Una política judicializada

Una política judicializada
Jesús de Dios Rodríguez
Fundador del Club de Debate ALETHEIA. Actualmente jubilado. Empresario Import-Expot Sector Servicios. Titulado en Desarrollo y Dirección de Empresas en el IESE (Universidad de Navarra). Titulado en Dirección de Marketing en ESADE. Participó activamente en Política en los años 1986 a 1992. Perteneció al CDS, siendo presidente de la Ejecutiva de Majadahonda.

«Cuando la perspectiva nos lleva a aceptar y justificar los actos y medidas que toman los políticos con sus políticas a pesar de no reparar en la efectividad de las mismas y la dudosa legalidad de otras, como las repercusiones que pueden provocar al estar al margen de las reglas, de las normas, afectando al funcionamiento y al bienestar de la sociedad, dejan claramente al descubierto la falta del conocimiento, de la comprensión y del proceder de lo que define a un sistema de democracia parlamentaria como el nuestro».

La ambición de poder y la nula capacidad de diálogo de nuestros representantes políticos han puesto al descubierto el desprecio y la falta de compromiso con los problemas que afectan directamente a la ciudadanía, le han ido pasando el problema a la justicia en busca de razones y soluciones que corresponden exclusivamente a los poderes políticos, este sistema de conseguir sacar adelante las políticas cotidianas lo que han provocado ha sido un  irresponsablemente conflicto al mezclar la política con la justicia.

Por mi parte, y admitiendo de antemano mi escaso conocimiento sobre temas jurídicos, he consultado opiniones, estudios y artículos de expertos e independientes juristas y constitucionalistas, que me han llevado a reflexionar sobre esta cuestión y la situación de desconcierto y desamparo que está generando actualmente en nuestra sociedad.

Creo que ha llegado el momento de que nos hagamos una honesta y profunda reflexión sobre el sistema democrático, mayoritariamente implantado en todo el mundo civilizado, haciendo especial hincapié en el sistema democrático español. La democracia como sistema de gobierno desde los tiempos de la Atenas de Clístenes (considerado como el padre de la Democracia) así como de Sócrates, Platón, y todos los que le han precedido y que han sido considerados como padres del sistema.

La Democracia está relacionada con el Estado de Derecho como principio de Gobierno. Por definición, Estado de Derecho es el orden jurídico que se caracteriza por la separación de poderes. Una de las claves de la Democracia es la división de poderes, “El poder Ejecutivo (Gobierno). El poder Legislativo (Congreso y Senado). Y en El poder Judicial (Tribunales)” de ellos, el poder Judicial que garantiza que todos estemos bajo el imperio de la Ley, y ese TODOS, no debe excluir a nadie ni situarlo en un plano diferente por razón alguna. Desde el Gobierno a la ciudadanía, pasando por la Administración, el sometimiento al ordenamiento jurídico resulta ineludible e inquebrantable, y ello solo es posible con un control judicial impecable, siendo todo ello garantía de la existencia y ejercicio de los derechos fundamentales y libertades de todos y cada uno de nosotros. El ordenamiento jurídico no puede estar sometido a ningún interés.

La Separación de Poderes no está implementada en la Constitución Española. Los poderes legislativo y ejecutivo no están separados en origen mediante elecciones separadas, sino que en España existen elecciones generales en las que se nombran diputados y senadores a cortes generales. El Congreso nombra por mayoría al candidato a presidente del Gobierno, cuya propuesta se efectúa formalmente por el Rey.

Los poderes en España tienen cada uno su órgano de gobierno (el Judicial tiene al CGPJ, el Ejecutivo el Gobierno y el Legislativo las cortes), se trata de una separación básicamente de funciones, puesto que las designaciones del gobierno dependen del mismo poder que controla la mayoría de las cortes, el mismo que a su vez designa al consejo general del poder judicial, lo que nos viene a demostrar que según la definición clásica de Montesquieu, en España no existe en la práctica, separación de poderes. 

Según Montesquieu, al que nuestros políticos aluden en innumerables ocasiones (unas veces para matar y otras para resucitar sus teorías, según sus intereses):

«Cuando en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistratura, la potestad legislativa y la potestad ejecutiva están unidas, no puede haber libertad; porque se puede temer que el mismo monarca o senado pueda hacer leyes tiránicas, para ejecutarlas tiránicamente».

«De nuevo, no hay libertad, si la potestad de juzgar no está separada de la potestad legislativa y de la ejecutiva. Si estuviese unido a la potestad legislativa, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos seria arbitrario; debido a que el juez sería el legislador. Si se uniera a la potestad ejecutiva, el juez podría tener la fuerza de un opresor».

Montesquieu

Esta situación ha dado lugar a que el derecho ha pasado súbitamente a un primer plano, convirtiendo a los jueces en protagonistas en el escenario económico, financiero y político. Esto nos lleva a pensar que algo falla en el funcionamiento de muestras instituciones, generando una desazón en la ciudadanía que ve un grave e inminente riesgo que amenaza la propia pervivencia del sistema.

Somos conocedores del afán de notoriedad de algunos jueces, calificados como “Jueces estrella”, calificados por sus supuestos o reales errores, por sus tendencias políticas. Los casos con los que se encuentran no los han elegido ellos, los casos de los que se ocupan (de la corrupción, de la financiación de los partidos, y otros muchos menos llamativos, pero no por eso menos importantes) son, obviamente, el resultado de acciones de otros, así como igualmente son otros los que los llevan ante los jueces demandando una respuesta. La justicia es esencialmente rogada, alguien ha de pedirla, y ha de pedirla precisamente a los jueces, que han sido ahí nombrados para tal fin.

La pregunta del millón es ¿por qué toman los ciudadanos en su calidad de administrativos, de electores, de adversarios políticos esta iniciativa? ¿Por qué acuden al juez y, en particular, al juez penal y otros, con estas demandas cuando el trasfondo de las mismas es sustancialmente político? La respuesta está dada desde hace mucho tiempo; porque quien podía decirlo dijo, en efecto, que no aceptaría responsabilidades políticas de ningún tipo hasta que los jueces no declarasen las responsabilidades penales correspondientes.

Quienes han judicializado la política, quienes han convertido a los jueces en estrellas han sido sin ninguna duda los políticos, ante la falta de documentar debidamente, en el lugar natural a su actividad correspondiente, se han apresurado a trasladar los problemas a los tribunales, evitando de esa manera, las responsabilidades que conlleva el tomar decisiones que corresponden a sus cargos políticos que ostentan. La gustosa colaboración prestada por el protagonismo de estos jueces estrella ha provocado el activismo judicial y la mundialización de la política con la consiguiente ruptura del sagrado principio de la separación de poderes. A los jueces que se han atrevido a cuestionar estas conductas se les ha llegado a marginar dentro de su profesión e incluso a tildar de fascistas o comunistas, según la ocasión y el caso.

La falta de acuerdo actual para la renovación del CGPJ, un organismo que está en funciones desde hace más de tres años, supone una demostración de la violación que se lleva a cabo por nuestros políticos de la constitución de 1978. Y, ¿cabría la posibilidad de contemplar que se produjera por responsabilidad una dimisión por parte de los principales cargos del poder judicial? A partir de ahí, podríamos entender como lo que algunos, en defensa de sus intereses personales y políticos no tienen la responsabilidad de solucionar, los miembros del CGPJ evitarían que esta situación se mantuviera indefinidamente en la irregularidad constitucional en la que se encuentra. (los políticos hacen uso de una norma inquebrantable: EN POLITICA NO SE DIMITE).

Está establecido en la constitución, la duración de cada legislatura, al término de la cual, hay que convocar, sin ninguna posibilidad de prórroga, unas nuevas elecciones generales, no es posible la dilatación en el tiempo bajo ningún concepto. Las Cortes Generales como órgano representativo de la soberanía nacional no está nunca en funciones, cada cuatro años está establecida su renovación, no es posible posponer la constitución de las nuevas Cortes una vez celebradas las elecciones. La Diputación Permanente cubre el periodo que va desde la disolución de las anteriores a la constitución de las nuevas. En el caso de un Gobierno, si existe la posibilidad de ejercer en funciones ya que no es elegido directamente por los ciudadanos, sino por el Congreso de los Diputados, aunque solo puede estarlo por tiempo limitado, una vez celebradas las elecciones se tiene que proceder a la investidura del presidente del Gobierno, sino hubiera investidura en el plazo de dos meses, habría que disolver nuevamente las Cortes y convocar nuevas elecciones. Un Gobierno en funciones tiene limitada su capacidad para tomar decisiones como tal.

El CGPJ (que no es elegido por los ciudadanos) es elegido por un periodo de cinco años por el Congreso de los Diputados y el Senado, es necesaria mayoría de tres quintos de cada cámara para su elección.

Por imperativo constitucional tanto el Congreso como el Senado deberían proceder a la renovación del CGPJ cada cinco años, un año posterior a la celebración de las elecciones generales; una vez cumplidos los cinco años de su mandato, el CGPJ carece de legitimación democrática, ya que los que lo eligieron dejaron de existir, por lo tanto el principio de legitimidad democrática al que debe su existencia ya ha caducado, (La renovación de la legitimidad democrática que se produce con cada legislatura también afecta al CGPJ, aunque como hemos dicho antes, con una desviación de un año).

El CGPJ no renovado, es decir, “en funciones”, desde la perspectiva del principio de legitimidad democrática, se encuentra en una posición tan deficitaria como aquella en la que se encuentra el Gobierno “en funciones”. Un CGPJ en funciones es, en consecuencia, una anomalía democrática. Justamente por eso, no está legitimado para desempeñar las funciones de gobierno del poder judicial que el órgano tiene atribuidas.

No puede ejercer, en consecuencia, las más importantes de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional y de los presidentes y magistrados. Hasta que no haya renovación del CGPJ, no se puede proceder a tales nombramientos. El CGPJ motu proprio, debería abstenerse de proceder a tales nombramientos, pero en el caso de que no lo hiciera, el Gobierno dispone de un instrumento para impedirlo.

En el artículo 634 de la LOPJ, justamente por la importancia que tiene la atribución de nombramiento de presidentes y magistrados, se dispone que tendrán que hacerse por Real Decreto. “Adoptaran la forma de Real Decreto, firmado por el Rey y refrendado por el Ministro de Justicia, los acuerdos del CGPJ sobre el nombramiento de presidentes y magistrados” así lo dice textualmente el articulo 634.1 LOPJ. 

El pasado día 30 de setiembre 2020, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, llevo a efecto el nombramiento de seis magistrados del Tribunal Supremo. Dicho nombramiento no tiene más fundamento que una práctica antidemocrática y anticonstitucional por parte de anteriores CGPJ “en funciones”. Carece de cualquier justificación en un Estado democrático de derecho digno de tal nombre, así como en otras ocasiones, una vez más nos lo está demandando, por cierto, la Comisión Europea.

De la misma forma, nos podríamos preguntar si era oportuna la presencia en Barcelona del Rey Felipe VI a un acto organizado por un CGPJ en funciones, sin legitimidad democrática, con una renovación pendiente desde hace más de tres años y que está generando un problema político y constitucional, motivado por el desacuerdo irresponsable por parte de los partidos políticos que siguen dilatando descaradamente esta anómala e irregular situación. Igualmente parece poco afortunada la llamada del Rey al presidente del CGPJ para disculparse como motivo de su ausencia, justificando que fue una llamada a título personal y privada, no tardo en estar en todos los medios de comunicación españoles y extranjeros.

¿Quién paso la información inmediatamente a los medios? ¿fue casual o hubo otros intereses detrás más concretos? Dada la situación actual por la que atraviesa la política española, no parece razonable que el jefe del Estado tome esta decisión desaprobando al Gobierno de la nación alegando la ingenuidad de que fue hecha a título personal y no oficial.

En una democracia parlamentaria el Rey no puede aceptar la invitación sin consultar previamente con el presidente del gobierno si es oportuna o no su presencia. En estos momentos es obvio que la presencia del Rey en Barcelona en un acto organizado por un CGPJ “en funciones”, sin legitimidad democrática, como consecuencia de haberse convertido su renovación en un problema político y constitucional de primer orden, además con el agravante de celebrarse en los días previos a la celebración del 1-O, y la confirmación de la condena sobre el presidente de la Generalitat por el Tribunal Supremo no parece que fuera lo más adecuado para nadie (demasiados pulsos entre los distintos órganos de poder para desmontar una situación generada políticamente como consecuencia de una normativa democrática completamente legal, guste o no).

Los nombramientos de cargos en el poder Judicial no deberían estar condicionados por los partidos políticos, la influencia de los partidos en el sistema actual premia, por encima de los méritos acumulados y la experiencia de los candidatos, la confianza que les transmiten y la tendencia ideológica de los elegidos, pues parece dar tranquilidad a los partidos y a los políticos de cara a los futuros compromisos y conflictos en los que se hayan inmersos, casos políticos como casos civiles y penales. 

Así se ha podido comprobar en múltiples ocasiones como consecuencia, no solo ya de los repetidos reproches y acusaciones entre los distintos grupos políticos, también a través de las múltiples denuncias públicas realizadas  por todos los medios de comunicación, donde hemos podido escuchar conversaciones de cargos públicos relevantes poniéndose de acuerdo para determinar quiénes podrían ser los magistrados más adecuados para ocupar ciertos cargos, la intención de que esos magistrados podrían ser más benévolos y comprensivos hacia los intereses que estaban en juego. 

Las revelaciones que se han denunciado de cómo algunos cargos han utilizado los servicios de inteligencia y de la policía del estado para investigar y perseguir a sus propios compañeros de partido en busca de eliminar posibles contrincantes en beneficio para su propia carrera política. 

Lamentablemente toda esta manipulación ha llevado a la justicia a una situación de descredito de cara a la sociedad que duda de la imparcialidad de la misma según los casos que le toca juzgar. Se hace necesario, imprescindible, una explicación aclaratoria, pues, la falta de respuestas y aclaraciones necesarias como consecuencia de todas estas acciones que se han ido descubriendo, ha ido generado una enorme desafección de la sociedad hacia las instituciones que, en teoría, nos representan. El descredito y la falta de credibilidad sobre los responsables políticos ante la ciudadanía, los ha colocado con la peor valoración de la historia de nuestra democracia.

Hay que salir de una vez por todas de las tesis y las ideas recibidas del pasado, de la defensa de los conceptos de como las cosas que se hicieron en el pasado tienen que seguir haciéndose de la misma manera, debemos preguntarnos si ese proceder tiene una justificación objetiva y razonable.

Estoy seguro que habrá respuestas y comentarios en total desacuerdo con lo aquí expuestos, el derecho da para muchas interpretaciones y seguramente en lo referente a temas de índole política, más todavía, pues añadimos formas de interpretación ideológica, jurídica, constitucional, económica más todo tipo de pensamientos e intereses a nivel particular. No es mi interés juzgar a nadie en particular, solo analizar lo que realmente estamos viviendo y sufriendo día a día todos los ciudadanos, sea cual sea nuestra forma de pensar y condición. La situación es general, no excluye a ningún partido político, todos han alardeado de la implicación y contribución que tuvieron en los cambios que se produjeron a partir del año 1975 en la política española. Todos han alardeado de su activa participación en la Transición (hasta los que pasaban por allí casualmente) que nos llevó de la dictadura a la democracia parlamentaria de la que hoy “disfrutamos” y por lo tanto no están exentos de responsabilidad, todos han contribuido en mayor o menor medida a este maremágnum que nos ha llevado a esta situación de incertidumbre generalizada.

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