La constitución de Cádiz

José Mª Montoto
José Mª Montoto es abogado, miembro del Aula Política del Instituto de Estudios para la Democracia, Vicesecretario de Foro de la Sociedad Civil y Vicepresidente del Club Liberal Español.

Bicentenario de la Pepa

NOTA EDITORIAL

Con motivo del Bicentenario de  la Constitución de 1812 hemos querido unirnos a la celebración del nacimiento de la Pepa, con este excelente documento de José Montoto que puede leerse integramente.

Según Joaquín Sabina, “no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió”, sobre todo si los que la sienten son los historiadores, porque como dice Jorge de Esteban, “los historiadores tienen un poder del que carece el mismo Dios: el de cambiar y reconstruir el pasado”, que, “como está muerto y no puede defenderse contra quienes lo invaden –que diría el malogrado Francisco Tomás y Valiente- vemos cómo cada cuál lo interpreta y utiliza a su antojo”. Asegura igualmente Jorge de Esteban que “una victoria anodina puede verse eclipsada por una derrota debidamente mitificada”. En Cádiz paso justamente lo contrario: que el fracaso de una Constitución en el intento de dotar al país de una configuración y de una organización políticas estables, se vio eclipsado por la mitificación fruto de la añoranza.

La “Constitución Política de la Monarquía Española” –que esa es su verdadera y oficial denominación- promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812 es sin duda el texto jurídico-político más interesante del constitucionalismo español, pero posiblemente también del constitucionalismo occidental, que es tanto como decir de la historia mundial del constitucionalismo. Su estudio resulta apasionante desde cualquier perspectiva: jurídica, política, histórica, social…, lo que ha provocado en todos los tiempos una ingente historiografía (ya Carlos Marx en 1855 pudo decir que existía “toda una biblioteca en pro y en contra” de ella), sobre todo cada vez que se aproxima una significativa conmemoración, como ocurrió con la del 150 aniversario, que el Instituto de Estudios Políticos anticipó con la publicación en el año 1959 de una obra imprescindible para comprender “Los orígenes de la España  Contemporánea” (Miguel Artola) y celebró en 1962 con un número monográfico (el 126) de su Revista, al que aportaron sus valiosas colaboraciones historiadores de la talla de Melchor Fernández Almagro, Federico Suárez, José Luis Comellas, Diego Sevilla Andrés, Ramón Solís, Luis Sánchez Agesta, Juan Ferrando Abadía, Hans Juretschke, Joaquín Tomás Villarroya, Diego Mateo del Peral, José Manuel Pérez Prendes, Demetrio Ramos y Otto Stoetzer.

En los últimos años, ante la conmemoración de su bicentenario, el número de monografías aparecidas es incontable, como casi también lo es el de los tratados colectivos, desde el coordinado por José Álvarez Junco y Javier Moreno Luzón (“La Constitución de Cádiz: historiografía y conmemoración. Homenaje a Francisco Tomás y Valiente”) editado en 2006 por el Centro de Estudios Constitucionales, pasando por el dirigido por José Antonio Escudero (“Cortes y Constitución de Cádiz, 200 años”) editado en tres volúmenes por Espasa Calpe con el patrocinio de la Fundación Rafael del Pino el año pasado y que, al decir de Manuel Moreno Alonso, está llamado a ser “un punto de referencia de primer orden” para el conocimiento de la materia, o como, en fin, el recientemente editado por la UNED en tres números monográficos (82, 83 y 84) de su Revista de Derecho Político, el último de los cuales está aún por aparecer, de más de 600 páginas cada uno, en los que colaboran más de 50 especialistas de las más variadas materias.

Ante esta ingente bibliografía resulta poco menos que imposible aludir, siquiera sea a uña de caballo, a los muchos aspectos de interés que, por somero que sea, un estudio de la Constitución del 12 plantea (y que ella se merece) en los 15 o 20 minutos que el Presidente me ha dado para ello. Se precisarían tal vez más años de los que el destino tenga previsto concederme. Sobre todo si tenemos en cuenta que carecería de sentido y de rigor acometer un estudio del texto constitucional del 12 aislado de su contexto histórico, político, social e incluso jurídico, quiero decir, sin enmarcarlo en la totalidad de las singulares circunstancias por las que nuestro país atravesó desde la restauración borbónica en los inicios del siglo XVIII, especialmente en las dos primeras décadas del XIX, y más concretamente aún, en los “cuatro años y un día” (como en las condenas penales) que transcurren entre el Motín de Aranjuez el 18 de marzo de 1808 y la promulgación de la Constitución el 19 de marzo de 1812. “Cualquier discurso político o ideológico que se construya sobre ésta [la Constitución del 12] –dice Manuel Moreno Alonso- carece de sentido si se prescinde de la crisis histórica de proporciones revolucionarias –dinástica, política, social y jurídica- que se abrió en 1808” (La Constitución de Cádiz. Una mirada crítica.- Ediciones Alfar.- Sevilla, 2011.- Pág. 54).

Por lo demás, e independientemente de ello, aunque la exégesis de un texto nunca pueda dejar de ser eso mismo, esto es, un análisis de su contenido, en el caso de la Constitución de Cádiz éste es lo de menos. Lo que la hace única en su género es su proyección histórica y territorial, su trascendencia sobre lo temporal, su simbolismo, eso que la ha llevado a convertirse en un verdadero mito y cuya averiguación nos remite a lo anterior, es decir, a preguntarnos hasta qué punto esto es mérito de su propio contenido o efecto del contexto histórico en que se produce, mejor dicho, del contexto histórico que “la” produce, porque tal es mi personal percepción del resultado constitucional del doceañismo, que es más un fruto, aunque extemporáneo, de las circunstancias (nacionales, pero también internacionales) de la época en que nace, que de la iniciativa de quienes la hacen nacer. ¿Y por qué “extemporáneo”? Pues porque, en mi opinión, debería haber nacido 20 años antes; y para instaurarlo e implementarlo bastantes años después.

Efectivamente, la necesidad de elaborar una constitución fue sentida desde tiempos muy tempranos y de modo unánimemente compartido tanto por todos los estamentos y clases sociales como por las diversas tendencias políticas en liza: los conservadores realistas, los reformadores ilustrados tradicionalistas y los liberales innovadores de diversas tendencias. No había mejor forma de neutralizar a la espuria promulgada en Bayona. La Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino, creada el 25 de septiembre de 1808 para asumir las competencias de las 18 Juntas Provinciales originalmente establecidas, creo una Comisión de Legislación (Jovellanos la llama de Constitución) que inició sus trabajos en noviembre de 1809 sentando las bases de una futura norma fundamental sobre el principio de separación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Igualmente compartida por todos los sectores y tendencias, desde que por aquellas mismas fechas el Diario de Sevilla publicara una serie de artículos sobre los regímenes políticos, era la convicción de que el mejor sistema para España sería el consistente en una monarquía hereditaria limitada, como también lo era la de que la nueva Constitución debería buscar su legitimidad en la de las “leyes fundamentales” de los diferentes Reinos de la Monarquía Española: Castilla, Aragón y Navarra, idea que se mantiene hasta el final y que obliga a don Agustín Argüelles a afirmar, cínicamente, en el “Discurso Preliminar Leído en las Cortes al Presentar la Comisión de Constitución el Proyecto de Ella”, lo siguiente: “Nada ofrece la Comisión en su proyecto que no se halle consignado del modo más auténtico y solemne en los diferentes cuerpos de la legislación española, sino que se mire como nuevo el ‘método’ con que ha ‘distribuido’ las materias, ordenándolas y clasificándolas para que formasen un sistema de ley fundamental y constitutiva, en el que estuviese ‘contenido con enlace, armonía y concordancia’ cuanto tienen dispuesto las leyes fundamentales de Aragón, de Navarra y de Castilla en todo lo concerniente a la libertad e independencia de la Nación, a los fueros y obligaciones de los ciudadanos, a la dignidad y autoridad del Rey y de los tribunales, al establecimiento y uso de la fuerza armada y al método económico y administrativo de las provincias”. Pretende evidentemente hacernos creer el taimado don Agustín que la nueva Constitución que tan solemnemente va a ser promulgada no es, en realidad, mas que lo que hoy llamaríamos un Texto Refundido de las leyes fundamentales históricas, pero vigentes, de los diversos reinos de la Monarquía.

No pretendo sostener que con anterioridad al inicio de las sesiones de las Cortes existiera ya un borrador consensuado del texto de la futura Constitución, pero sí de las cuestiones fundamentales a tratar en ellas. Manuel Moreno Alonso (op.cit., págs. 74 y 75) nos dice (la cita es larga, pero esclarecedora): “Este ‘espíritu’ existente en los días de Sevilla [se refiere a los vividos en dicha capital antes de que la Junta Central se disolviera a finales de enero de 1810 cediendo todos los poderes al Consejo de Regencia] dejó su impronta lo mismo en los ponentes del proyecto de constitución que en los del Discurso Preliminar. Pues aunque, desde luego, no hubiera un texto previo sobre el que se redactó la Constitución, hubo un razonamiento o una puesta en común que se fue desarrollando sucesivamente a medida que el proyecto se redactaba. Muy destacada fue entonces, como después en Cádiz, la aportación inicial de Ranz Romanillos (anterior miembro de la Junta de Bayona y autor material de la redacción de las Actas de sesiones entre el 15 de junio y el 8 de julio de 1808) quién, según se desprende de las Actas de la Comisión, siendo ajeno a ésta, tenía en su poder un proyecto de Constitución realizado sobre determinadas bases que adoptó la Comisión creada para este objeto  por la Junta Central”, aunque es indudable que éste que hoy llamaríamos “consenso” previo sobre el futuro texto constitucional no se extendía al carácter mono o bicameral que habrían de tener las Cortes Extraordinarias Constituyentes que habían de ser convocadas ni las Ordinarias posteriores que en ella se instituyeran.

Sobre el proceso de convocatoria de las Cortes conviene detenerse aunque sea brevemente. Anunciada (por Decreto de 28 de octubre de 1809) para el 1 de enero de 1810 y su reunión para marzo de ese mismo año, se acordó convocar a los tres estamentos tradicionales. “Sin embargo –dice Manuel Morán Ortí- faltaban aún por resolver otros aspectos de importancia capital, como el número de cámaras y de diputados, o el sistema electoral para el brazo popular. Sobre lo primero, la Comisión propuso el sistema bicameral (18 de diciembre), pero para ello hubo de desentenderse de la recomendación de la Junta de Ceremonial y combatir el dictamen –sorprendente- del Consejo, a favor de la reunión de los estamentos en una sola cámara” (La formación de las Cortes (1808-1810).- En Las Cortes de Cádiz.- Edit. Miguel Artola.- Marcial Pons Ediciones de Historia, S.A.- Madrid, 2003.- Pág.31). Tras mantenerse al respecto diversas posiciones, la Junta Central, el 20 de enero de 1810 optó por el sistema bicameral. Pero la carencia de una relación completa de nobles y prelados con derecho a integrar la cámara alta impidió que se efectuara de inmediato su convocatoria. La del estado llano se había efectuado, como estaba previsto, el 1 de enero.

Así las cosas, los acontecimientos se precipitan. La entrada de los franceses en Andalucía y el motín de Sevilla el 24 de enero obligan a la Junta a refugiarse en Cádiz y a ceder el mando al Consejo de Regencia. Pero antes de ello, como último acto de ejercicio de su soberanía, el 29 de enero promulgó un Decreto estableciendo el modo de celebración de las Cortes. En esencia las configuraba:

– como una asamblea estamental, en dos cámaras que deliberarían por separado y contaría con una representación supletoria para América y para la zona peninsular ocupada por los franceses;

– que gozaría de capacidad legislativa;

– pero que estaría bajo el control del Consejo de Regencia, que presidiría sus sesiones y gozaría de facultades para disolverla.

Tal decreto, sin embargo, se “perdió”. Su existencia no fue conocida hasta que en el mes de septiembre, cuando las Cortes estaban a punto de celebrar su reunión inaugural, José Mª Blanco White lo publicó desde Londres en el nº 6 de El Español (Obras Completas.- Editor general Antonio Garnica Silva.- Editorial Almed.- Granada, 2009.- Vol.III.- Págs. 177 a 193). De su “extravío” se culpó al que para muchos pasa por ser el padre del liberalismo español: don Manuel José Quintana y Lorenzo, depositario que fue de los papeles de la Secretaría de Gracia y Justicia, aunque su biógrafo Albert Dérozier (Manuel José Quintana y el nacimiento del liberalismo en España.- Turner.- Madrid, 1975) atribuya inverosímilmente la paternidad de la ocultación a Jovellanos, a don Martín de Garay o a don Juan Acisclo de Vera y Delgado, arzobispo de Laodicea.

Lo cierto es que las Cortes finalmente se inauguraron solemnemente y dieron inicio a sus sesiones el 24 de septiembre de 2010 en la isla de León integradas por una sola cámara.

El descrito incidente, así como la desde el principio ejercida preponderancia del sector más avanzado del liberalismo en el desarrollo de las sesiones de Cortes, apoyada e incluso impuesta por la presión de la opinión pública en unas circunstancias tan excepcionales, ha llevado a algunos autores a hablar, más que de la existencia de una “revolución liberal”, de un verdadero “golpe de mano de los liberales dentro de la revolución española”, tanto más cuanto que dicho predominio no se debía a su mayoría numérica, sino a su audacia, como nos dice Jorge de Esteban al definir el desarrollo de la labor constituyente como una lucha entre los nacionalistas tradicionales y los nacionalistas liberales en la que sobre todo contó “la astucia, la preparación, la inteligencia y la juventud” (La Constitución de Cádiz y su imposible reforma.- Cortes y Constitución de Cádiz, 200 años”.- Op.cit.- Vol.III.- Pág.417).

Sin embargo el principal defecto, más de los liberales constituyentes que del propio texto constitucional de 1812, fue su falta de realismo y pragmatismo o, por el contrario, su falta de determinación. Su actitud podía haber sido:

a) La de tomar en consideración una serie de circunstancias que hacían inviable una postura maximalista, “a la francesa” en vez de “a la inglesa”, cuando incluso en Francia habían remansado ya los primeros ardores revolucionarios; o

b) La de jugarse el todo por el todo, deponiendo al monarca (cortándole incluso la cabeza) y enfrentándose a todos los poderes fácticos del Antiguo Régimen, Altar incluido, privándolos de legitimidad, como en el caso francés veinte años antes.

Se quedaron sin embargo a medio camino:

a) Adoptaron una serie de medidas (soberanía popular, sufragio universal activo, etc) para las que España, ni incluso en ese momento Europa, estaba preparada, enajenán-dose gratuitamente la voluntad de importantes sectores con cuyo concurso contaron en un principio y podían haber seguido contando si hubieran querido incorporarlos a su proyecto, como la Iglesia, la alta aristocracia, una parte importante de la burguesía ilustrada (afrancesados incluidos), el ejército (la estupidez más perniciosa cara al futuro fue la de provocar su enfrentamiento), e incluso el propio pueblo;

b) Sin embargo respetaron la institución de la Monarquía (incluida la legitimidad de su titularidad en la persona del propio Fernando VI), aunque pretendieran moderarla.

Dice con razón Artola que todo poder precisa de legitimidad y que para que un proceso revolucionario triunfe (e indiscutiblemente aquél lo fue, por cuanto intentó cambiar el sistema imperante por otro radicalmente distinto), se requiere que logre exitosamente:

a) Privar de legitimidad al poder que se sustituye;

b) Dotar de legitimidad al nuevo poder que en su sustitución se establezca.

Los liberales doceañistas pretendieron lograr lo segundo sin siquiera intentar lo primero, y hacer compatible un sistema constitucionalmente muy avanzado (el más de Europa, tanto en aquél momento como cuando, seis años más tarde, lo intentaron de nuevo) con una monarquía heredera de los peores resabios absolutistas, encarnada en un monarca como Fernando VII, desoyendo cuantas advertencias (como las de Blanco White y otros muchos, entre ellos el propio Jovellanos) aconsejaban moderación y prudencia. Que llevaban razón lo demostró el tiempo.

Decíamos que desde el primer momento provocó tanto las más encendidas pasiones como las más acerbas críticas. Entre las primeras no deja de ser sospechosa la que suscitó en Juan Nepomuceno Fernández Lindo, que la equiparó poco menos que a las Tablas de la Ley que Dios en persona entregó a Moisés en el Sinaí o al propio texto de la Biblia, de inspiración indudablemente divina, cuando en carta al Gobernador de Comayagua le decía: “He tenido la gloria de leer nuestra Constitución Nacional y meditarla tres días en esta soledad propia para el efecto -ignoramos a qué concreto solitario lugar se refería-. Es obra del Altísimo: las Cortes no han sido más que un instrumento de la Omnipotencia. Los mismos que la sancio-naron no podrán saber de donde vino la armonía y el concierto de esta obra”. Y entre las críticas (tan preocupantes desde luego o más que el anterior elogio), las que mereció a los liberales ingleses coetáneos, como al propio Duque de Wellington, a Lord Castlereagh, al mismo Lord Hollan (que expresó a Blanco White su disgusto por considerarla de imposible cumplimiento y contener ”demasiadas definiciones”, o a Lord Palmerston, que la calificó de “la más absurda y estúpida de las constituciones”. A este respecto resulta significativo el título del libro publicado en 1987 por José Andrés Gallego: “El proceso constituyente gaditano: Cuarenta años de debate”. Pocos me parecen, pero en cualquier caso a esos 40 habría que sumar los 24 transcurridos desde la fecha de su publicación.

¿Cuáles son los principales defectos que incluso sus más fervorosos defensores señalan en el texto constitucional gaditano?

  • Su falta de realismo sobre el diagnóstico de la sociedad a la que iba destinada, aún muy conservadora y tradicional, dominada por una nobleza y un clero no preparados para recibir sus revolucionarias y para el momento ultramodernas soluciones y compuesta por un pueblo pobre, atrasado y en gran parte no alfabetizado y, ante todo (problema que ha sido destacado por numerosos autores como el fundamental) carente de una burguesía que la hiciera posible, lo que acabó por dar la razón a Lord Holland en su vaticinio sobre su inaplicabilidad;
  • Su apuesta por el monocameralismo, fruto de la para mí inexplicable aversión de los liberales y de las izquierdas españolas de todos los tiempos por el sistema bicameral. De hecho junto con la Constitución de la Segunda República de 1931, de no muy grata memria, son las únicas que se decidieron por la opción de una sola cámara;
  • Su excesiva extensión (384 artículos; más del triple que el más extenso texto de nuestro histórico derecho constitucional, que fue la Constitución de 1931 y bastante más del doble de los 169 artículos de nuestra vigente Constitución de 1978), así como su excesivo dogmatismo: las “demasiadas definiciones” que denunció Lord Holland;
  • Su demasiada rigidez, efecto de una excesiva desconfianza de los constituyentes, que imposibilitó su adaptación a las complejas circunstancias del momento, y que hizo que resultara más fácil, antes que reformarla para adaptarla a las mismas, incumplirla lisa y llanamente, lo que ocurrió en no pocos casos;
  • Su denunciado extemporáneo radicalismo, inadecuado a los conservadores vientos que por entonces soplaban en Europa, sobre todo cuando por segunda vez se intentó su puesta en aplicación tras el alzamiento de Riego, lo que fue visto como un riesgo por los países de la Santa Alianza (Rusia, Austria y Prusia) que acabaron ordenando a la Francia de Luis XVIII que enviara a los conocidos como Cien Mil Hijos de San Luis;
  • Su ceguera reiteradamente denunciada desde Londres por Blanco White en El Español a la hora de ofrecer una solución racional y realista al problema de las relaciones con las colonias, máxime cuando días antes de su solemne inauguración (el día 16 de septiembre de 2010) el cura Hidalgo había dado en México el conocido como “Grito de Dolores”, todo un hito en el proceso independentista americano, al que habían precedido los levantamientos de Caracas, México y Buenos Aires, y que produjo un efecto dominó en el resto de las colonias, cerrazón que acabó por incentivar los deseos de independencia de todas ellas;
  • La escasa independencia que concedió al poder Ejecutivo (Consejo de Regencia), en cuyas competencias interfirió continuamente contraviniendo el principio de separa-ción de poderes. Fueron cuatro los Consejos nombrados durante el período.
  • Su peligrosamente utópico buenismo, reflejado en muchos de sus artículos y en pasajes que pueden leerse en el Diario de Sesiones, como el correspondiente al día 25 de agosto de 1811 (“Vamos a poner la primera piedra del magnífico edificio que ha servido para salvar a nuestra afligida Patria y hacer la felicidad de la Nación entera”), lo que ha llevado a Manuel Moreno Alonso a calificarla de “la más grande utopía de la historia moderna de España”, añadiendo que “creó un estado imaginario que reunía todas las perfecciones y hacía posible la existencia feliz –la feliz ‘revolución de España’- porque en él se garantizaba por leyes escritas la felicidad y la justicia” (op.cit., pág.33). Pero ya sabemos el peligro que, desde la ideada por Platón para Siracusa, conllevan las utopías y la delgada línea que las separa de las concepciones totalitarias. No cabe duda de que los constituyentes liberales doceañistas se dejaron seducir por el que, doscientos años más tarde, el profesor Dalmacio Negro Pavón denominaría “El mito del hombre nuevo” (Ediciones Encuentro.- Madrid, 2008)
  • En resumen: La Constitución de 1812 pisó demasiados callos, sin ofrecer ventajas, al menos aparentes, al mayor número de personas, sectores e instituciones a las que había de afectar.

Mas algo tendrá el agua cuando la bendicen y lo cierto es que la Constitución gaditana fue durante mucho tiempo la tarjeta de presentación del constitucionalismo español en Europa. Conocida es la anécdota de don Luis Sánchez Agesta con Cristóbal Dawson: pasaba nuestro ilustre profesor unas vacaciones veraniegas en su Granada natal cuando, sabedor de que el no menos ilustre historiador británico estaba en la ciudad, le visitó en el hotel para ponerse a su disposición por si algo precisaba. Dawson le pidió que le facilitara lo último que se hubiera publicado sobre las Cortes y la Constitución de Cádiz, y cuando Sánchez Agesta, sorprendido, le preguntó sobre el motivo de su preferencia, Dawson le contestó: “1812 es una de las fechas europeas de España” (Sobre la Constitución de Cádiz.- Revista Española de Derecho Constitucional, nº 30.- Madrid, 1990.- Págs. 9 y ss).

De la misma opinión son, entre nosotros y entre otros muchos, Carlos Seco Serrano: “1812 es en España el equivalente del 1789 francés”; o José Peña González: “Casi toda la doctrina coincide en señalar Cádiz, y sobre todo lo que Cádiz representa, como una de las aportacio-nes más genuinas del pensamiento español a la historia de la cultura política universal. … Cádiz es una de las más egregias y genuinas creaciones españolas con proyección universal” (Historia Política del Constitucionalismo Español.- Biblioteca Universitaria.- Madrid, 1995.- Pág.50), opinión compartida por José Antonio Escudero, que mantiene que la Constitución de Cádiz, por su importancia y proyección en Europa y en América, bien pudiera ser tenida, junto con el Código de las Siete Partidas, como “una de las contribuciones de mayor resonancia que España haya legado a la cultura universal” (Introducción. Las Cortes de Cádiz: Génesis, Constitución y reformas.- Op.cit..- Vol.I.- Pág.XV).

Y es que hay que reconocer que la Constitución de Cádiz consagró, desde el inicio mismo del constitucionalismo español y para todo su posterior desarrollo (al que servirán ya de perpetuo referente), una serie de lo que don Luis Sánchez Agesta (citado por José Peña Gonzalez.- Op.cit. Págs. 78 y 79) denomina “ideas fuerza”. Tales son:

1ª.- La idea de una tradición soterrada de instituciones de libertad, que renació como el resurgir de una España, abatida por la decadencia;

2ª.- La soberanía de una nación que afirmaba su independencia frente a un enemigo en una guerra “nacional;

3ª.- La libertad de expresión como signo de un gobierno de opinión que identificara a la Nación con sus representantes, que eran responsables ante el pueblo;

4ª.- Una racionalización del poder en que la Nación, en el ejercicio de su soberanía, restau-raba las Cortes como órgano de representación de la Nación, junto a la autoridad del poder ejecutivo del Rey y de sus secretarios;

5ª.- La defensa de la libertad y la afirmación de la igualdad de todos los españoles;

6ª.- La importancia de una democracia municipal que dejaba libertad para que los intere-ses personales fueran los agentes de la libertad y del progreso.

Como también es rigurosamente cierto todo lo dicho acerca de la “proyección universal” de nuestra primera Carta Magna. También para destacar este aspecto tomamos prestadas las palabras de don Luis: “Cádiz es –dice Sánchez Agesta- el principio antagónico de la doctrina sentada  por el Zar Alejandro y el Canciller Metternich en Viena, Aquisgrán y Verona, que atribuye a los monarcas unidos por la Santa Alianza, como poderes delegados de la Providencia, el derecho a gobernar Europa… He aquí uno de los rasgos singulares de esta constitución. Se atrevió a ir contracorriente en un mundo donde primaban unas ideas radicalmente distintas de las que ella defendía. De ahí quizá el carácter simbólico de signo de esperanza que tuvo el texto en muchos pueblos oprimidos, y que explica la gran difusión que alcanzó en el mundo de su época. No hay constitución alguna en nuestra historia que haya tenido la repercusión internacional del texto de 1812. ‘Carta Magna’ del liberalismo español que jugó un papel fundamental, no sólo en Europa, sino también en América” (citado también por Peña Gonzalez.- Op.cit. Pág.79).

Para tratar este aspecto con rigor y profundidad nada conozco mejor que el magnífico artículo “Proyección exterior de la Constitución de 1812” de Juan Ferrando Abadía incluido en el libro antes citado “Las Cortes de Cádiz” (Edit. Miguel Artola.- Marcial Pons Ediciones de Historia, S.A.- Madrid, 2003.- Págs. 207 a 248). A él nos remitimos para no alargar más esta intervención, que se inició con pretensiones de brevedad. Sólo diremos que, respecto de Europa, Ferrando Abadía distingue dos períodos: el que transcurre de 1812 a 1820 y el que va de 1820 y 1830. El primero de ellos se limita a las suspicacias ya aludidas que suscitó y a los prolijos procesos de reconocimientos diplomáticos y críticas doctrinales, favorables unas pero desfavorables las más. El segundo es más interesante al iniciarse con el pronun-ciamiento de Riego en Cabezas de San Juan y su nueva entrada en vigor en España, lo que produjo un gran impacto en toda Europa, que dejó notar su influencia durante toda la década de los años veinte, principalmente en los países cuyos movimientos revolucionarios demostraron tener más entidad:

  • Portugal, que tras la revolución de Oporto en agosto de 1820 promulgó el 23 de septiembre de 1822 una constitución que era prácticamente una copia de la gaditana de 1812, incluso aún más democratizada, a la que la contrarevolución, eficazmente ayudada por la amenaza de los Cien Mil Hijos de Satanás (perdón: de San Luis), logró derogar el 4 de junio de 1824;
  • Italia, cuyo proceso es mucho más complejo. Bástenos saber que, tras de numerosas, complejas y variadas vicisitudes, la Constitución española de 1812 fue instaurada en los reinos de las Dos Sicilias, de Nápoles, de Cerdeña y del Piamonte, pero que por efecto de la misma reacción que dicha instauración produjo en los Soberanos de la Santa Alianza, estas constituciones tuvieron la misma efímera vida que la de Portugal y que la propia de Cádiz en su segunda andadura;
  • ¡E incluso en Rusia!, en 1825, cuando ya en España había sido nuevamente abolida, en un episodio escasamente conocido que nos relata Carlos Marx y que, resumido, consistió en lo siguiente: Cuando la invasión de Rusia por Napoleón, alistó éste en su ejército a muchos prisioneros españoles que, tras el descalabro y la desordenada retirada del francés, aprovecharon para pasarse al enemigo ruso. El zar Alejandro los recibió muy amablemente, acuartelándolos en las proximidades de la residencia imperial, en donde la zarina los visitaba con frecuencia. El embajador español quiso que estas tropas juraran solemnemente la Constitución doceañista, y dice Marx: “Alejandro dispuso que fuera el acto solemnísimo; fue la formación sobre el Neva helado y se clamó el juramento ante la corte toda, tremolando las banderas bordadas por la misma emperatriz. Se apellidó el Cuerpo Imperial de Alejandro; costeando el erario su equipo nuevo, y embarcándolo en Cronstadt para España” (Escritos sobre España.- Edición de Pedro Ribas.- Trotta.- Madrid, 1998.- Pág.96.- Citado por Moreno Alonso en op.cit..- Nota a pie de pág.31) ¡Genio y figura!

Y esta es, en esencia, la quijotesca historia de la “Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812”, porque aunque tras la muerte de Fernando VII el 29 de septiembre de 1833, bajo el reinado de Isabel II y la Regencia por minoría de edad de ésta de su madre Doña María Cristina de Borbón, el 26 de julio de 1836 se produjo en Málaga una rebelión que el 12 de agosto secundaron un grupo de sargentos en La Granja de San Ildefonso, obligando a la Regente a derogar el Estatuto Real y a restaurar por tercera vez la Constitución del 12, eran ya otros tiempos, y no podría decirse con propiedad que la nueva Constitución promulgada el 18 de junio de 1837 fuese verdaderamente una reedición de la doceañista, aunque no falte quién la considere una mera revisión de la misma. El epitafio del manoseado texto gaditano lo redactó, con la cáustica agudeza que lo caracterizó siempre, Mariano José de Larra en Dios nos asista: “La Constitución de 1812 sentenció— era gran cosa en verdad, pero para 1812… Para el año 1836, la única constitución posible es la Constitución de 1836”.

Y como desde Sófocles hasta Corín Tellado, un viejo recurso para ensalzar al protagonista ha sido el vilipendiar al antagonista, la guinda del pastel del homenaje a nuestra querida Pepa la cargaremos a la cuenta del Rey Felón por antonomasia, a Fernando VII, por mal sobrenombre llamado El Deseado, tomando prestada la descripción que del personaje nos brinda don Benito Pérez Galdós en La Fontana de Oro: “La luz de una lujosa lámpara –nos dice- le iluminaba completamente el rostro, aquél rostro execrable que, para mayor desventura nuestra, reprodujeron infinidad de artistas, desde Goya hasta Madrazo… esta cara no se parece a la de tirano alguno, como Fernando no se parece a ningún otro. Es la suya la más antipática de las fisonomías, así como es su carácter el más vil que ha podido caber en un ser humano. Respecto a su carácter ¿qué diremos? Este hombre nos hirió demasiado, nos abofeteó demasiado para que podamos olvidarle. Fernando VII fue el monstruo más execrable que ha abortado el derecho divino. Como hombre, reunía todo lo malo que cabe en nuestra naturaleza; como rey, asumió en sí cuanto de falso y torpe pueda caber en la potestad real… No fue nuestro tirano descarado y descubiertamente abominable: fue un histrión que hubiera sido ridículo a no tratarse del engaño de un pueblo. En 1833 Dios  arrancó de la tierra el alma del Rey y entregó su cuerpo a los sótanos del Escorial, donde aún creemos que no ha acabado de pudrirse. Pero con este fin no acabaron nuestras desdichas. Fernando VII nos dejó una herencia peor que él mismo: nos dejó a su hermano y a su hija, que encendieron espantosa guerra. Aquél Rey, que había engañado a su padre, a sus maestros, a sus amigos, a sus ministros, a sus partidarios, a sus enemigos, a sus cuatro esposas, a sus hermanos, a su Pueblo, a sus aliados, a todo el mundo, engañó también a la misma muerte, que creyó hacernos felices librándonos de semejante diablo. El rastro de miseria y escándalo no ha terminado aún entre nosotros”. He de aclarar para los malpensados que esto lo escribió Galdos en 1870.

Y vamos ya a concluir. Dije antes que la historia de nuestra querida Constitución de 1812 es una historia quijotesca, porque también lo es en gran parte la propia obra gaditana del grupo de liberales doceañistas, constitución incluida. Y a como tal, con parámetros quijotescos debemos enjuiciarla. Y al efecto conviene recordar la defensa que el propio Don Quijote hace ante la acusación que Sancho le imputa de estar siempre persiguiendo quimeras, acometiendo gigantes que no son tales, sino molinos de viento, o ejércitos que resultan ser en realidad rebaños de carneros. “Sí, Sancho –se defiende Don Quijote-, pero de mí se dirá lo que del otro se dijo: que si no acabó grandes cosas, murió por acometerlas”. Y tal vez sea eso lo que a la postre importe. Intentar la hazaña, aunque sea a costa de la propia vida, como el mismo Don Quijote dijo que se debía hacer para defender la libertad y como hicieron nuestros antepasados ideológicos, los liberales gaditanos de 1812.

Ya sí termino. Y permitidme que lo haga con la lectura de lo que un liberal como José Mª Blanco White, crítico con la obra de sus conmilitones constituyentes mientras estuvieron redactándola, escribió cuando la Constitución había sido finalmente promulgada: “Tener una Constitución dijo Blanco sea cuál fuere, es mejor que no tener ninguna o tenerla dudosa y casi olvidada. La que han formado y promulgado las Cortes tiene a mi parecer defectos muy esenciales, de los cuales he expuesto algunos cuando se estaba formando; mas a pesar de ello, protesto que su promulgación, y la satisfacción y alegría con que entiendo que el pueblo español la ha recibido me han causado muy verdadero placer. Como mis censuras no han tenido ni tienen más objeto que el de contribuir al acierto e ilustración del pueblo español en cuanto alcancen mis débiles fuerzas, siempre que se tata de materias como ésta , siento una propensión poderosa a no aguar el gozo de los pueblos con argumentos y dudas intempestivas”. Permitidme que yo haga mías estas mismas palabras, para referirlas, claro está, no a la celebración de la promulgación de la Constitución Política de la Monarquía Española en Cádiz el 19 de marzo de 1812, sino a la de la conmemoración de su bicentenario en Madrid el 10 de marzo de 2012.

Y ahora gritad conmigo:

¡MUERA FERNANDO VII!

¡VIVA LA PEPA!

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