«Están atentando contra lo más importante que tiene una persona, que es su familia»
Isabel Díaz Ayuso, presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid, es una política de raza. Nadie discute su valentía, su claridad, su cercanía con los votantes. Pero debe saber que invocar a la familia, cuando se ha puesto en la arena pública de forma descarnada no tanto su participación en un posible caso de corrupción como su ejemplaridad, puede ser un arma de doble filo.
Es cierto que, hasta el momento, ha salido bien parada judicialmente de todo lo relativo a la falta de devolución del préstamo de 400.000 € otorgado en su día por la entidad financiera semipública Avalmadrid SGR —hay quien sostiene que, al ser presidida por un representante de la Comunidad de Madrid, gracias a los contactos políticos de la presidenta— a la empresa de su padre, MC Infortécnica. Pero no es menos cierto que el hecho de haber aceptado, junto con su hermano Tomás, la donación de la herencia familiar en dichas circunstancias, arrojó sombras de duda sobre su ejemplaridad en relación con el supuesto alzamiento de bienes por parte de su progenitor, ya fallecido.
Y ahora se encuentra inmersa en el escabroso caso de los cuantiosos ingresos obtenidos por Tomás Díaz Ayuso por haber participado -no sabemos si en su consecución, sí al menos en su realización- en un contrato de emergencia otorgado en abril de 2020 por el Gobierno presidido por su hermana para la compra urgente de mascarillas FFP2 y FFP3 —no se sabe aún en qué proporción— a Priviet Sportive, empresa de un amigo común de Tomás y de Isabel Díaz Ayuso y que no contaba con experiencia previa en el sector sanitario. El contrato ascendió a 1.250.000 €, IVA excluido.
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, pidió explicaciones a Ayuso en septiembre de 2021 —tras haberla conseguido, no se conoce aún cómo ni si de forma legal— por una información según la cual de ese contrato habría obtenido luego su hermano Tomás cerca de 300.000 €. Díaz Ayuso le dijo días después que todo estaba en orden y que los correspondientes ingresos “estaban regulados en Hacienda”. El PP siempre ha hablado de comisión —vocablo también utilizado en ciertos momentos por la presidenta—, si bien ahora Ayuso —además de reducir la cifra a 55.850 €, IVA excluido, aun existiendo otras tres facturas giradas por su hermano a dicha empresa— ha recalcado que no se trataba de una comisión por intermediar en la operación sino de una prestación de servicios.
¿Por qué Pablo Casado es tan estricto con Ayuso? Evidentemente porque, tras las elecciones adelantadas del 4 de mayo de 2021, la presidenta de la Comunidad quiso convertir su rotundo éxito electoral, muy cercano a la mayoría absoluta, en una especie de título de legitimidad incontestable para presidir el PP de Madrid.
Permítaseme una digresión. Si se hiciera hoy una encuesta entre jóvenes, de menos de 30 años por ejemplo, muy posiblemente un alto porcentaje no habría oído hablar de Mario Conde, o al menos no sabría resumir sus peripecias judiciales en los años noventa.
Cuando en 1992 el ya desaparecido Eduardo Punset creó una disruptiva “Fundación Foro para la innovación social” con el lema estratégico “Los problemas no son ideológicos sino lógicos”, intentó abrir paso a una tercera vía en España frente a socialdemócratas y conservadores, con aspiraciones mucho más ambiciosas que las del ya exangüe CDS. ¿Una plataforma política al servicio de Mario Conde? En todo caso, parece claro que tanto Felipe González como José María Aznar consideraban que Conde, con su carisma personal, su fortuna y, principalmente, su excelente relación con el hoy rey emérito, podría ser un peligroso rival político para ambos. Banesto, el banco que presidía, fue intervenido por el Banco de España el Día de los Inocentes de 1993. Conde sería finalmente condenado en los tribunales por los casos Banesto y Argentia Trust, entre otros. Siempre nos quedará la duda de si su destino judicial-penal hubiera sido el mismo de no haber intentado entrar en la política nacional por la puerta grande.
Vienen a cuento estas reflexiones en relación con la guerra fratricida Pablo Casado-Isabel Díaz Ayuso, guerra que alcanzó su culmen destructivo el 17 de febrero de 2022, con gravísimas acusaciones mutuas aireadas en público —rayanas incluso en un delito de calumnias— y que han derivado en la apertura de un expediente informativo contra la presidenta que podría acabar en su expulsión del partido. Dados los importes malversados en el caso Banesto, podría resultar hilarante que esta voladura del Partido Popular pudiera tener lugar por menos de 300.000€. Pero estamos hablando nuevamente de poder. No se trata por tanto de hacer justicia, se trata de quién aspira a ser presidente o presidenta del Gobierno de España.
Isabel Díaz Ayuso sabe perfectamente que el delito de tráfico de influencias recogido en los artículos 428 y siguientes del Código Penal no precisa, para ser cometido, de que posteriormente el beneficio obtenido para sí mismo o para un tercero sea “regulado en Hacienda”. Tampoco de que se haya obtenido un beneficio mayor o menor o de que lo haya sido en concepto de comisión por intermediar en la consecución del contrato o de prestación de servicios. Por eso llama la atención su desparpajo al admitir que los ingresos obtenidos por su hermano en un contrato adjudicado “a dedo” por el procedimiento de emergencia al comienzo de la pandemia por el Covid-19 “es legal”.
Veamos el artículo 428 del Código Penal:
«El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, incurrirá en las penas de prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de cinco a nueve años. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se impondrán en su mitad superior»
De modo similar, el artículo 429, referido en este caso al particular:
«El particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido, y prohibición de contratar con el sector público, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por tiempo de seis a diez años. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se impondrán en su mitad superior»
¿Hay pruebas de un delito de tráfico de influencias? El tiempo lo dirá, tras la previsible apertura de una investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción con base en las denuncias presentadas por diversos grupos políticos. Debería demostrarse el “apaño” del contrato y la participación de los beneficiados directa o indirectamente por dicho contrato.
Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid ha intentado hacer creer a la opinión pública que solo se enteró de los altos ingresos de su hermano —en relación con el contrato de emergencia para el suministro de mascarillas otorgado por su Gobierno en abril de 2020— en septiembre de 2021, cuando la citó el presidente del Partido Popular. No es creíble. La ejemplaridad en un político trasciende a su supuesta no implicación en un posible caso de tráfico de influencias cuya nefasta gestión, tanto por parte de la dirección nacional del Partido Popular como de la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, podría poner en riesgo la capacidad del principal partido de la oposición para erigirse en alternativa al actual Gobierno de coalición.
