¡Elecciones ya!

Juan Laguna
Colaborador de Fundación Emprendedores.

El clamor sobre la necesidad de la convocatoria electoral prometida por el presidente del gobierno en su moción de censura, junto a los muchos errores y contradicciones en los actos del mismo, parecen obviar unas cuestiones como que, previamente, la representación política adulterada por la ley D’Hondt y por el funcionamiento interno de los partidos políticos, debe ser corregida al menos en dos aspectos básicos: igualdad del valor del voto en toda la circunscripción nacional y listas o candidaturas abiertas.

La igualdad proclamada en el art.º 1º.1, de la C.E. es vulnerada por la discriminación que la actual Ley Electoral aplica en función de cuestiones territoriales o geográficas. No es admisible en un sistema de representación política a través del Parlamento, que formaciones con más votos reales tengan un porcentaje inferior de diputados. Una representación política de esta naturaleza resulta ilegítima y, tal ilegitimidad, recae sobre todos sus actos como el propio encargo de gobierno, aprobación de presupuestos, iniciativas parlamentarias, etc.

Por otra parte, los partidos políticos según el art.º 6º de la C.E.: “concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular…”. Es decir, deberían ser el cauce para que la voluntad popular de representación política se manifieste a través de representantes electos individualmente, sometidos al mandato de los electores. De otra forma, se produce una impostura representativa cuando los candidatos son impuestos a los electores en listas cerradas y bloqueadas, que impiden la relación entre elector y elegido, así como la posible revocación de mandato.

Como vemos no basta con convocar elecciones trufadas de partidismos interesados, sino de que la política nacional se ajuste a la voluntad de la soberanía popular (artº 1º.2, de la C.E.) y no a la soberanía de los partidos. La política nacional trata de la convivencia y de los intereses generales de la nación y, en consecuencia, tampoco tiene sentido la existencia de intereses de carácter regional, local o particular que actúen en forma de “lobbies” en sede parlamentaria como hemos visto ocurrir con los llamados partidos nacionalistas o regionalistas.

Muchos de estos problemas vienen de las interpretaciones interesadas del actual texto constitucional que, como venimos repitiendo, debería revisarse y corregirse en sus muchos errores y contradicciones, para evitar su progresivo e inevitable deterioro a causa de la vulneración y retorcimiento constantes de su letra y espíritu por parte de quienes estarían obligados a su cumplimiento ejemplar. Son muchas las asignaturas pendientes de nuestro sistema político actual, que van a requerir una puesta a punto lo antes posible.

Por esta razón no se entiende que partidos a quienes la ley D’Hont afecta de una manera perversa, no hayan sido capaces de impulsar un cambio del sistema electoral y se hayan acomodado a una infra-representación parlamentaria, contribuyendo con ello a la impostura de que hablamos. Que los partidos nacionalistas o el bipartidismo conocido lo hagan, no debe sorprender ya que se han beneficiado durante muchos años del sistema, pero que el resto de las formaciones sigan aceptando tales reglas del juego, nos lleva a preguntarnos por sus motivos para ello. Tanto “Podemos” como “Ciudadanos” se ven afectados y, tanto uno como el otro, han estado en condiciones de imponer tales cambios.

Unas nuevas elecciones probablemente seguirán la misma tendencia actual con ligeras variaciones, pero no producirán el cambio necesario, porque el mal de raíz de la representación política seguirá presente arrastrando con él más ilegitimidad representativa.

Urge pues ir al origen del problema, bien con una reforma sustancial de la C.E., bien con una iniciativa parlamentaria mayoritaria que cambie las reglas del juego y evite sus trampas. Un voto de igual valor por cada elector sin tener en cuenta su origen geográfico, nos acercaría más a una justa representación de las fuerzas políticas en el Parlamento y evitaría la sobre-representación actual y los “lobbies” territoriales. Un sistema igualitario de difusión de los mensajes electorales en todos los casos evitaría la discriminación y privilegios actuales a la hora de llegar a los electores.

Si a ello uniésemos la presentación de listas abiertas en los partidos que obliguen al elegido ante sus electores con mandato directo de éstos y liberaran de la disciplina de voto (lo que forzaría la existencia de una relación directa entre los diputados y sus votantes), los intereses partidarios quedarían diluidos frente los intereses de los ciudadanos y el pluralismo político de estos tendría su representación parlamentaria más legítima.

Quedaría aún el reajuste funcional de los poderes del estado. Ninguno de ellos puede depender del otro y, en cuanto a una posible jerarquización, siempre el Parlamento tendría la prioridad de establecer las normas orgánicas básicas para la convivencia de los españoles, impidiendo cualquier intento de saltarlas, retorcerlas o diseñarlas a conveniencia de intereses particulares o locales. Las asambleas legislativas territoriales no tendrían mucho sentido si todos están representados en el Parlamento de la Nación y, en todo caso, sólo quedarían para atender algunas cuestiones de tal carácter y resolver sus asuntos en el Senado.

Elecciones ya, pero sin caer en las trampas del sistema electoral vigente que resta legitimidad representativa y no refleja la realidad social de España. No se puede entender la voluntad del pueblo soberano, si ésta queda condicionada a la conveniencia de cada formación política durante los cuatro años de legislatura establecidos. Es un tiempo demasiado largo para una democracia realmente participativa de ciudadanos responsables y unas sociedades en continua evolución.

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