Incongruencia insalvable

Soplar y sorber no puede ser. No se puede violar la institucionalidad con los sediciosos al tiempo que se pretende velar la institucionalidad.

Incongruencia insalvable
Por
— P U B L I C I D A D —

Pedro Sánchez se pasó de frenada. Pensó que valía todo. Creyó que podía ‘mear’ en la cara del adversario y que este diría que estaba lloviendo. Tres pueblos. 

La confirmación de que estaba negociando la rebaja del delito de sedición fue la puntilla. Lo hizo la ministra Montero en el debate presupuestario. Y lo hizo —más discretamente— el mismo Sánchez. ¡Hasta aquí hemos llegado!

Porque pretenden velar por la institucionalidad y la estabilidad del poder judicial al mismo tiempo que se pacta con los sediciosos la rebaja del delito de sedición ya es mucho. Como dice el PP es una “incongruencia insalvable”.

Por supuesto que la decisión tiene lectura electoral. Las encuestas ya vaticibnaban un desinfle del llamado ‘efecto Feijóo’. El pacto que el gallego deseaba habría apuntalado la tendencia a la baja. 

Dicen que temían la reacción de la derecha jurídica, política y mediática. También. Pero sobre todo temían la reacción de los suyos porque pactar la Justicia con quien pretende descafeinar la Justicia y colocar a un ‘indepe’ en el poder judicial es indigerible hasta para el más moderado.

Pero hay más. Feijóo no sólo frena la sangría por la derecha y consolida su voto centro-reformista sino que con este movimiento táctico refuerza la fuga de votos del PSOE al PP. Porque mucho socialista moderado verá en el PP una alternativa ‘votable’ frente a la indigna deriva de un PSOE que se parece al 82 sólo en las siglas.

Ganan los ocho dignos del CGPJ que se habían atrincherado frente a la pretensión de convertir la Justicia española en una Justicia bolivariana. Y gana sobre todo la Justicia. Es verdad que quedarán muchos puestos vacantes. Y es verdad que desde el gobierno responsabilizarán al PP del bloqueo en la renovación de cargos y el retraso de las sentencias.

El relato real —sin embargo— es que fue el gobierno quien secuestró al poder judicial de manera ilegítima y quien por tanto debe de responder de dicho secuestro, de las vacantes y de los retrasos.

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