El Rey reina, pero no gobierna

“El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones...” (Artº 56.1.- C.E.)

Juan Laguna
Promotor y fundador de Tiempo Liberal con actividad política desde la Transición. Funcionario jubilado. Empresario. Productor y dramaturgo. Conservador de Bienes Culturales.
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Las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid en relación con la concesión de indultos a los líderes secesionistas, parece que han provocado un nuevo “tsunami” de escándalo hipócrita en la “corrección política”, que consiste —al parecer— en mentir como bellacos, ponerse de perfil o ignorar, como en este caso, la propia Constitución Española.

Por ello nos permitimos recordar y llevar al debate jurídico lo que —muy mal redactado, por cierto— dice el texto constitucional sobre la facultad del Jefe del Estado a la hora de sancionar con su firma decisiones gubernamentales pero es más importante insistir en la diferencia de la figura personal del Rey, desligada de su función institucional: la Jefatura del Estado.

En el plano personal el Rey forma parte de la dinastía Borbónica que, por deseos del anterior Jefe del Estado, quedó instaurada en España (Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 6 de julio de 1947, sometida a referéndum y aprobada por un 82% del censo electoral), donde se nombraba sucesor a Juan Carlos I “a título de Rey” con el juramento de los principios del Movimiento Nacional. Se instauraba la monarquía con condiciones y se ratificaría después por las Cortes Españolas en 1975.

El monarca recibe en el artículo arriba citado la función institucional de la Jefatura del Estado pero además le confiere el “símbolo de su unidad y permanencia” . Es decir, su figura institucional significaría la cohesión territorial e institucional de los poderes del Estado surgidos de la soberanía nacional (artº 1.2.- C.E.) con la tarea de “arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones”. Es decir, la Jefatura del Estado no es una figura retórica ni ornamental, sino conlleva unos deberes de importancia singular, sobre todo en lo que se ha ido convirtiendo el sistema de autonomías y conflictos institucionales entre los “poderes” del Estado.

Al mismo tiempo la figura personal del Rey es inviolable, ya que sus actos deben estar refrendados por el ejecutivo. Es decir, el ejecutivo es responsable de los actos del monarca, al ser “refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes” (artº 64 de la C.E.), lo que supone la dependencia del Rey de uno solo de los poderes del Estado: el ejecutivo, lo que supone por extensión la dependencia de la Jefatura del Estado. La “sanción y promulgación de leyes” corresponden “al Rey” (no al Jefe del Estado) y de esta forma queda sujeta a los intereses de los gobiernos de turno, tal como se acredita en el artº 91: “El Rey (no el Jefe del Estado), sancionará en el plazo de quince días (no se entiende lo del plazo) las leyes aprobadas por las Cortes generales y las promulgará y ordenará su inmediata publicación”. Es decir hay una imposición al monarca de colaboración con lo que le requiera el ejecutivo que domina la mayoría parlamentaria.

Probablemente, los redactores del texto constitucional creyeron de buena fe que ningún gobierno propondría al Rey nada ilegal o que atentase a la Carta Magna, toda vez que los cuerpos del Estado (en este caso los jurídicos) evitarían cualquier dislate arbitrario, tanto de las mayorías parlamentarias, como de los ejecutivos pero, por desgracia, parece que han sido capturados y ya no deben su lealtad al Estado, sino a los gobiernos que pagan sus sueldos y permiten privilegios, ascensos, etc.

Quedaría una segunda línea de control en la propia institución “Casa Real” (en realidad Jefatura del Estado), donde sus propios servicios jurídicos deberían alertar sobre aquellas cuestiones abiertamente inconstitucionales, que le fueran planteadas al Rey/Jefe del Estado, para evitar que fuera cómplice de arbitrariedades particulares que, de forma más o menos sesgada o torticera, modifican el texto constitucional y su interpretación (salvo claro está que en vez de proteger a la institución, estén para controlarla al servicio de tales intereses partidarios). Es cierto que tampoco ayuda la saga familiar, lo que puede llevar a suponer que, en esta cuestión, hay algo más.

Otras instituciones como el Consejo de Estado “supremo órgano consultivo del gobierno”(artº 107 C.E.) o incluso las Reales Academias cuyo “alto patronazgo” (Artº 62.j.- C.E.) corresponde al Rey, parecen tener un escaso papel en estas cuestiones polémicas, lo que coloca de nuevo a éste en una situación de sumisión total al ejecutivo, y la mayoría parlamentaria que le apoya en su caso, salvo que sepa mantener el pulso con la prudencia y el valor que su figura institucional y su persona real debe mostrar.

Retomando el caso concreto del “ejercicio del derecho de gracia con arreglo a la ley” (Artº 62. i.- C.E.) coloca de nuevo al Rey en situación de sumisión al gobierno de turno y de la mayoría parlamentaria que apruebe las leyes. Puede y le corresponde ejercer ese “derecho de gracia” pero éste debe ser llevado a cabo “con arreglo a la ley” y… ¿de quién dependen las leyes? Pues eso… Hay que recordar siempre qué es más importante: la ley o su reglamento.

El día que el galimatías (intencionado o no) de gran parte del texto constitucional (como la confusión institucional de que hablamos), sea racionalizado y reajustado a la realidad social y política que quieran los españoles (no la que prefieran los partidos), no será necesario interpretar de forma continua las funciones y competencias del entramado administrativo con la consiguiente inseguridad jurídica que supone.

Por eso, la frase que encabeza el artículo muestra la contradicción entre “reinar” (poder absoluto) y “gobernar” (poder delegado), cuando éste último se muestra más como lo primero, en lugar de rendir cuentas y estar controlado que es lo único que le correspondería en un sistema democrático.

1 Comentario

  1. El artículo olvida que el artículo 102.3 de la Constitución establece que la prerrogativa real de gracia 62.1) “no será aplicable a ninguno de los supuestos” del artº 102.1 y, sobre todo 102.2: “si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones”.
    Creo que está bastante claro que la declaración de independencia realizada desde las instituciones del Estado (como es el Parlamento o el Gobierno de Cataluña) podría estar en ambos supuestos.
    Un saludo.

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