Ley de la Corona

Ley de la Corona
Juan Laguna
Promotor y fundador de Tiempo Liberal con actividad política desde la Transición. Funcionario jubilado. Empresario. Productor y dramaturgo. Conservador de Bienes Culturales.
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Es el nuevo “mantra” que, para distraer de otras cuestiones, se nos coloca por delante a los ciudadanos, olvidando que tiene todo un título (II) en la Constitución Española, con su correspondiente articulado donde, eso sí, viene a confundirse con la Jefatura del Estado que, como órgano supremo del mismo, apenas tiene una ligera mención en el art.º 56.1: “El Rey es el Jefe del Estado…” Todo el resto del texto constitucional se refiere a la figura del Rey y a la Corona de España.

Dado que la Constitución es la carta magna del Estado Español, base de todo su ordenamiento jurídico, parece más necesario desarrollar y separar ambas instituciones: una representativa por vía dinástica, la otra funcional para “arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones”.  A ese respecto conviene aclarar a quien corresponde la “inviolabilidad” constitucional, ya que aplicada a “la persona del Rey” con carácter general supone un privilegio inconstitucional que choca con el art.º 14. Por el contrario, si son los actos institucionales de la Jefatura del Estado con el refrendo del gobierno, parece más lógica tal aplicación (tal como se dice en el art.º 71,1) para los diputados y senadores: “por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones” (no de los actos privados).

A este respecto hay que tener en cuenta que la instauración monárquica en la persona de Juan Carlos I, fue una decisión de las Cortes del régimen anterior en base a la Ley 62/1969 de 22 de julio (art.º 4º), ya que su proclamación como Rey de España tuvo lugar el día 22 de noviembre de 1975 (dos días después de la muerte de Franco) y que en dicho acto juró “cumplir las Leyes Fundamentales del Reino y guardar lealtad a los principios del Movimiento Nacional”, celebrándose la ceremonia de “coronación”  el 27 de noviembre en la Iglesia de los Jerónimos.

Todo ello ocurría tres años antes de que viera la luz la Constitución del 78 y en medio de la polémica sobre derecho al trono que correspondía a su padre el conde de Barcelona, que renunciaría a tales derechos el 14 de mayo de 1977, consolidando la restauración monárquica en la figura de su hijo Juan Carlos. Aunque parezcan secundarias las fechas no lo son porque se antepuso la constitución de España como “reino” (art.º 1º de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 6 de julio de 1947) a la proclamación de un Rey (1975) que, como decíamos, hasta la abdicación de D. Juan de Borbón (1977) no sería reconocida desde el punto de vista dinástico. Con la Constitución de 1978, se le asignaba la función de Jefe del Estado.

Como es lógico, en ningún momento se alude a Juan Carlos de Borbón (con apenas diez años) en la citada Ley de Sucesión, sino que dice: “Vacante la Jefatura del Estado, asumirá sus poderes un Consejo de Regencia (presidido por el presidente de las Cortes)…” (art.º 3º). Asimismo, en su art.º 6º dice: “En cualquier momento, el Jefe del Estado podrá proponer a las Cortes, la persona que estime deba ser llamado a sucederle a título de Rey o Regente…” o, en su art.º 8º: “…la persona de estirpe regia que poseyendo las condiciones exigidas por la presente Ley… deban proponer a las Cortes a título de Rey…” que se remata con el art.º 9º: “Para ejercer la Jefatura del Estado como Rey o Regente, se requerirá… y jurar las Leyes Fundamentales, así como lealtad a los principios del Movimiento nacional”. Finalmente, en su art.º 11º, se llega a establecer “el orden regular de sucesión” en la Corona de España.

Sólo tendría lugar la designación de Juan Carlos de Borbón como “Príncipe de España” (art.º 3º) en citada Ley 62/1969 de 22 de julio, tras el primer juramento (art.º 2º, III): “Juro lealtad al Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino” , indicándose en el art.º 4º: “Vacante la Jefatura del Estado, el Príncipe D. Juan Carlos de Borbón y Borbón, prestará juramento y será proclamado Rey por las Cortes Españolas… dentro del plazo de ocho días desde que se produzca la vacante”. De esta forma queda cerrado el círculo del “atado y bien atado”.

Nos encontramos pues ante una monarquía instaurada (no restaurada) por el régimen anterior y proclamada por las Cortes del mismo (con anterioridad a su inclusión en el marco constitucional del 78), que sería restaurada por la abdicación de D. Juan de Borbón en el año 1977. Todo un enmarañado encaje jurídico para establecer una monarquía constitucional en España. 

Por esta razón parecería más razonable que una “ley de la Corona”, una ley que desarrolle orgánicamente la Jefatura del Estado y sus funciones específicas. El art.º 62 las encomienda al Rey, pero no hace mención como debiera: “en su calidad de Jefe de Estado”. Que tales funciones puedan o deban revisarse en el texto constitucional en forma separada y específica o detallarse en la ley que desarrolle esta cuestión, es algo que corresponde a las Cortes estudiar y a la soberanía nacional sancionar.

Cuando en el tradicional discurso navideño a la nación, el Rey parece estar al margen de lo institucional para dirigirse sólo a los ciudadanos, se echa de menos el discurso del Jefe del Estado hacia el mundo institucional y constitucional para poner orden en el mismo, aclarar las confusiones internas en cuanto a la unidad y permanencia de la Nación y desde luego marcar el camino adecuado para mantener y realzar la separación de poderes emanados de la soberanía nacional.

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