La detención de los mandamases de Ausbank y Manos Limpias (qué ironía, el nombre, visto lo visto) me provoca una reflexión a propósito del papel de los medios de comunicación en estos avatares que tanta tinta llevan y tantos minutos nos ocupan, incluidos estos.
Durante años, años, oigan, los periódicos, radios y televisiones de todos los rincones de España han recogido como si fueran la mismísima Biblia las denuncias de Ausbank, de Manos Limpias, de otros tantos Centros de Análisis y Estudios, aparentemente independientes y sin aparentemente otro interés que el de estudiar y analizar cualquier cosa. Se han publicado sus notas de prensa sin cambiar una coma, elevando a verdad publicada lo que procedía de estas fuentes y, consiguientemente, sometiendo a lo que llamamos “pena de telediario”, sin juicio, sin contrastar, sin derecho a la defensa, todo lo que ahora aparece que pudieran ser montajes con el fin de chantajear y extorsionar a personas, empresas o instituciones.
La mayor parte de esas veces, ahí quedó la denuncia, nunca se probó nada y los denunciados quedaron en libertad, pues ningún delito había. Pero ya habían pagado su no delito con su buen nombre, con su trabajo en ocasiones, y no pocas también con su estabilidad familiar, personal y emocional, por la irresponsabilidad de unos medios de comunicación que no hicieron bien su trabajo, no contrastaron las informaciones o, en el peor —pero no más ocasional— de los casos, por sus propios intereses económicos, políticos o de influencia.
También los jueces y las fuerzas de seguridad han jugado en no pocas ocasiones a condenar a la foto de portada a quien en el momento interesara a sus jefes o a ellos mismos. Cuando la Fiscalía denuncia que no era preciso enviar doce policías a detener al alcalde de Granada, para ponerlo en libertad a las cuatro horas, y cuando ello se hizo además con lujo de la luz y taquígrafos que tanto se escamotean para otras cosas, es porque alguien ha tomado la decisión de condenar sin juicio a ese hombre, porque en este país no hay cárcel peor que la de abrir los informativos de la televisión y la radio, u ocupar la portada de un periódico.
¿Y luego qué? ¿Qué pasa cuando el momento procesal determina que no hay causa, cuando se deja al concejal, al alcalde o al consejero que se fotografío esposado (y en la Región tenemos amplia hemeroteca para ilustrarlo) en libertad sin cargos, porque las denuncias no pretendían otra cosa que la muerte política o económica del denunciado, que ha pasado a ser directamente agredido?
Nunca he leído ni escuchado a un periodista pedir perdón, reconocer que no hizo bien este trabajo sagrado, ni siquiera que se dejó intoxicar (más o menos, pero generalmente menos, inocentemente) por lo que consideraba una fuente fiable.
Va siendo hora de que también los periodistas asumamos responsabilidades y nos conjuremos, simplemente, para una praxis profesional ética. Y que, en consonancia, seamos administrativa o penalmente responsables cuando nuestra mala práctica haya provocado dolo y perjuicio. Y volver a los principios que nos enseñaban en la Facultad (en la mía, sí, al menos), de veracidad y ética y a la sana costumbre de contrastar nuestras fuentes, no sea que acaben en la cárcel y nosotros debiéramos, por nuestro mal hacer, acompañarlos.
