«Globalización, Cambio Climático, COVID-19, Invasión Rusa de Ucrania, Terrorismos de HAMAS, Gaza e Israel… A lo que tenemos que añadir la reciente escalada de ataques de los Huties, procedentes del Yemen, a las grandes navieras y petroleras, motivo por el cual estas se han visto obligadas a suspender su paso por el mar Rojo, con lo que se ve dificultado el libre flujo del comercio y por consiguiente se agrava aún más la crisis energética mundial. Unos actos que violan el derecho internacional y que además ponen en serio peligro a marineros inocentes. Grandes navieras y petroleras suspenden su paso por el mar Rojo y resucitan el miedo a una crisis energética mundial. ¿Son todos estos problemas lo suficiente importantes como para repensar de una vez por todas qué debemos hacer? ¿Ha llegado el momento de reajustar los sistemas estructurales para ejercer la política, la economía y hasta la independencia y la interpretación de la justicia en estos nuevos tiempos bajo el dominio globalista?»
Las consecuencias de la globalización, cuyo objetivo ha sido concentrar la producción en puntos estratégicos con el fin de obtener el mayor beneficio al menor costo posible, siendo este el motivo que ha llevado a que las democracias hayan entrado en crisis, incluso en países donde hasta hoy, parecía impensable e irreversible. Es esta situación de degradación de la democracia la que nos está llevando a no creer que existan alternativas a todas estas crisis provocadas que venimos padeciendo. Debemos proteger y tomar en serio el derecho vigente construyendo y garantizando las promesas de paz e igualdad en los derechos fundamentales. La expansión del modelo normativo del constitucionalismo democrático, configurado como paradigma formal, no debería ser considerado como una simple opción progresista, sino una actuación impuesta por las cartas de derechos y la única alternativa realista ante un futuro de catástrofes, tal y como se ha estructurado el mundo se hace necesario el establecimiento de una constitución mundial en evitación de entrar en un mundo de catástrofes.
La democracia no debe ser considerada solo una obra jurídica, hay sobre todo que considerarla como una construcción social y política, dependiente de evaluaciones extrajurídicas que el derecho puede tanto promover como desalentar. En una democracia son elementos indispensables la participación ciudadana, con una sólida formación cívica, una opinión pública lo suficiente madura que tome en serio la necesaria conexión entre paz, democracia, igualdad y derechos fundamentales, así como el desarrollo, del sentido común, para la comprensión de las dimensiones cada vez mayores de los intereses públicos, comunes a toda la humanidad.
¿Cómo podemos interpretar hoy la Constitución del 1978 que se hizo para controlar una democracia tardía, cuando en estos últimos cincuenta años hemos experimentado cambios de las dimensiones como fueron la entrada en el Euro y posteriormente habernos sumergido en un sistema brutal como la globalización?
En las últimas cuatro décadas, el mundo ha atravesado un proceso de cambios profundos que se han sucedido a una velocidad vertiginosa. Estas transformaciones han generado un gran número de problemas, muchos de los cuales no han recibido una solución satisfactoria. Estamos inmersos en una etapa que nos tiene desbordados como consecuencia de las enormes preocupaciones e incertidumbres que tenemos que afrontar, consecuencia entre otras, de una crisis sanitaria que parece no tener fin, de la enorme trascendencia que está provocando el incremento de la desigualdad, de una crisis económica que estamos padeciendo de una forma ya sistémica, el controvertido cambio climático, las consecuencias que está provocando el desarrollo de la inteligencia artificial, las graves consecuencias para nuestra vida cotidiana que está produciendo la utilización abusiva en el manejo que hacen con nuestros datos las plataformas digitales y, sin dejar de lado, la tensión y la confrontación tan peligrosa que se está produciendo en las relaciones políticas y sociales ¿Cómo es posible llevar un control correcto sobre la interpretación y aplicación de las leyes y normas ya establecidas? Es este un problema que se ha visto agravado tras la instalación y expansión de los populismos más exacerbados y radicales.
Sin ser unos expertos juristas, son estos motivos sobrados como para plantearnos ¿Cómo han afrontado los juristas estos problemas? ¿Qué cambios esta experimentado el derecho para poder abordarlos? ¿Es urgente y necesaria una trasformación para la independencia de los poderes judiciales? No cabe duda de la necesidad de una independencia que les permita administrar justicia sin estar bajo presiones y condicionamientos de ningún orden para interpretar las normas jurídicas y constitucionales. Resulta incuestionable llevar a efecto la separación de poderes que se contempla en un sistema que se precie ser considerado democrático. Habitamos, a nivel mundial, un «tiempo de transiciones» que necesitan ser repensadas en el criterio de lo político, de sus claroscuros, sus incertidumbres y perspectivas de futuro. Que aporten las herramientas conceptuales necesarias que fomenten la dignidad ciudadana y la conformación reflexiva de un universo público.
En la mayoría de los países que se encuentran dentro del sistema jurídico continental, la jurisprudencia unifica doctrina y colmas lagunas jurídicas, pero no genera normas. En estos sistemas las fuentes de derecho son la ley, las costumbres y los principios generales del derecho.
Por la parte que a los españoles nos toca, la situación actual que vivimos nos lleva a pensar que la constitución española de 1978 está necesitada de algunos cambios necesarios. Aceptando las precarias condiciones políticas en las que se elaboró esa constitución y la problematicidad que implica su reforma, la realidad es que hoy la consideramos seriamente amenazada dadas las complicadas relaciones actuales de las fuerzas políticas que se disputan el poder, se nos presenta una situación lo suficientemente importante como para considerar seriamente que el cambio constitucional es necesario —aunque resulte muy problemático— no podemos ignorar que entre 1978 y el presente se ha producido una enorme brecha, la distancia de los problemas centrales de nuestro tiempo con respecto a los de la época en que se elaboró la constitución han supuesto «un cambio de ciclo abismal».
Hoy los problemas no residen en la conquista de las libertades públicas, sino en su supervivencia en un mundo mutado casi por completo, al que además se ha sobrepuesto una plutocracia que domina las opciones políticas básicas, estamos ante un nuevo soberano que limita los espacios de libertad; estamos actualmente viviendo en un mundo mutado cuyo horizonte de expectativas ha dejado completamente desfasado el discurso político y social clasista.
No son los Estados los que gobiernan la economía; la política se ha visto subordinada a los mercados. Hoy existe una competencia sobre el trabajo. Es decir, las empresas se pueden trasladar libremente a países en los cuales se permite explotar a los trabajadores. Esta nueva situación ha llevado a que, tanto en España como en Europa, el derecho del trabajo haya entrado en crisis por la necesidad de defender los empleos frente a esta deslocalización de las empresas. Es por este motivo el que, en la actualidad, la defensa de la democracia, socialmente, deba centrarse principalmente en la lucha contra las desigualdades, de la misma manera que involucrarla en esa gran problemática que supone llegar a un acuerdo concluyente que permita controlar el crecimiento y el decrecimiento productivo que nos viene exigiendo la grave crisis ecológica actual.
Los amenazados procesos de democratización requieren urgentemente recetas para soslayar la división política de los de abajo, es necesario reargumentar en defensa del futuro de las democracias que estas deban centrarse socialmente ante todo en la lucha contra las desigualdades, pero también en el control del crecimiento y el decrecimiento productivo exigido por la crisis ecológica. El sistema globalista ha supuesto un cambio de estándares que han marcado el sistema, generando nuevas expectativas y valores: ‘Competitividad’, ‘productividad’ e ‘integración’ en el plano económico, ‘fragmentación’, ‘exclusión’ y ‘marginalidad’ en el plano social son estos algunos de los rasgos y tensiones que ha venido provocando la transnacionalización de los mercados, una operación que se ha venido produciendo a partir de los años ochenta del siglo pasado. Es necesario analizar los efectos causados por el litigante tema de la globalización en el ámbito del derecho. La globalización ha provocado la descentralización y fragmentación del poder, ha vuelto crecientemente ineficaces las normas y mecanismos tradicionalmente utilizados, ha redefinido las funciones del Estado, ha abierto el paso a nuevas formas de acción política, nuevos modelos de legalidad y nuevos patrones de legitimidad, relativizando principios y categorías tales como soberanía, legalidad, jerarquía normativa, derechos subjetivos y ciudadanía. Debemos pues, afrontar sin dilación algunas cuestiones como: ¿Qué modelo de derecho sería apto para dar cuenta de tanto cambio y complejidad? ¿Cómo y con qué fundamentos organizar y disciplinar jurídicamente el funcionamiento de sistemas económicos y sociales cada vez más complejos y para los cuales las instituciones jurídicas del Estado liberal y del Estado social parecen excesivamente simples y elementales?…
Para dar respuesta a toda esta serie de problemas que están condicionando sobremanera a la humanidad, y ante la imposibilidad de hacer entrar en razón a esa ciega teoría del capitalismo como es la exigencia permanente del crecimiento continuo de la rentabilidad y la acumulación a base de tener sometida al conjunto de la sociedad mundial —amenazando incluso la propia supervivencia de la especie humana por el colapso ecológico del planeta— la verdadera tarea práctica y urgente que afrontar, no es otra que la de construir alternativas globales al orden capitalista, alternativas que hagan posible el ideal moderno de autogobierno ciudadano. Esto sería posible bajo un proceso de control social y racional del proceso económico, una posibilidad que permitiría orientar el desarrollo de la sociedad hacia metas democráticamente elegidas.
La reflexión nos lleva a replantearnos si la solución a estos temas de acusada complejidad que sufren los estados nacionales, y que están motivados por la dependencia y las exigencias de un estado supranacional incontrolado, que ha venido complicando y marcando sobremanera sus políticas sociales y sus economías productivas; es este un motivo que hace ya imprescindible y necesario la implantación de un gobierno a nivel mundial y una Constitución Universal.
