Matices

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Carlos Miranda
Carlos Alonso Miranda y Elío, V conde de Casa Miranda, es un diplomático español Licenciado en Derecho, que fue Embajador de España en el Reino Unido desde julio de 2004 hasta 2008 y Embajador Representante Permanente de España en el Consejo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) desde julio de 2008 hasta su cese en febrero del 2012.

Los matices importan. No basta pintar con brocha gorda. ¿Son el Estado y el Gobierno lo mismo? No, pero el Gobierno debe defender ante todo los intereses del Estado que son los de todos los españoles. ¿Ocurre con la solicitud de abstención a una ERC que exige, para la Investidura de Sánchez, un informe favorable a Junqueras de la Abogacía del Estado?

Judicatura y Fiscalía son independientes del Ejecutivo. La Abogacía del Estado, en cambio, depende del Gobierno. Ahora bien, eso no implica redactar informes contrarios a derecho. Esta Abogacía es veterana y profesional. La última palabra la tiene el Tribunal Supremo en el caso que nos ocupa, pero no por ello se espera que la Abogacía vaya a posicionarse políticamente en lugar de jurídicamente. Debiéramos de comprobarlo cuando entregue ese informe.

También podemos rebuscar en los EEUU si la actitud de congresistas y senadores respecto de la eventual destitución (Impeachment) de Donald Trump es partidista. La destitución ha sido votada en la Cámara de los Representantes (mayoría demócrata). Debe ser ahora trasladada al Senado (mayoría republicana) que tiene que juzgar a Trump y donde los Demócratas quieren aportar más pruebas y testigos. Los Republicanos se oponen.

Los senadores republicanos probablemente lleguen a un acomodo con los demócratas. De lo contrario, puede que en la Cámara Baja voten una segunda destitución con nuevas pruebas documentales y testificales para incriminar al Presidente. ¡Sorprendente! ¡Otro “Impeachment” seguido! Sería como un segundo juicio consecutivo o complementario. Lo nunca visto.

Es difícil que el juicio en el Senado sea imparcial porque es esencialmente político a pesar de que es evidente el abuso de poder por parte de Trump al condicionar una ayuda a Kiev a una investigación ucraniana contra un rival para la Casa Blanca. Muchos políticos americanos confunden sus intereses partidistas con los nacionales. Los padres de su Constitución (1787) deben de revolverse en sus tumbas. En otros países, desgraciadamente, ocurre igual. ¡Como para quejarnos solo en España!

El caso Khashoggui es un caso extremo, aunque un ejemplo más de confusión de intereses. Se asesina a un periodista incómodo y luego se juzga únicamente a los ejecutores condenándoles a muerte o a prisión mientras se absuelve a imputados cercanos al poder. ¡Qué suerte la de vivir en España donde incluso se debate el excarcelamiento de un reo de rebelión!

Sin embargo, hay que seguir perfeccionando, incluso en detalles, nuestra democracia. Si un candidato a Presidente del Gobierno no estuviese en la Moncloa, le llamarán “candidato”. Pues lo mismo ocurre si es asimismo Presidente en funciones. Hay momentos en los que actúa como tal y otros como candidato a la investidura. Un matiz importante.

Sin embargo, esta distinción no es respetada ni por bastantes medios informativos ni por miembros del propio Gobierno cuando se señala, por ejemplo, que el Gobierno en funciones negocia con ERC la investidura de Sánchez o que el Presidente del Gobierno en funciones, y no el candidato, se reúne con otros políticos para obtener su apoyo. El lugar para ello es también importante para subrayar que Sánchez actúa solo como candidato y la Moncloa no está bien indicada para ello. Es una cuestión formal, ciertamente, pero en las democracias es esencial el respeto de las formas.

¿Y en el caso del informe de la Abogacía del Estado? La duda surge por el mero hecho de que ERC haya exigido un informe favorable a Junqueras y que Sánchez no haya zanjado inmediata y claramente que la Abogacía actuaría bajo su exclusiva responsabilidad. La ministra de Defensa, Margarita Robles, respaldó así a la Abogacía este jueves. Más vale tarde, pero la Fiscalía presentó su opinión al Tribunal Supremo nada más abrirse el plazo para ello. Algunos dicen que para evitar presiones gubernamentales. ¿De verdad? De ser cierto, sería preocupante. Mientras, la Abogacía “peina” su informe. ¿Algún motivo? ¿Rechazando o sucumbiendo a las presiones? Veremos.

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