El régimen del 78

Viñeta de Mingote
Juan Laguna
Promotor y fundador de Tiempo Liberal con actividad política desde la Transición. Funcionario jubilado. Empresario. Productor y dramaturgo. Conservador de Bienes Culturales.

Como un “mantra” a favor o en contra del mismo, casi todos hablan sin otras referencias muchas veces que lo que se ha oído, más o menos maquillado o exagerado. Es necesario volver la vista atrás y conocer sus antecedentes históricos para comprender lo que supuso en cuanto a mejora formal democrática, pero también lo que conllevó la misma en forma de actos de dudosa legalidad, realizados por quienes vieron la oportunidad personal de aprovecharse de la situación.

A la muerte de Franco era preciso un cambio político demandado por una buena parte de la sociedad española, pero sobre todo incentivado por quienes supieron prever los beneficios a corto plazo que ello suponía. El entonces príncipe Juan Carlos de Borbón, casado con la princesa Sofía de Grecia, había sido nombrado sucesor en la jefatura del Estado por quien lo apadrinó en contra de la línea dinástica natural que personalizaba su padre el conde de Barcelona. Fue precisa una hábil operación del entonces presidente de las Cortes Españolas -Fernández Miranda-, para que el traspaso de poderes se hiciera “desde la ley a la ley”, a través de la Reforma Política aprobada por los mismos que ya se sabían amortizados: los procuradores. Una demostración de generosidad y patriotismo que no se ha sabido valorar.

Pues bien, aquella hábil maniobra donde simultáneamente se prestaba lealtad al Movimiento Nacional, mientras ya se le daba por amortizado, hizo posible que el príncipe Juan Carlos asumiera la corona real, en contra de los derechos de su propio padre, que acabó por aceptar la situación desde su residencia en el exilio.

Los procuradores serían sustituidos por unos partidos políticos peculiares: una Unión de Centro Democrático que aglutinaba a pequeños partidos del centro del espectro político (democristianos, liberales y socialdemócratas), alrededor de un líder procedente del régimen anterior: Adolfo Suárez y sus “azules”; una Alianza Popular que ocupaba el sector conservador con una buena parte de personajes igualmente ligados en mayor o menor grado al régimen de Franco; un PSOE renovado en Suresnes en el año 1974 con el apoyo de EE.UU y Alemania, donde se eliminó a la “vieja guardia” socialista sustituyéndola por el llamado “clan de la tortilla”: un grupo de amigos que tomaría el relevo desde la aceptación de la socialdemocracia europea, lo que incluía la buena relación con la OTAN y EE.UU. y, finalmente un Partido Comunista trufado de figuras controvertidas por su papel en la guerra civil que era la piedra de toque de nuestro cambio democrático.

España como nación había dado un impulso notable a su economía y a su sociedad en el régimen anterior, que preveía las necesidades de sus ciudadanos: “…devolver a los españoles de una vez y para siempre la patria, el pan y la justicia…” o en la existencia de fueros en las leyes fundamentales, donde simultáneamente se protegían los derechos de los trabajadores, derechos de propiedad, derechos de intervención del Estado y fomento de la iniciativa privada “…una reacción contra el capitalismo liberal y el materialismo marxista…”.

El llamado “Fuero de los Españoles” de fecha 17 de julio de 1945, venía a ser una declaración de derechos fundamentales, recogidos en su mayor parte de las constituciones vigentes en el mundo occidental, con una economía basada en sus propios recursos (autarquía) y en la organización planificada (socialismo) de su economía y producción industrial (INI), con un órgano de participación política: las Cortes Españolas en las que se representaban los pilares del estado: la familia, el municipio y los sindicatos a través de sus procuradores respectivos. Un régimen de bajo presupuesto (casi sin impuestos) y gran efectividad política y social: “Mi verdadero monumento será lo que no encontré cuando me encargué del gobierno de España: la clase media española” (Franco a Vernon Walters; “La transición de cristal” de Pio Moa), donde las ideologías quedaban reducidas a las llamadas familias: demócrata-cristianos, tecnócratas (Opus Dei) y Falange Española, donde se insertaban otras ideologías, representadas en todos los gobiernos del régimen.

Con el nuevo régimen político del 78 se creaba un sistema tutelado en alguna forma desde EE.UU. (interesados sobre todo en reforzar los acuerdos existentes con España y su integración en la OTAN). Un sistema basado en la reconciliación nacional de todas las ideologías contrapuestas (una realidad social ya existente en el régimen anterior). Eso es lo que se votó por la mayoría del pueblo español con la Constitución de 1978 que muy pocos habían leído (salvo los que la redactaron). La comisión parlamentaria constituida a estos efectos, tuvo un escaso papel ya que, aparte de los llamados “padres” de la Constitución con representación de todo el arco parlamentario, las verdaderas negociaciones se realizaron “entre bastidores” y, por ejemplo, nadie parece saber quién endosó el término “nacionalidades” en el artº 2º, ni quienes eran responsables reales de los muchos disparates jurídicos de su texto, que tantos quebraderos de cabeza han producido (y producirán) en su interpretación, si bien hubo dos posiciones distintas sobre su estructura: breve y flexible con la estructura del Estado y las bases de convivencia social y otro burocrático, reglamentista y extenso que es el que se impuso.

El régimen del 78 y su constitución fue un coladero de las más peregrinas cuestiones como la existencia “posible” de unas comunidades autónomas en la organización territorial del Estado, cuando ya existían de hecho “preautonomías” (un invento preconstitucional ilegal) y acuerdos de diferente índole de carácter territorial antes de la Constitución, como el sistema electoral que premiaba a las grandes formaciones y a los nacionalismos. De alguna manera se ponían los cimientos para la “autodeterminación de los pueblos de España” del PSOE (1974) y la progresiva fragmentación política y territorial del Estado que perdía la titularidad de sus competencias a través de los respectivos estatutos, creando un montón de órganos y cargos que venían a lastrar la economía nacional que, a su vez, perdía su capacidad industrial por acuerdos con la UE. El resultado ha sido un estado pobre, endeudado por encima de su PIB, dependiente de subvenciones, con pérdida importante de industria y empleo productivo, empobrecido intelectual y moralmente, más pendiente de intereses particulares (“hoy por mi, mañana por tí”) que de los intereses generales de la nación, que ha elevado implacablemente su presupuesto de acuerdo con las necesidades clientelares de los partidos políticos en el gobierno.

Tanto el mundo empresarial, como el mediático y el político, formaron parte de ese entramado de intereses para taparse mutuamente las “vergüenzas” . Desde la institución más alta del Estado, hasta la más pequeña oficina pública, sabían lo que se cocía en el interior de las instituciones y lo que era silenciado por “razones de estado”. La clave del arco del sistema democrático (separación y control mutuo de poderes), se revelaba como algo anacrónico, la representación política de la soberanía nacional era en realidad representación de los intereses de los partidos y, el Parlamento en consecuencia, era una correa de transmisión de las decisiones del ejecutivo: ¿de quién dependen los nombramientos…? —decía el actual presidente— …pues eso.

Nikolay Hadzhigenov, jurista búlgaro que encabeza el “15M” en su país contra el gobierno de Boiko Borisov decía en recientes declaraciones al corresponsal de “El Confidencial” (8/8/2020): “¿Cómo llamaría a un estado donde el jefe de gobierno (un consumado mentiroso) utiliza al fiscal y a la policía para tapar sus escándalos…? Una dictadura, sería la respuesta.

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