La pandemia no frena la evasión ni el blanqueo de capitales

La pandemia no frena la evasión ni el blanqueo de capitales
Pedro González
Periodista, experto en Política Internacional. Fue director de Redacción de Euronews y fundador del Canal 24 Horas de TVE.

Los seis billones de euros de fortunas privadas escondidas en paraísos fiscales son diez veces la suma de todos los planes e incentivos acordados por la Unión Europea para luchar contra los catastróficos efectos de la pandemia. Una cantidad descomunal, que se superpone o solapa con los 1,37 billones de euros en que Naciones Unidas cifra el blanqueo de dinero de procedencia ilícita a nivel mundial. Son datos facilitados en el informe anual del Grupo de Alto Nivel sobre Responsabilidad, Transparencia e Integridad Financieras Internacionales (FACTI), constituido por la ONU, y hecho público con ocasión de su Asamblea General.

La conclusión no deja lugar a muchas dudas: una vez más se constata que el sistema fiscal internacional, sea por impotencia o por falta de voluntad política, sigue siendo un coladero por el que se escapan gigantescas cantidades de dinero, que eluden la tributación correspondiente en los países en que debieran hacerlo. El volumen del blanqueo equivale al PIB anual de un país como España (también a su actual deuda exterior), y el de las fortunas ocultas en paraísos fiscales a la riqueza que generan  anual y conjuntamente dos países de la envergadura de Alemania y Francia. 

Lejos de atenuarse con la irrupción del coronavirus, la evasión fiscal parece haberse incrementado durante estos meses de confinamiento y ralentización de la actividad económica. Así lo ponía de manifiesto Dalia Grybauskaité, copresidente del FACTI, durante la presentación del informe, que apuntaba también, sin nombrarlos expresamente, a “muchos bancos que colaboran activamente en el robo a los más pobres”. 

La presunta lucha contra el fraude fiscal y la huida de las grandes fortunas a los paraísos fiscales se está saldando, pues, con un rotundo fracaso, al que no han podido poner freno iniciativas de organizaciones intergubernamentales, como la de Cooperación y Desarrollo (OCDE), ni otras de carácter mixto, como la Financial Task Force (FATF), cuyas actuaciones terminan diluyéndose por “la falta de una verdadera autoridad supranacional y neutral”. 

A partir de esa constatación, estos organismos, junto con otras plataformas, como la Tax Justice Network (TJN), exigen una verdadera convención fiscal de la ONU, “que asegure un sistema fiscal global justo y equitativo para todos”. Una petición que, al cumplirse el 75º aniversario de la creación de la ONU, contribuiría a justificar la continuación de su existencia. Si las Naciones Unidas surgieron para evitar nuevas guerras, objetivo que hace tiempo que dista mucho de cumplirse, lo cierto es que la inequidad e injusticia fiscal en un mundo globalizado acentúa no sólo las desigualdades, sino que favorece y espolea la inquina de los países que se sienten expoliados por lo que podríamos denominar un neocolonialismo de la era digital. Evasión fiscal y generalización de los sobornos 

Es precisamente la digitalización de la economía la que convierte en misión casi imposible la localización del dinero oculto y el rastreo para llegar a conocer a los verdaderos titulares, protegidos por una maraña de empresas de propiedad anónima, fideicomisos o fundaciones, a través de las cuales se transfieren beneficios o se evaporan los capitales. Esta arquitectura es la que denuncia, entre otros, Alex Cobham, consejero delegado de TJN, para quién “no es que el sistema fiscal global esté roto, es que está programado para fallar”. 

El documento de FACTI también aborda otro capítulo que inunda transversalmente el mundo de los grandes negocios internacionales, los sobornos, causantes de una multiplicación exponencial de costes adicionales. La lucha a muerte por la conquista de mercados y la obtención de contratos ha multiplicado estas prácticas, que terminan sometiendo a todos los aspirantes, ya que rehusar entrar en ese juego equivale a quedarse fuera. El informe llega a cuantificar ese efecto multiplicador: “un soborno de un millón [de dólares o de euros] puede crear fácilmente un daño de 100 millones, en forma de costes adicionales”, que hay que repercutir en la obra final, pero que va a determinados bolsillos particulares. 

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