Revisión en Estados Unidos del derecho constitucional al aborto

Pedro González
Periodista, experto en Política Internacional. Fue director de Redacción de Euronews y fundador del Canal 24 Horas de TVE.
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El Tribunal Supremo de Estados Unidos, mediante sendas sentencias de 1973 y 1992, consagró el aborto como “un derecho constitucional”. Son los casos conocidos como Roe y Casey, en referencia a los dos en los que las reclamantes pedían la revocación de las leyes en cuya virtud habían sido condenadas por haberse practicado la interrupción voluntaria de su embarazo. 

El primero de los casos, Roe vs Wade marcó un hito en la historia del país, y abrió consiguientemente la vía a que el debate sobre el aborto se generalizara en todo el mundo, desembocando en su despenalización en cascada, generalmente por causa de “inviabilidad” o “malformaciones irreversibles” del feto. 

Los magistrados del Tribunal Supremo norteamericano decretaron en aquel entonces, 22 de enero de 1973, que el aborto era un derecho constitucional, si bien precisaba que tal derecho podrían ejercerlo hasta el límite de un trimestre exactamente, por considerarse el periodo a partir del cual el feto podía ser viable, esto es, tener probabilidad de supervivencia fuera del útero. La sentencia Planned Parenthood vs Casey, de 1992, prohibió a los estados imponer una carga indebida (undue burden), y les concedió poder para restringir abortos para los embarazos que hacen peligrar la vida o la salud de la mujer, entre otros motivos.   

Desde entonces, los debates han sido intensos tanto en cada uno de los cincuenta estados que componen la nación de Estados Unidos como en el resto del orbe. Ha sido y es sin duda uno de los principales elementos ideológicos de choque entre los sectores más liberales y los más conservadores de la sociedad, e incluso en países como España se ha llegado a enarbolar ser de derechas o izquierdas, respectivamente,  con oponerse o exigir  la denominada “interrupción voluntaria del embarazo” como un derecho. 

Pues, bien, parece que en estos tiempos nada es inmutable ni definitivamente adquirido. Lo que en su día fue delito, luego se despenalizó y luego se convirtió en derecho, constitucional nada menos, podría dejar de serlo, al menos en Estados Unidos. Y ello, porque la Procuraduría general del Mississippi ha elevado un recurso a la más alta magistratura judicial de Estados Unidos, que éste ya ha aceptado tramitar, para que se anule la “constitucionalidad del derecho al aborto”. La recurrente del estado sureño, Lynn Fitch, esgrime en su alegato que los considerandos y justificantes del fallo que establecían el derecho al aborto eran “escandalosamente erróneos”, y que la evidente falta de fundamento de las sentencias es motivo suficiente para su revocación. 

Tanto un tribunal de primera instancia como el de apelación habían rechazado el recurso de Lynn Fitch. Que el Supremo lo haya aceptado, en cambio, se interpreta como un primer signo de que podría modificar,  siquiera parcialmente, la consideración del aborto como derecho constitucional. 

El choque político y social está, pues, servido y los debates prometen ser más que vivos no sólo en el ámbito político norteamericano sino extenderse también por todo el mundo, y volver a esgrimirse como arma política de confrontación entre partidos y grupos sociales. La primera reacción en caliente a la aceptación a trámite por el Tribunal Supremo de este reexamen se ha producido en el propio estado de Mississippi. Allí, Nancy Northup, la presidenta de la poderosa asociación Centro para los Derechos Reproductivos, abiertamente en favor del derecho al aborto, ha calificado de “aberrante” el recurso elevado al Supremo, a quién acusa de “querer arrebatarnos el derecho a controlar nuestro propio cuerpo y nuestro futuro, no solamente en Mississippi sino en todo el mundo”. 

Otras reacciones, no menos viscerales, se fijan más en la composición actual de la Corte Suprema, una vez que el anterior presidente Donald Trump logró el récord de nombrar a tres magistrados en sus cuatro años de mandato, lo que, según la simplificación habitual, divide al alto tribunal en seis conservadores frente a tres progresistas. Ello da en presuponer que aquellos se impondrán a estos y revocarán por lo tanto el aborto, al menos como derecho constitucional.    

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