La imprescindible reforma del sistema electoral

Por
— P U B L I C I D A D —

“1.- Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado.-
2.-Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del gobierno…”.

(artº 66 de la C.E.)

Desde la Ley 1/1977 de 4 de enero para la Reforma Política, sometida a la aprobación de las Cortes del régimen político anterior, aprobada por referéndum en fecha 15/12/1976, que contemplaba en su artículo 2º.2 la: “elección por sufragio universal, directo y secreto” de los representantes políticos en el Congreso y Senado con la: “potestad de elaborar y aprobar las leyes…”, el panorama ha variado considerablemente, al igual que ha cambiado e incluso se ha pervertido el mundo de las ideologías históricas (“derecha” e “izquierda”) hasta el punto de resultar irreconocibles e intercambiables las ideas que sustentaban un cierto y romántico idealismo plural en la sociedad.

Tal perversión, donde la compra descarada del voto electoral a costa de los presupuestos predomina en la mayoría de los casos, ha hecho de la Política un simple juego de intereses particulares por encima de los intereses generales del Estado, llegando incluso al desmoronamiento institucional de todas sus estructuras. Todo ello es posible por el actual sistema electoral que arranca del R.D./Ley 20/1977 de 18 de marzo de Normas Electorales para regular las primeras elecciones democráticas previstas en la Ley para la Reforma Política, antes citada. En ellas, no obstante, queda claro que: “El derecho de sufragio (que afecta a todos los españoles) es personalísimo e intransferible”. Es un derecho basado en la confianza contractual entre elector y elegido para poder delegar soberanía transferida a los partidos políticos.

Fue ese R.D./Ley 20/1977, el que atribuyó al gobierno de entonces la potestad de regular las primeras elecciones para el Congreso y Senado, así como la distribución del número de escaños por provincias: “…2 diputados por provincia dividiendo el resto en función de la población: 1 escaño por cada 144.500 habitantes o restos de población superiores a 70.000 habitantes, para suavizar los efectos de la irregular demografía y atender a un mayor equilibrio territorial de la representación”, utilizando para la distribución de escaños “la regla d’Hont que resume en una sola operación el funcionamiento del cociente electoral y el cómputo de restos de acuerdo con el sistema de la mayor media” (como vemos una forma “simple” y “clara” de reparto de escaños), lo que viene ya a romper el propósito inicial del sufragio.

Tampoco estaba claro el porqué de un determinado número de diputados en el Congreso (350) y de senadores en el Senado (207), eran los idóneos para obtener una representación política justa de los españoles en las Cortes Generales. Lo misma representatividad podría tener un número más alto o más bajo, ya que lo esencial era (y es) que la representación política real de los electores, no estuviera distorsionada por factores interesados o particulares que pervirtieran en verdadero sentido de la misma. En este sentido ya empezó a confundirse representación territorial con “igualdad” de valor del voto en todo el territorio nacional.

Es este factor de “igualdad” precisamente lo que la Constitución de 1978 intenta establecer como uno de los “valores superiores de su ordenamiento jurídico” (artº 1º.1 C.E.). que, en su artº 14 se proclamará expresamente: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento… o cualquier otra condición o circunstancia…”. Es obvio que el mantenimiento del mismo sistema electoral proporcional por la Ley 5/1985 de 19 de junio del Régimen Electoral General (LOREG), se vulnera el principio de “igualdad” citado, así como se discrimina el valor del voto en razón a las diferentes circunscripciones territoriales (las provincias) por la regla d’Hont. No se discrimina el voto individual, sino la distribución exigida para la obtención de escaños. También el principio de “igualdad” se contempla y se vulnera en el artº 149.1.1ª sobre competencias exclusivas del Estado: “La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de sus deberes constitucionales”.

De acuerdo con todo lo señalado, estaríamos ante un sistema electoral que procede de las Cortes legislativas del régimen anterior, que no ha sido alterado en su metodología y que claramente parece inconstitucional, al violar el principio de “igualdad” consagrado en el texto constitucional. Pero hay otras razones y motivos para la imprescindible reforma del sistema electoral, como son los permanentes cambios demográficos, la organización autonómica del Estado y las circunstancias políticas cambiantes para que las cámaras parlamentarias se ajusten a funciones diferentes y precisas.  El Congreso tiene representación “nacional” y está sólo para asuntos de trascendencia política nacional, mientras el Senado parece ajustarse a asuntos de carácter territorial y autonómico. Es en ese contexto representativo donde se basa la necesidad de reformar el sistema electoral.

De igual forma, deben aclararse en consecuencia las funciones atribuidas a los “poderes del Estado” que emanan de la soberanía nacional. Es decir, que son los que el Estado considera necesarios para su correcta administración. Entre ellos tiene especial relevancia “la potestad de elaborar y aprobar las leyes reside en las Cortes…” (artº 2º.2 de la Ley 1/1977) de acuerdo con la designación “personalísima” (artº 2º.2 del R.D./Ley 20/1977) de cada uno de los electores, lo que establece un contrato personal entre elector y elegido revocable por aquel en cualquier momento.

Tal potestad legislativa encargada a cada uno de los diputados “que no estarán ligados por mandato imperativo” (artº 67.2 C.E.) tal como sucede hoy en los partidos políticos, es la base del sistema democrático, si bien el artº 82.1 de la C.E. deja abierta la posibilidad de que las Cortes Generales “podrán delegar en el gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias no incluidas en el artículo anterior” (derechos fundamentales y libertades públicas),  excepción convertida en norma desde hace tiempo para todos los ejecutivos “cesaristas” (Spengler: “La decadencia de Occidente”) y autócratas.

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