Querellas militares internas abortan la transición en Mali

Querellas militares internas abortan la transición en Mali
Pedro González
Periodista, experto en Política Internacional. Fue director de Redacción de Euronews y fundador del Canal 24 Horas de TVE.
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El 18 de agosto de 2020 los militares de Mali arrestaron al presidente Ibrahim Boubacar Keita, lo llevaron al campamento de Kati, situado a una veintena de kilómetros al norte de Bamako, la capital, y le obligaron a dimitir. Este 24 de mayo de 2021 una importante parte del Ejército ha efectuado la misma operación: sacar de sus residencias a la fuerza al actual presidente provisional, Bah N´Daw, y al primer ministro, Moctar Ouane, y confinarlos en Kati, probablemente con las mismas intenciones de hacerlos dimitir si no se avienen a sus pretensiones. También fue al campamento de Kati al que en 2012 los militares condujeron al entonces primer ministro, Cheick Modibo Diarra, para que firmara la correspondiente dimisión.

Entonces como ahora el Gobierno derrocado estaba en transición: en 2012, para restablecer supuestamente la democracia, prostituida según los golpistas por el presidente Amadou Toumani Touré; en este 2021, porque presidente y primer ministro de transición no estaban actuando con la eficacia que al parecer habían prometido para culminar en febrero de 2022 con elecciones presidenciales y legislativas un nuevo proceso de restablecimiento de la democracia.

Pero, además de esa presunta ineficacia, esta vez el detonante de este nuevo golpe de Estado ha sido en realidad una remodelación ministerial que entrañaba la salida del Gobierno de los coroneles Sadio Camara y Modibo Koné, ministros respectivamente de Defensa y Seguridad. Ambos militares gozan de gran prestigio y consideración dentro de las Fuerzas Armadas, sobre todo por su decisivo desempeño en el golpe de Estado del pasado agosto. Y han hecho saber su descontento con la detención de Bah N´Daw y Moctar Ouane. Sometidos estos últimos a las exigencias de los dos coroneles, intentaban con su remodelación ministerial sacudirse la presión sin por ello enfrentarse abiertamente a los militares. Valga como prueba que habían designado para sustituirlos a los generales Soleimán Doucouré y Mamadou Lamine Diallo, a quienes consideraban más moderados y proclives que los coroneles a terminar cediendo la dirección real de la política del país al poder civil. Tampoco pretendían los políticos ahora detenidos restar competencias a los militares dentro del gabinete de transición, ya que les seguían otorgando las mismas cuatro carteras que ostentaban: las de Defensa y Seguridad citadas más las de Administración Territorial y Reconciliación Nacional.

Paso atrás para luchar contra el terrorismo y la emigración ilegal

Bueno, pues todo ese andamiaje tiene todos los visos de venirse abajo, aún a pesar de que tanto la antigua potencia colonial, Francia, como la Unión Europea, además de condenar este golpe reafirman su apoyo al proceso de transición política. Es también la postura expresada por la Unión Africana, la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO), y la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Mali (MINUSMA). Para todos Mali es especialmente importante en tanto que país clave en la lucha contra el avance del yihadismo en la Franja del Sahel así como por su papel de plataforma de parada y relanzamiento de la emigración subsahariana hacia el norte de África y Europa.

Este nuevo obstáculo a su proceso de estabilización viene por lo tanto a añadirse a sus dificultades para afianzarse como dique frente al terrorismo yihadista y la emigración ilegal. Las luchas intestinas de los militares malienses por controlar sectores y empresas que les proporcionen privilegios y dinero distraen obviamente buena parte de los esfuerzos que serían precisos para recuperar el control sobre el inmenso norte del país, perdido de hecho a raíz de la rebelión de los tuaregs, subsumida después por las franquicias de Al-Qaeda en gran parte de la zona.

Queda, pues, suspendido ese proceso de transición hacia la democracia, que tenía la misión de redactar una nueva Constitución, una modificación de la ley electoral y, sobre todo, una adaptación del Acuerdo de Paz de Argel de 2015 para reconocer la autonomía de los grupos y tribus que se habían sublevado contra la lejana autoridad de Bamako. También se incluía en el paquete un formidable aumento del presupuesto militar, con el objetivo de ampliar los escuetos efectivos del Ejército, y dotarles de medios e instrucción acordes con el desafío terrorista.

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