Esta figura que resultaría excepcional para evitar conflictos jurídicos en el ejercicio de la representación parlamentaria, se ha ido extendiendo como una mancha de aceite hasta convertir esta excepción en casi regla para los miles de políticos, cargos públicos o representantes institucionales de todo tipo, esgrimiendo como argumento la necesidad de evitarles a todos ellos los “inconvenientes” del sistema judicial ordinario.
En su excepcionalidad, tal figura quedaría restringida a los actos parlamentarios realizados en sede parlamentaria, pero también esto se ha extendido a cualquier acto protagonizado por un personaje público, con lo que las varas con que se percibe la justicia son diferentes para la mayor parte de los ciudadanos que deben sufrir en sus carnes tales inconvenientes procedimentales de los que se excluyen muchos privilegiados.
Ahora toca el turno al aforamiento (no previsto constitucionalmente) de la figura del Jefe del Estado a partir de la abdicación del monarca en su hijo, quien hereda no sólo el cargo, sino también la anterior situación de inviolabilidad de su padre dejando a éste expuesto -como el resto de los ciudadanos- a la justicia ordinaria.
Inmediatamente y por iniciativa que se nos escapa, parece plantearse la necesidad -e incluso la urgencia- de evitar la exposición del futuro ex-jefe de estado a supuestas demandas promovidas por quienes -según se dice- están esperando el momento para crearle problemas judiciales, no porque haya motivos para ello, sino por incordiar o “buscar protagonismo” como argüyen algunos defensores de este aforamiento. Curiosamente los mismos que defienden o debían defender la separación y el equilibrio de poderes inherente a un verdadero sistema democrático.
No hace falta recurrir a argumentos jurídicos para rebatir tal defensa de lo indefendible basado sólo en supuestos, cuando la Justicia pide “hechos probados”. Sólo la racionalidad y la lógica son suficientes para darnos cuenta de que, pasada la situación de responsabilidad al frente del Estado, el rey pasa a ser un ciudadano más por muchos títulos honoríficos que reciba y, por ello, debe confiar -como tratamos de hacerlo los demás- en un sistema judicial garantía de igualdad ante la Ley, en cuya gestación y desarrollo algo ha tenido que ver en estos casi cuarenta años. ¿O es que el sistema judicial no garantiza de igual forma su aplicación a todos?
Venimos por una parte sacralizando la Constitución del 78 como norma intocable por su supuesta perfección y por otra, cuando nos interesa, hacemos normas de dudosa interpretación -cuando no de espíritu inconstitucional- sin alterar el gesto. En algún momento ha llegado a esgrimirse sin el menor rubor la posible “estigmatización” como argumento jurídico para la defensa de un responsable político, reconociendo implícitamente que, el sólo hecho de la imputación, es un atentado al honor y la dignidad de cualquier ciudadano ordinario.
O reconocemos que el sistema judicial en vigor adolece de procedimientos justos y simples, en cuyo caso debemos revisarlo en profundidad, o nos aforamos todos para evitarnos sus inconvenientes. Lo que no es de recibo es la aplicación de dos sistemas de justicia diferentes dependiendo de aforamientos excesivos y fuera de contexto para los representantes de la soberanía popular y los que al socaire de ello se acojan a su protección jurídica. Si es por acciones realizadas en el ejercicio de la función de cada uno, todas ellas son igualmente dignas y respetables; si es por acciones cometidas al amparo del aforamiento y de la inmunidad parlamentaria o administrativa, aplíquese el mismo procedimiento en todas las ocasiones.
La democracia no puede basarse en la injusticia y en el distinto rasero a la hora de pedir responsabilidades por nuestros actos. Para ello es necesaria la confianza vigilante sobre quienes hemos delegado determinados (no todos) poderes de gobierno que se convierten así en servidores públicos. En lugar de eso parecen haber aprovechado la ocasión para imponer a los demás lo que para ellos es incómodo, escudándose en un poder casi absoluto sobre los administrados a base de normas y reglamentos que, lejos de hacer más fácil la convivencia o la vida de las personas, llegan a su persecución administrativa y judicial desde las propias instancias de defensa del Estado.
Un aforamiento más habría pasado inadvertido, como ha ocurrido con los miles de ellos que desconoce el ciudadano normal, si en este caso la urgencia del tema no hubiera llevado a especular con las más variopintas cuestiones alrededor de la figura del todavía Jefe del Estado, poniendo en bandeja y en obligada revisión esta figura jurídica para reajustarla a su medida razonable y justificada, si la hay. La política es el privilegio de servir a los ciudadanos (al Estado) pero nunca la forma de obtener privilegios sobre los ciudadanos (el Estado).
