Estas dos palabras se han convertido en “mantras” repetidos continuamente desde unos sectores del sistema político, social y económico que, hasta el momento, han ejercido el poder en España y que, por el cambio que se está produciendo, parece hacer peligrar el “statu quo” privilegiado de quienes vienen sembrando de mensajes alarmistas los medios de comunicación.
Una de las más recientes alarmas ha partido de los “inversores” (esas gentes que nunca se sabe quienes son, en qué invierten y porqué lo hacen) que se unen al coro de despropósitos que trata de meter miedo a una sociedad adulta que, por fin, va despertando del letargo artificial del “bienestar” en que estaba sumida.
Estos “inversores” que parecen estar decididos a no invertir si se produce un cambio político democrático en España (según lo publicado) no tiene en cuenta que ellos representan muy poco en la economía global y que, el hueco que no llenen ellos, será cubierto por otros más inteligentes e informados y que, en este mundo, todos somos prescindibles. Pero hay más, el aludir a la posible inseguridad jurídica que podría producirse, parecen entender que, sólo lo legislado a favor de sus intereses produce seguridad (a ellos claro) desconociendo que, precisamente, uno de los problemas más importantes que se deben afrontar es el de poner orden jurídico en el actual desorden.
Si nos atenemos al significado de ambas palabras veremos que puede ser interpretado de maneras muy diferentes según convenga. La “estabilidad” supone precisamente la alternancia de gobiernos o, mejor dicho, administraciones públicas sin ningún trauma social, con unas reglas de juego claras y precisas para todos y sin la sensación de agravios comparativos en los privilegios arbitrarios de unas clases sociales sobre otras. La “gobernabilidad” reside en los acuerdos o pactos de los ciudadanos, realmente representados en el legislativo, para establecer la convivencia social, siempre respetable a pesar de que no favorezca intereses determinados. Esos pactos deciden las responsabilidades de gobierno correspondientes, su control permanente y sus rendiciones de cuentas.
Hemos tenido un sistema cuya “estabilidad” se basaba en la dejación de las responsabilidades públicas en manos de personas que, en unos casos, habrán tratado de cumplir lo mejor posible con ellas y, en otros, -demasiados según se va descubriendo-, han entendido que eran los titulares del Estado y, por tanto podían hacer de su administración lo que mejor les pareciera mientras la sociedad parecía mirar a otro lado.
Hay muchos y variados ejemplos que podrían citarse dentro de la supuesta “estabilidad” y “gobernabilidad” que hemos tenido. Quizá los más inmediatos o mediáticos se localizan en CC.AA. determinadas: Cataluña, Baleares, Valencia Madrid y Andalucía, sin que ello presuponga la no existencia de otros a los que no les ha llegado el momento.
Es interesante comprobar cómo en la organización territorial del Estado prevista por la Constitución, son precisamente las comunidades autónomas y, como flecos, algunos de sus municipios, donde parecen haberse producido más casos de irregularidades administrativas, contables, legislativas y arbitrarias. Son por tanto esos entes autonómicos los que parecen caldo de cultivo para tales cuestiones en base a:
a) clientelismo político y compromisos o intereses regionales (corrupción)
b) capacidad de crear legislación propia (inseguridad jurídica)
c) capacidad de gasto sin control (endeudamiento)
d) empoderamiento regional frente al Estado (soberanismo)
Hablar pues de “peligro” de inestabilidad o de ingobernabilidad por un posible cambio de estas circunstancias, parece más una broma que una reflexión seria sobre la situación a que hemos llegado en la actualidad.
Si a esto añadimos el tinte personal de “caciquismo” existente en no pocos ayuntamientos, -donde se perfila la figura del regidor como “el que manda” en lugar de “el que sirve”-, con posibilidad de establecer sus propias y personales normas, elegir equipos dóciles y eliminar de facto cualquier tipo o intento de control administrativo o político, nos surgen figuras que se creen dotadas de un carisma particular para ejercer el cargo.
Nuevos tiempos en política no significan pues el fin del mundo (sólo quizá para algunos) y la estabilidad y gobernabilidad sólo pueden lograrse desde el pacto transparente, el aligeramiento jurídico y normativo, la participación real de los ciudadanos en todos los asuntos públicos, los controles mutuos políticos, los controles administrativos cautelares previos a los actos y el reajuste total de todas las Administraciones Públicas en sus funciones, competencias y servicios, lo que supone de partida, una cierta revolución por evolución necesaria con arreglo a nuevas formas de entender y hacer política pero sin que en ningún momento peligren las tan repetidas “estabilidad” y “gobernabilidad”. Basta ya de azuzar el miedo desde esperpénticas, absurdas e irresponsables declaraciones de quienes temen solamente perder privilegios.
