Medidas de política económica para reactivar la economía española y el empleo

Fundación Emprendedores
Observatorio político de la actualidad española y de las tendencias culturales, sociales y económicas que inciden en la sociedad y en el universo de los emprendedores.

El Club Liberal Español emite este documento ante la aguda crisis económica e institucional que afecta a España y en el momento de un cambio del Gobierno de la Nación. En él se proponen actuaciones necesarias para lograr la reactivación de la economía y obtener una disminución lo más rápida posible de la tasa de paro que nos afecta, así como evitar la alarmante disminución de la tasa de actividad en  algunas Comunidades.  Este  documento, como otros precedentes del Club Liberal, se aporta a los poderes públicos para que sirva de impulso a nuestra economía que, más que nunca, necesita la contribución de todos los ciudadanos.

1.- LA SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA ES CRÍTICA

No ha de emplearse mucho tiempo en justificar esta afirmación, baste con: 1) evaluar el insoportable nivel de paro y saber que la economía está entrando en una nueva fase de recesión, que agravará la situación y 2) mirar las enormes tensiones financieras que ponen en riesgo de quiebra al Estado Español, así como al sistema bancario, con el arrasador efecto de ruina que supondría, no solo a las familias depositantes y ahorradores, sino también a las empresas paralizadas por la falta de crédito. Voces solventes ponen a la economía española al borde del precipicio, situación agravada por la demora de tomar las medidas de política económica necesarias, que hubieran evitado, o al menos paliado, este estado de tintes dramáticos, que suponen el 20% de paro, un déficit para el 2011 del 8%, (o más), una deuda soberana del 70% de PIB y un crecimiento cero, siendo posible una nueva entrada en recesión.

2.- TRES LINEAS DE ACTUACIÓN URGENTES Y SIMULTÉNEAS

El Gobierno de la Nación entrante debería impulsar simultáneamente las siguientes líneas de actuación: 1) Poner en acción un riguroso programa de ajuste del déficit público y de la deuda con la promulgación de la Ley Orgánica que desarrolle el Art. 135 de la C.E. para poner claros y rigurosos límites legales al déficit,  no solo al gobierno central, sino también a los gobiernos autonómicos y locales, que se verían privados de transferencias y se les prohibiría la emisión de deuda en caso de trasgresión de estos límites, ya que sin disminuir el endeudamiento del sector público no será posible liberar recursos para la inversión y el consumo. Exigir responsabilidades a los gestores por  ocultación de datos de ingresos y gastos a la contabilidad pública. 2) Saneamiento del sistema financiero y culminación de su reestructuración, puesto que sin recapitalizar las instituciones financieras es imposible que exista el imprescindible flujo de crédito a las empresas y a las familias. 3) Liberalización de los mercados de factores y de productos para recuperar la competitividad, y de forma urgentísima el laboral, ya que sin ello es inviable la creación de empleo, la competitividad y el consiguiente crecimiento económico.

3.- MEDIDAS QUE DEBERÍAN SER RECOGIDAS EN EL PRESUPUESTO 2012

Los objetivos serían reducir el déficit en un plazo de dos años al 3% del PIB, conforme a las normas de la UE, y concentrar el ahorro en los sectores inversores: empresas y trabajadores autónomos. Es evidente que esta medida llevará aneja un aumento del paro en los trabajadores públicos, directos o indirectos, lo que exigirá una clara explicación a la ciudadanía y que se establezcan oportunidades efectivas y útiles de reciclaje de empleos y de formación. Posteriormente vendrá el aumento del empleo global.

Establecer incentivos para promover la inversión y consiguiente empleo productivo, con supresión del Impuesto de Sociedades a la empresas productivas, si los beneficios no se reparten y se reinvierten y una reducción importante en las que los repartan.

Suprimir todo tipo de exenciones tributarias a las empresas e incluir los ingresos con reducción del tipo del Impuesto de Sociedades (IS), complementado con deducciones para los beneficios  se reinviertan  en el proyecto empresarial. Los beneficios distribuidos se incluirán en el impuesto correspondiente, dependiendo del receptor sea persona física o jurídica, IRPF ó IS , deduciendo la parte ya pagadas por las sociedades, que se considerarán ingresos a cuenta. Los autónomos con renta mixta de trabajo y capital pagarían un porcentaje del 15%/20%, hasta un nivel de renta del entorno de los 100.000 euros, por encima de esta renta se aplicaría la tabla del IRPF, que debería incrementar en los tipos marginales en rentas superiores a los 150.000 euros hasta un 60% en las superiores al medio millón de euros.

Disminución de las cotizaciones sociales, acompañada de una subida del IVA que las compense.

Regulación de las retribuciones de los representantes públicos  de administración central, autonómicas y locales pare evitar discriminación.

Eliminación de la pensión vitalicia de los miembros del parlamento.

Un programa de reducción y privatización de empresas y entidades públicas que puedan ser explotadas por la inversión privada, liberalizando inicialmente el transporte ferroviario de  mercancías y los sectores aeroportuarios.

Reducción drástica, a todo nivel de administración, de todo tipo de subvención oficial, incluidas las destinadas a los sindicatos, a la patronal, a los partidos políticos, así como a la cooperación exterior y ONG’s, su financiación y resultado estarán sujetas s a control mediante auditoria externa y registro público.

Supresión radical de todo gasto suntuario, superfluo, improductivo, extraordinario, parque móvil, etc., que afecte a cargos públicos, pertenezcan al ejecutivo, legislativo o judicial, cualquiera que sea el nivel de la administración al que pertenezcan.

4.- REESTRUTURACION Y SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO

La crisis de deuda soberana, que de forma grave y creciente afecta a la Eurozona ha agravado los problemas de liquidez y de solvencia de las entidades de crédito, ya de por si grave por los activos incobrables provenientes del sector inmobiliario, tanto de empresas, como de particulares.

Los bancos se enfrentan con una inexcusable necesidad de recapitalización, que dado su enorme volumen de deuda, solamente podrá venir por la simultánea acción de las siguientes medidas: 1) una renegociación con sus acreedores de su deuda a mayores intereses y mayores plazos, avalada por el Fondo de Rescate ya constituido. 2) Renegociación de hipotecas constituidas con particulares y empresas, con alargamiento de plazos de amortización, reducción del valor facial y de tipos. 3) Venta de activos inmobiliarios a pérdida a grandes inversores internacionales, compensada por otras plusvalías y beneficios. 4) Creación de un Banco Malo siguiendo el modelo que Suecia implemento para la amortización de activos tóxicos. 5) Ampliación de sus recursos propios. 6) Recurrir al Banco Central Europeo  y FMI en busca de financiación y descuento adicionales.

El Estado debería revisar a la baja la tasa de Deuda Pública obligatoria que las entidades bancarias deben soportar en sus activos, cuyo efecto pernicioso es el de restringir el crédito al sistema  inversor y productivo, con el perverso efecto de la aniquilación de puestos de trabajo.

Reestructuración de Cajas y Bancos no viables, mediante las absorciones que sean precisas y ejemplares petición de cuentas y penalizaciones a los gestores que los llevaron a la situación de quiebra, con las inhabilitaciones consiguientes. Revisión y limitación  de las retribuciones  de los gestores en aquellas entidades financieras que requieran fondos públicos para su recapitalización.

Reforzamiento e independencia de la Inspección del  Banco de España.

5.- REESTRUCTURACIÓN Y DISMINUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

Reestructuración, reducción y armonización de la enorme complejidad administrativa y burocrática, que presenta España por su enmarañada superposición de Administraciones, por las que el ciudadano y las empresas tiene que discurrir para gestionar sus asuntos y negocios, como son: 1) La Administración Central, compuesta por el Estado y un gran número de organismos públicos autónomos, entre los que destaca la Seguridad Social. 2) La Administración Autonómica, con una amplia capacidad normativa y fiscal, lo que enrarece, dificulta y encarece la vida económica, existiendo de facto diecisiete mercados distintos, dentro de España, lo que disuade al inversor, sea nacional o exterior y que, además, han enquistado las diferencias norte-sur. 3) La Administración Local, que a su vez se subdivide en 3.1) Ayuntamientos, 3.2) Mancomunidades y 3.3) Diputaciones. 4) La Unión Europea, que aprueba disposiciones legales de obligado cumplimiento.

Hay otro nivel de intervención administrativa, pues tanto el Estado, como las Autonomías, los Municipios y las Diputaciones han creado entes empresariales que adoptan formas de empresas públicas, fundaciones, consorcios, o corporaciones público-privadas que escapan al control de la Intervención Pública y se financian con cargo a los Presupuestos Públicos, con créditos bancarios y con créditos de proveedores. De ellos, se contabilizan  más de 1200 en la Administración Central, más de 3.000 en la Autonómica y un número no contabilizado en los municipios y diputaciones.

Una política de ahorro del Gasto Público debería considerar una asignación de competencias entre las distintas administraciones, que tenga lógica política, administrativa y económica y además, liquidar todos estos entes empresariales que no sean imprescindibles y privatizar los que sean económicamente justificables. Todo ello es urgente e imprescindible.

Los gastos dedicados a otras partidas pueden estimarse en unos 40/50.000 millones  de euros, más allá de los dedicados a Sanidad y Educación. Un análisis de estos gastos y su reducción consiguiente, supondría una disminución de déficit público muy significativo.

El copago en Sanidad debería ser considerado, al menos en algunos actos médicos, así como en medicamentos, tal y como sucede en los seguros sanitarios privados.

Las reducciones del Gastos Público no deben alcanzar a los cuerpos y fuerzas de la Seguridad del Estado, Defensa de la nación, ni a la Justicia.

6.- REESTRUCTURACIÓN DEL MERCADO LABORAL

La inclusión de España en la zona euro supone que la pérdida de competitividad de la economía solamente pueda ser compensada por una eficaz política de I+D+i y la reducción nominal de precios y salarios, únicas vías de ganar productividad y valor añadido. En nuestro país eso implica un cambio sustantivo en el sistema de convenios colectivos, que han tenido tres perniciosos efectos: 1) falta de flexibilidad interna y de  movilidad externa en las empresas, lo que ha motivado la mayoría de los despidos. 2) Indexación de precios y salarios al IPC y no a la productividad, como inexcusablemente debería ser. 3) Una rigidez en el despido, que ha demostrado ser un freno para la creación de empleo.

Consecuentemente debe ser reconducida la intervención de los sindicatos en el sistema de convenios colectivos, haciendo prevalecer los convenios de empresa, derogando la ultra-actividad, reduciendo drásticamente el número de tipos de contrato y penalizando el absentismo.

La política sindical debe reconducirse por tres líneas fundamentales: 1) Recuperación por el Estado de competencias delegadas a los sindicatos y 2) Dar entrada en la interlocución social a otros sindicatos hoy representativos en sectores, tanto públicos como privados, rompiendo el duopolio hoy existente, que da una enorme rigidez al diálogo social.  3) Reducción radical de los liberados sindicales a tiempo total, que deben  ser financiados por los propios sindicatos, en aquellas empresas donde existan.4) Reduciendo los tipos de contratos laborales 5) Reconducción del sistema de pensiones hacia un sistema mixto de reparto y capitalización, adaptando gradualmente la edad de jubilación, en concordancia con el alargamiento de la vida y el retraso de la entrada  de los jóvenes en el sistema de cotización.

7.- REESTRUCTURACION DEL SISTEMA FISCAL

El análisis de los distintos impuestos directos llevan a la conclusión de que terminan siendo pagados por las clases medias, los empresarios que crean empleo y por los trabajadores, además de tener una limitada capacidad recaudatoria, amén de distorsionar la actividad económica, pues ningún gobierno cede ante las presiones para la aprobación de exenciones, que interfieren en la libre asignación de la inversión en los sectores más productivos. Dados, por tanto, sus efectos sobre la competitividad, mantener el Sistema Tributario sobre los impuestos directos aparece como inadecuado.

Así pues, se hace preciso  hacerlo descansar más sobre los impuestos indirectos, ya sea el IVA, como los impuestos especiales, sobre hidrocarburos, el alcohol, el tabaco, la electricidad, y el juego. Máxime teniendo en cuenta que el consumo supone el 60% del PIB, por lo que se hace al sistema más estable y fiable.

Política fiscal de fomento al ahorro mediante deducciones  en IRPF.

De otra parte, se considera aberrante que el impuesto que más recauda en España sea el de las Cotizaciones Sociales, anormalmente altas por las presiones sindicales y la conveniencia de la Hacienda Pública, pero en detrimento de la competitividad, el crecimiento económico y la consiguiente creación de empleo.

8.- POTENCICIÓN DE SECTORES PRODUCTIVOS

Bajo el principio de quién domina la industria, domina los servicios y con la finalidad de descargar de peso de importaciones a nuestras exportaciones, debe establecerse una eficaz política de I+D+i, en la que el Estado intervenga, no sólo por la vía de apoyo fiscal, sino también actuado a través de una agencia especializada , como agente de capital-riesgo, acompañando a la inversión privada, fiscalizando el cumplimiento de objetivos de los distintos programas y proyectos y retirándose cuando se demuestre la inviabilidad de los mismos. Esta agencia debe ser única y a nivel del Estado, quedando excluidas cualquier otra a menor nivel administrativo.

Política inmediata de apoyo a la exportación, fomentando la internacionalización de las empresas medianas y pequeña, incluso de autónomos, mediante la creación de una red formada por embajadas, gobierno y cámaras de comercio, que faciliten la entrada de los empresarios en los distintos mercados. Debiendo estar gestionada por una única y sola agencia a nivel estatal.

La dependencia del petróleo, la moratoria nuclear, las fuentes de energía renovable de altísimo coste y un mercado energético intervenido dan lugar a una elevadísima tarifa eléctrica, que presiona al alza a los precios de bienes y servicios interiores, afectando de forma muy negativa a la competitividad del conjunto de la economía española.

Es preciso cambiar el modelo energético hacia un mix en el que intervenga la producción de energía nuclear segura en cantidad significativamente muy superior a la del modelo actual, aumentando al tiempo la liberalización y competencia del mercado energético. Fomento de la industria de producción de biomasa, que induzca la reducción del combustible de origen fósil.

9.- APOYO A EMPRENDEDORES Y AUTÓNOMOS

Reducción radical de trámites burocráticos y administrativos a la creación de empresas, mediante la creación de la ventanilla única a nivel estatal, que permita la apertura en un plazo de 24 ó 48 horas, realizándose a posteriori  las inspecciones y comprobaciones pertinentes, con fuertes sanciones a los infractores dolosos.

Aplicación de las medidas fiscales ya señaladas en el Punto 3 de este informa.

10.- FORTALECIMIENTO DEL ESTADO

Para que la inversión fluya y los mercados de bienes y servicios se desarrollen sin trabas es imprescindible dotar de seguridad jurídica al sistema, por lo que es imperativo y urgente dar al Poder Judicial independencia respecto a  los otros dos poderes del Estado, con un único Tribunal de ámbito estatal de última y definitiva apelación, retornando a una situación similar a la que había antes de la reforma de 1985, retomando el Estado aquellas competencias cedidas y que se opongan a esta situación.

Fortalecimiento de las competencias del Tribunal de Cuentas, para que sus dictámenes tengan efectividad y consecuencias administrativas e incluso penales para los infractores.

Se debe fortalecer la Inspección de Trabajo, quitando competencias a los Sindicatos hoy delegadas de hecho en ellos.

Fortalecer la Inspección del Sistema Financiero, aprobando un código de conducta más rígido, claro y exigente, que permita a la Inspección cumplir su cometido sin interpretaciones arbitrarias, ni presiones políticas.

Es precisa una real, eficiente y eficaz Intervención del Gasto Público, introduciendo en unos casos y fortaleciendo en otros la Intervención Pública de los gastos de todas las administraciones. Esta intervención debería depender del Congreso de los Diputados.

Fortalecer las competencias y amplitud del Tribunal de Cuentas, de forma que sus sentencias sean efectivas y tengan consecuencias, incluso penales, a los infractores.

11.- TRANSPARENCIA Y CONTROL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Regulación de las convocatorias de contratación pública, mediante una Ley de Transparencia, que de prioridad al sistema de subasta como forma de adjudicación y uniforme y fortalezca el sistema de control, limitando el plazo de los pagos, para que no entorpezcan la financiación de las empresas.

12.- UNIDAD DEL MERCADO INTERIOR DE ESPAÑA

Se requiere una Ley de Mercado Único, que haga viable el desarrollo de los mercados de factores, bienes y servicios,  bajo pautas, requisitos y fiscalidad iguales en todo el territorio nacional, en donde el español debe ser la lengua imprescindible, evitándose así la fragmentación del mercado interior, que las distintas legislaciones autonómicas han producido.

(*) El documento base de “MEDIDAS ECONÓMICAS PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA ESPAÑOLA Y EL EMPLEO” ha sido elaborado por Benito de Diego, economista y miembro del Club Liberal Español. Este texto definitivo integra las aportaciones de Carlos Entrena, Presidente del Club Liberal y de José A. Lozoya, miembro del Club.

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