Sabemos que las intenciones de NN.UU. al crear “acuerdos mundiales” o tratados de algún tipo, tienen en su horizonte las mejores intenciones desde el punto de vista de supuesto beneficio para todos. Un beneficio que siempre tiene el sesgo de las simples apreciaciones personales de quienes intervienen.
Lo hemos visto en el IPCC o panel internacional para el “cambio climático”, que ha creado una visión apocalíptica del mundo en la que parece necesario que el espacio institucional intervenga con “agendas” de difícil credibilidad. La primera de ellas es el tratamiento como fenómeno extraordinario, algo que es permanente y recurrente a lo largo de miles de millones de años. Si la premisa es falsa el resultado también lo será (menos para los directamente beneficiados).
En esta línea surgen ideas de supuesta protección ambiental marítima cuyo precedente fue la Convención sobre el Derecho del Mar (CNUDM), que en 1958 creó el Comité de NN.UU. sobre los Fondos Marinos, dedicado sobre todo a la explotación minera de los mismos o a la prohibición de uso de armas nucleares, y en 1972 la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano, donde la Asamblea General declaró que “todos los recursos que se encuentren más allá de los límites de jurisdicción nacional, son Patrimonio Común de toda la Humanidad”, sobre derechos de libertad de navegación (una redacción confusa pues si hay “libertad de navegación”, ésta no puede someterse a unas reglas. Sería una libertad restrictiva. Junto a ello cuestiones sobre plataforma marina, una Autoridad Internacional sobre Fondos Marinos y una Comisión de Límites de la Plataforma Continental.
En 19 de junio de 2023 la mayoría de los estados miembros adoptan un nuevo acuerdo “jurídicamente vinculante” sobre la biodiversidad marina, su conservación y… ¿cómo no? “sostenibilidad” más allá de las fronteras nacionales. El tratado se adoptó en la Conferencia Intergubernamental sobre Biodiversidad Marina de Áreas fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ), conocido como “Tratado de alta mar”, cuyo objetivo es: “proteger, cuidar y garantizar el uso responsable del medio marino, mantener la integridad de los ecosistemas oceánicos y conservar el valor inherente de la diversidad biológica marina”. En febrero de 2025 este tratado sería ratificado por España (artº 63.2 de la C.E.) en el marco de la agenda 2030. Sólo en un 30%.
La primera cuestión que se plantea es que, como muchos de los objetivos de dicha agenda, la buena voluntad no significa la eficaz respuesta (por muy coactiva que sea) de carácter administrativo. No está garantizado nada en la Naturaleza donde las normas van por un camino y ella por otro como se viene comprobando una y otra vez. Sirven para justificar una función de miles y miles de personas que cobran por ello en todo tipo de órganos institucionales o privados estableciendo teorías, hipótesis del “podría suceder…”.
Los océanos no son una excepción a la imposibilidad de cubrir objetivos (que nadie va a fiscalizar después). Los océanos que cubren el 71% de la superficie del planeta, mantienen (sostenibilidad) desde hace millones de años el mismo volumen de agua y están en el origen de la vida, pertenecen a la corteza terrestre en su conjunto, ocupando junto a las masas continentales la capa externa de la Tierra y están sometidos a influencia externa de mareas, transgresiones y regresiones marinas, así como a fenómenos tectónicos de deriva continental o desplazamientos del suelo oceánico, vulcanismo, terremotos o factores cósmicos de energías, radiaciones, etc. etc. sobre la biología marina. Ese es el sujeto jurídico a proteger como si fuera un ecosistema inerte, inmóvil y homogéneo en su composición y formas. Como si fuera una piscina casera. En ese mundo acuático proliferaron las primitivas formas simples unicelulares, evolucionando a las pluricelulares, hasta la conquista del medio terrestre. Los océanos son ecosistemas imposibles de controlar y, de hecho, aún se desconocen gran parte de los fenómenos que se dan en sus profundidades, tanto de carácter geológico como biológico.
Nada tiene que ver con la imagen que las normas y el Derecho parecen intentar compartimentar en tratados, leyes y códigos subsiguientes. Estas pertenecen a otro dominio: el de la política, el de las actividades humanas. La pretendida preservación de la biodiversidad ignora que la misma está sujeta indefectiblemente a las leyes de la evolución y adaptación al medio, un medio siempre cambiante y en continua transformación. Es decir, la voluntad humana no tiene nada que ver en todos los variados procesos evolutivos. Pero, como pretexto, no está mal. El problema real es cuando se trata de intervenir en ellos para “conservarlos” según nuestra conveniencias o estrechez de miras.
Son pues las actividades humanas lo que se trata de controlar en el espacio oceánico: desde la posible explotación de sus riquezas, hasta las posiciones geoestratégicas de puertos y rutas marítimas, comercio marítimo o economía global, creando espacios en el gran acuario oceánico a discreción de quien trace los límites, por muy cuestionables que éstos sean en la realidad natural. Serán otro motivo —como en el caso de la “huella” del CO2— de crear nuevos y mayores impuestos, más burocracia sobre asuntos que escapan a la misma y un número mayor de clientes agradecidos y muchos más “lobbys” defendiendo sus intereses. Luego vendrá la realidad y no habrá nadie para responder. Ni siquiera esa IA tan mitificada.
La propia justificación en que se mezclan aspectos naturales (como la biodiversidad) con aspectos artificiales, es el equivalente de intentar mezclar elementos incompatibles: lo artificial chocará inevitablemente con la realidad de lo natural y siempre se provocará un conflicto donde ganarán las fuerzas de la Naturaleza. Como ocurre con las intervenciones sobre las nubes. La supuesta protección de la biodiversidad es una interferencia en los procesos evolutivos naturales de las especies, impidiendo su adaptación a los mismos. No existe además un patrón uniforme —afortunadamente— que permita ir más allá de las buenas intenciones (bien pagadas con fondos públicos) en las que la política juega el papel crucial de conocer e informar verazmente sobre la realidad medioambiental (posición honesta) que supone intervenir lo menos posible y la postura inmoral de intentar sacar rendimiento económico institucional a costa de subvertir o pervertir la realidad desde la desinformación.
