Las pensiones y su financiación [1]: La economía sumergida en España

¿Su lucha puede ser una fuente de ingresos para las Pensiones?

Las pensiones y su financiación
Jesús Sanz Calleja
Ingeniero Industrial. Experto en Pensiones. Ex-Portavoz de la Coordinadora en Defensa de las Pensiones Públicas.

En el conjunto del estado la deuda ascendía en enero de 2019 a 1,2 billones de euros, un 98% del PIB.

La deuda contraída en la Seguridad Social se ha elevado en los últimos años hasta 41.190 millones de euros.

Comparado con enero de 2018 la deuda de la Seguridad Social ha crecido alrededor de 30.000 M de euros. Esta tendencia negativa va a condicionar la sostenibilidad y el futuro de las pensiones

Las cotizaciones de los 19 millones de trabajadores en activo no son suficientes para cubrir los gastos de la Seguridad Social especialmente en Pensiones.

El Fondo de Reserva está prácticamente agotado solo quedan poco más de 4.000 M de euros, que no dan para cubrir ni una paga de las pensiones.

Esta situación obliga a tomar medidas y buscar nuevas fuentes de financiación para cubrir el gasto en pensiones que ya llega alrededor de los 150.000 M de euros. Esta cantidad que, en un sistema de reparto debe ser cubierta con las cotizaciones de los cotizantes activos no es alcanzable si no se busca una reducción de los gastos que se imputan a pensiones y que no son propios y si además no se aumentan los ingresos con otras fuentes de financiación.

Una de esas fuentes de financiación, no la única, es la persecución del fraude fiscal y laboral que se produce con la economía sumergida 

Economía sumergida

La economía sumergida está formada por todas las actividades económicas ilegales (blanqueo de capitales, drogas, tráfico de personas, ,etc) y aquellas operaciones que permanecen ocultas a la administración, que evitan la fiscalización, y eluden el pago de las cuotas a la Seguridad.

La Economía sumergida en España supone más de 200.000 Millones de euros, un 20% del PIB. Recuperar una parte de ella puede suponer un “maná” para las arcas del Estado fácilmente superior a 60.000 Millones de euros. Esta lucha puede suponer ingresos suficientes para sostener el futuro de las pensiones. Se necesita una voluntad política poniendo los medios suficientes para alcanzar niveles estructurales europeos.

La economía sumergida en Europa

Los países con mayor economía sumergida en Europa son los de última incorporación a la UE, es el caso de Bulgaria, Rumanía, Croacia, Paises Balticos, Hungría con valores entre el 23% PIB y el 30%. PIB

Les siguen los países del sur de Europa como  Grecia, Italia, España y Portugal con porcentajes del PIB superiores al 17% del PIB.

Finalmente Austria,  Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Alemania, Francia, y Suecia, por este orden, son los que menos economía sumergida tienen, desde el 7% PIB al 15% del PIB. La media de la UE se sitúa en el 18,2% del PIB.

El diferencial con estos países es superior al 3%. Podría suponer un ingreso de aprox. 30.000M de euros.

Fraude fiscal y laboral

La Economía sumergida supone no pagar impuestos en algún momento o realizar algún trabajo sin cotizar por él a la Seguridad Social. Un ejemplo es la pregunta tradicional “ con IVA o sin IVA “.

El primero es el fraude fiscal que engloba el impago de impuestos, desde el IVA hasta el de la Renta, pasando por el impuesto sobre Sociedades. El fraude fiscal se puede nutrir del pago en “B” del consumo, de los ingresos empresariales o profesionales no contabilizados o de los beneficios de las multinacionales que evaden a paraísos fiscales. Supone alrededor del 65% del fraude total.

El fraude laboral se refiere a las actividades irregulares en el mercado de trabajo, con el impago de las cotizaciones sociales y la falsa contratación de prestaciones ilegales, incluso pagando parte de la nómina del trabajador en dinero negro como sucede con contrataciones parciales. Representa más de un tercio del fraude total.

Bolsas de fraude debido a la economía sumergida

Las grandes bolsas de fraude de la economía sumergida son las operaciones de compraventa de las empresas constructoras e inmobiliarias, las contrataciones a tiempo parcial, los falsos autonomos y las actividades del ejercicio de profesiones liberales, esto supone menos ingresos para la Seguridad Social y a la vez una reducción del empleo legal.

La evasión fiscal en el sector inmobiliario representa 8.600 millones de euros anuales.

Las compañías con domicilio en España con facturación entre 2 y 6 millones de euros sorteaban los controles fiscales y no eran auditadas.

Medidas para luchar contra la economía sumergida en España

Se deben perseguir los delitos derivados del incumplimiento de la obligación de todos los contribuyentes en contribuir con impuestos, declaración de patrimonio y otros actos delictivos, Medidas a adoptar:

  • Potenciar la investigación de las grandes bolsas de fraude y la evasión fiscal.
  • Intensificar la inspección fiscal y laboral con el nombramiento de nuevos inspectores. Reforma del Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria.
  • Desde el 2007 la plantilla de la Agencia Tributaria ha disminuido No a la amnistía fiscal.
  • Evitar el fraude bancario
  • Eliminación de los paraísos fiscales
  • Límites de pagos en efectivo
  • Colaboración ciudadana en  eliminar las infracciones laborales

Otras fuentes de financiación

Otras fuentes se deben de explorar a fin de enjugar esa deuda de la Seguridad Social y que pueden producir los ingresos suficientes para que el Sistema sea sostenible y que deben ser objeto de un análisis profundo, así como la reducción de gastos.

Algunos ejemplos pueden ser:

  • Incremento de las bases máximas de cotización, “Destope de las cotizaciones” 7.500M de euros.
  • Incremento de la base mínima de cotización, por aumento del SMI. 3.500M de euros.
  • Creación de 3M de empleos de calidad. 15.000M de euros.
  • Crear un nuevo impuesto a los Bancos y a las transacciones financieras. 2.000M de euros.
  • Nueva Reforma fiscal progresiva. 12.500M de euros
  • Impuesto a los Robots por la automatización de centros productivos que en los próximos años pueden reducir un 30% el empleo. 10.000M de euros.

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