¿Chantaje al Estado?

¿Chantaje al Estado?
Juan Laguna
Promotor y fundador de Tiempo Liberal con actividad política desde la Transición. Funcionario jubilado. Empresario. Productor y dramaturgo. Conservador de Bienes Culturales.

La palabra “chantaje” (procedente de la francesa “chantage”) significa “presión o amenaza que se hace sobre alguien, para conseguir beneficios o cualquier otro motivo”. La RAE la identifica con “extorsión” con el mismo significado. En el Código Penal se contempla en el art.º 171 en diferentes variantes.

Los chantajes pueden tener un objetivo lucrativo como la obtención de algún tipo de beneficio particular, o psicológico cuando se pretende amedrentar a alguien con la intención de someterlo a la voluntad del chantajista a través de amenazas más o menos sutiles.

Pero ¿qué ocurre cuando este chantaje o extorsión se extiende al Estado? En el mundo de la política tales chantajes están a la orden del día. Los hemos conocido como “acuerdos” (siempre en la opacidad de los despachos privados) donde el intercambio de presiones acabará con la cesión de una parte u otra. Los hemos visto recientemente de una manera más solapada en los escasos y raquíticos debates parlamentarios, bajo el rodillo de mayorías salidas del intercambio de favores. Apoyos a cambio de favores políticos se han venido cociendo desde la Transición, confundiendo el “quid pro quo” de la negociación con el “do ut des” de la exigencia. La política aparece así contaminada por los intereses particulares de unos pocos sobre los generales de la nación, envueltos en el llamado “diálogo”.

Hay ocasiones en que se percibe esa situación extendida a gran parte de las instituciones sometidas a una “omertá” impuesta por un cruce de chantajes de todo tipo. Desde los que no tienen más recorrido que el privado entre personas, hasta los que tienen una mayor calado social, político o económico, que van a influir en las vidas de millones de personas de un país, van a imponer sus propias reglas de juego y van a utilizar a los chantajeados como peones a su capricho. Las llamadas “cloacas del Estado” han sido y son una forma de buscar y encontrar motivos para el chantaje a los contrarios, utilizando para ello —como hemos visto— a los propios servicios de seguridad del Estado, cuya función constitucional es la de protección …del libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana” (art.º 104.1 C.E.), no de los gobiernos de turno.

El Estado en su cúspide, queda definido en el art.º 56.1 de la C.E.: “El rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones… y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes”. Es decir, mantiene el control institucional derivado de la propia Constitución y de sus preceptos, para evitar conflictos e interferencias de unos poderes en los otros o el mantenimiento de la nación, tanto en su aspecto político y administrativo como en el territorial y simbólico. Entre tales funciones el art.º 62 establece algunas que -en teoría- sirven para apoyar la figura del rey como jefe del Estado.

La primera de ellas (a) es “sancionar y promulgar las leyes”. Es decir, dar el VºBº a las normas emanadas del legislativo/ejecutivo (siempre que no vulneren la propia Constitución) para darlas a conocer públicamente. Todo ello supone que debe conocer, criticar en su caso e incluso abstenerse de sancionar cualquier norma inconstitucional. De hecho, sería un control más (aparte del que deben ejercer los altos cuerpos institucionales) para evitar cualquier atentando a la letra o al espíritu del texto constitucional, pero… el art.º 91 de la C.E. tiene un carácter imperativo: “El rey sancionará en el plazo de quince días, las leyes aprobadas por las Cortes Generales y las promulgará y ordenará su inmediata publicación”. Lo que coloca al jefe del Estado en una posición de obediencia de hecho a uno de los poderes (el Ejecutivo o Gobierno) y sus mayorías parlamentarias. Pierde su condición de árbitro neutral de las instituciones del Estado, para sancionar en realidad los deseos del Gobierno.

La segunda de ellas (b) que dice: “convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución” o la tercera (c): “convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución”, tienen en realidad parecidas servidumbres formalistas constitucionales, donde la jefatura del Estado queda sometida de nuevo al ejecutivo y su mayoría parlamentaria, lo que anula y contradice el mandato del art.º 56.1 de la C.E.

Aquí nos encontramos con una forma de chantaje jurídico contradictorio que surge del propio texto constitucional sobre la figura del jefe del Estado, cuyos actos “serán refrendados por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes” (art.º 64.1 C.E.). Es de suponer que tales actos se refieren a los estrictamente institucionales, ya que a continuación se establece: “de los actos del rey serán responsables las personas que los refrenden”. De todo ello se deduce que, todo lo que hemos ido conociendo de presuntos actos incorrectos o irregulares en la jefatura del Estado, pertenecen a actos privados no refrendados formalmente por el Gobierno y, entonces, el concepto de “inviolabilidad” carecería de sentido.

Nuevamente nos encontramos con la contradicción jurídica que permitiría el chantaje personal y político entre quienes saben, conocen y permitieron actos contrarios a la ley, a la Constitución o al Estado, durante todos los años de la llamada “transición política” en España. De ahí las numerosas voces que han venido reclamando una revisión crítica y el consiguiente reajuste y actualización constitucional desde el rigor jurídico y la moderación política, sin ningún resultado. De ahí que tal revisión pueda ser realizada desde otros intereses ideológicos y partidarios —cuando no de carácter puramente económico— desde otros sectores ajenos al propio Estado con influencia en sus instituciones.

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