cargos absurdos (todo es posible con cargo al presupuesto) donde se da el conocido axioma militar: “orden más contradorden… desorden”.  La gestión de la crisis sanitaria es una demostración palmaria de todo ello, pero eso es otra cuestión.  

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