A vueltas con la tributación de las sociedades de servicios

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A vueltas con la tributación de las sociedades de servicios
Fernando Martín Corroto
Abogado del despacho Martín Corroto y Asociados. C/ Santa Engracia nº 64, 5ª planta. Madrid 28010 Teléfono: 91 593 89 49 Fax: 91 593 89 55 Email: martincorroto@martincorroto.com Web: www.martincorroto.com

La Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias (BOE de 28 de noviembre), ha modificado el artículo 27.1 de la LIRPF, con vigencia a partir de 1 de enero de 2015, objetivando las reglas de tributación aplicables a los socios profesionales, quedando dicho artículo modificado en los siguientes términos:

“Se considerarán rendimientos íntegros de actividades económicas aquellos que, procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos factores, supongan por parte del contribuyente la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

En particular, tienen esta consideración los rendimientos de las actividades extractivas, de fabricación, comercio o prestación de servicios, incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras, y el ejercicio de profesiones liberales, artísticas y deportivas.

No obstante, tratándose de rendimientos obtenidos por el contribuyente procedentes de una entidad en cuyo capital participe derivados de la realización de actividades incluidas en la Sección Segunda de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobadas por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, tendrán esta consideración cuando el contribuyente esté incluido, a tal efecto, en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, o en una mutualidad de previsión social que actúe como alternativa al citado régimen especial conforme a lo previsto en la Disposición adicional decimoquinta de la Ley 3011995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados”.

Esto que es difícil de digerir para el Justiciable Tributario, no es más que el afán de poner coto a la utilización de Sociedades pantallas para facturar las prestaciones de servicios realizadas generalmente por el único socio de dicha sociedad, que si lo hiciera a título personal estaría sujeto al impuesto del IRPF con mayor gravamen impositivo, mientras que si lo hace a través del Impuesto de Sociedades, este es menos gravoso y además posibilita el deducirse de determinados gastos que de otra manera en el IRPF no podría.

Cuestión esta tan de moda con los últimos casos de Trillo y Pujalte, pero no los únicos, (véase Monedero, etc.), de utilizar sociedades pantallas “ad hoc”, con apenas horas de vida para proceder a su facturación, amen del tema de la compatibilidad por ser Diputados en la fecha en que hicieron los supuestos asesoramientos objeto de facturación.

Pues bien, una consulta vinculante efectuada ante la dirección general de Tributos ha liquidado definitivamente la posibilidad de pagar menos impuestos mediante la creación de sociedades pantalla. La respuesta a la consulta lleva fecha del pasado 13 de abril, y define el campo de juego en que deben moverse las relaciones entre el socio y la sociedad. O lo que es lo mismo, delimita con reglas objetivas cuándo se debe tributar por IRPF (tipos más elevados) o por Sociedades, más favorable para el contribuyente.

Y lo que dice la consulta es que el ámbito subjetivo de la regla contenida en el tercer párrafo del artículo 27.1 de la LIRPF debe quedar acotado a sociedades dedicadas a la prestación de servicios profesionales.

Es más, que el mencionado socio debería estar dado de alta en el Régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos o en una mutualidad de previsión social que actúe como alternativa al citado régimen especial, y en consecuencia las retribuciones satisfechas por dichos servicios tendrían la naturaleza de rendimientos de actividades económicas, y así podrán calificarse en el

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como rendimientos de actividad económica.

En caso contrario, la calificación de tales servicios deberá ser la de trabajo personal, al preverlo así el artículo 17.1 de la LIRPF al determinar que tienen tal consideración las contraprestaciones o utilidades que deriven «del trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria y no tengan el carácter de rendimientos de actividades económicas.».

En cuanto al IVA, la citada Consulta establece que: ” En este sentido, tratándose de socios que prestan sus servicios a una sociedad, en la que la titularidad o el derecho de uso de los activos principales para el ejercicio de la actividad que constituye su objeto social corresponde a la propia entidad, quedarán excluidos del ámbito de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido, en la medida en que no concurra un elemento fundamental cual es la ordenación de medios propios. A este respecto, tratándose de socios que prestan sus servicios profesionales a una sociedad, la cual tenga por objeto la prestación de servicios de dicha naturaleza, habrá que tener en cuenta, tal y como se ha señalado, si los medios de producción residen en el propio socio.

Por tanto, en caso de que la titularidad o el derecho de uso de los activos principales no correspondan a la sociedad, habrá que analizar cada caso concreto y tener en cuenta todas las circunstancias concurrentes para determinar si existe o no ejercicio independiente de una actividad económica.

De esta forma, la referida relación se debe calificar como laboral, si en función de las condiciones acordadas entre el socio y la sociedad resulta que el profesional queda sometido a los criterios organizativos de aquélla, no percibe una contraprestación económica significativa ligada a los resultados de su actividad y es la sociedad la que responde frente a terceros en los términos anteriormente expuestos.

En caso contrario, dicha relación no cabe encuadrarla en el artículo 7, apartado 5° de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido por lo que las prestaciones de

servicios efectuadas por el socio a la sociedad residente en el territorio de aplicación del Impuesto estarían sujetas al citado tributo”.

Intentando poner fin a los abusos, a ver si es verdad.

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