En medio de la tragedia que todavía asola a la Comunidad Valenciana, el bipartidismo hispano consigue bloquear el nuevo gobierno europeo de Von der Leyen (6 vicepresidencias y 19 comisarios y comisarias) con mutuas acusaciones de (i) responsabilidad por la gestión de la mayor riada de la historia. Las descalificaciones en el parlamento de Bruselas presagian una legislatura tensa y dividida entre socialistas y populares, en puertas de la segunda presidencia más controvertida de un Trump que no cesa de amenazar al viejo continente. Protagonistas de la refriega partidista y argumental son la candidata y todavía ministra Teresa Ribera, a la que Feijóo exige el compromiso de dimitir si resulta imputada por la gestión de la Dana, además del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a quien socialistas y la oposición autonómica exigen su fulminante dimisión.
En paralelo, el Gobierno se ve zarandeado por sus socios, una vez más, para sacar adelante el galimatías de su reforma fiscal, comprometida ante Bruselas para fin de año con la que conseguir el quinto pago de los fondos europeos. A ello se suman otras dos medidas necesarias para apuntalar la legislatura más incierta, como la senda de déficit y los Presupuestos del Estado, cuya apoyo continúa en el aire y su prorroga es casi segura. El acuerdo fiscal cerrado por el bipartito (Psoe y SUMAR) provoca un rechazo rotundo de la derecha nacionalista (PNV y Junts), frente a Esquerra, Bildu o Podemos.
Anti política y tacticismo
Sánchez y Feijóo mantienen un pulso táctico a costa de las recíprocas responsabilidades para reconstruir la “deteriorada imagen política en España”, sin renunciar al cruce de acusaciones para exigir dimisiones del rival por la negligente actuación de las administraciones autonómica y nacional. El pacto aplazado de no agresión lleva al presidente a asegurar que no es tiempo de responsabilidades políticas, mientras el líder de la oposición ralentiza el acoso y derribo total al Gobierno.
La imagen del presidente valenciano, Mazón, y de la ministra de Transición Ecológica, Ribera, salen vapuleadas, al considerar tardías y negligentes sus respectivas actuaciones para gestionar las inundaciones . La inquina se traslada tanto al parlamento valenciano como al parlamento europeo, con el aviso de las dos formaciones mayoritarias: la advertencia del grupo Popular de rechazar el nombramiento de la candidata española a la vicepresidencia de la Comisión, y la amenaza de los socialistas de bloquear el resto de comisarios presididos por Úrsula Von der Leyen.
Pacto de Estado y querellas
De puertas adentro, el ministro de Política Territorial aboga por alcanzar un «pacto de Estado» para actuar con unidad al tiempo que anuncia el nombramiento de un «alto comisionado» para la reconstrucción y la vuelta a la normalidad de la zona devastada. Ángel Víctor Torres pide «no convertir la tragedia en instrumento partidario» y el PP le reprocha quien “ha fallado es el gobierno”. Feijóo da un paso más al reclamar a Sánchez la «retirada» de la candidatura de Ribera por sus “problemas políticos y quizá judiciales”. No podemos tener una comisaria con una mochila» que «lastra la credibilidad» del gobierno de la UE, aduce el líder de la oposición, que «afecta también a la reputación de la Comisión Europea«, sostiene en referencia a la actuación del Ministerio de Transición Ecológica durante la DANA.
El Supremo (TS) acumula casi una decena de escritos, entre denuncias y querellas, contra el presidente del Gobierno y los ministros Grande-Marlaska, Margarita Robles y Teresa Ribera, interpuestas por delitos como omisión del deber de socorro u homicidio imprudente en la gestión de la catástrofe. El Tribunal Superior de Justicia valenciano ya ha admitido también la primera de las demandas interpuestas contra el presidente del gobierno valenciano.
Reforma fiscal: por aquí no pasamos
El pacto fiscal ultimado a contracorriente por el bipartito de coalición- Psoe y SUMAR– hace saltar las costuras de los socios de investidura que sostienen al gobierno.La derecha nacionalista de PNV y Junts, pone pie en pared, con la advertencia de “por aquí no vamos a pasar” tras el “espectáculo” y la exigenciade la formación de Yolanda Diaz quefuerza no pocos cambios fiscales, como el 21% de IVA para las viviendas turísticas, la subida de dos puntos en la tributación de las rentas del capital a partir de 300.000 euros, un nuevo impuesto sobre los bienes de lujo, suprimir el régimen fiscal de las sociedades de inversión inmobiliaria (Socimis) que, según SUMAR, utilizan algunas grandes fortunas para evitar impuestos, y hasta la supresión de la exención a las primas de seguros sanitarios privados, al considerarlo “regresivo” por beneficiar fundamentalmente a las rentas altas. El portavoz del PNV, ya sitúa la reforma fiscal en «vía muerta», tras denunciar la “inseguridad jurídica” y el «espectáculo” generado por los vaivenes de la mayoría gubernamental. Aitor Esteban va incluso más allá, al advertir que la fractura ideológica de los socios de investidura hace inviable incluso la tramitación de los Presupuestos del Estado. El nacionalista vasco acusa también a Podemos y al independentismo de haber entrado en clave “preelectoral”.
El plante de Junts impide a María Jesús Montero recuperar la tasa extraordinaria a las eléctricas, como exigen tanto Podemos como las formaciones soberanistas ERC y Bildu. El partido de Ione Belarra ya ha amenazado con tumbar la ley, mientras ninguno de los grupos de en colisión está dispuesto a ceder, al grito de «no tragaremos» de los republicanos.
El PNV sigue haciendo caja, RTVE colonizada
El ejecutivo aprovecha para cumplir las exigencias del apoyo del PNV a la investidura de Sanchez, con la cesión de 14 tributos al País Vasco y la participación en el Ecofin y la OCDE. Junto a ello, la Renta de No Residente también pasa a ser un tributo concertado de normativa autonómica en todos los supuestos.
El Psoe consuma el asalto a la televisión estatal (RTVE), en plena tragedia de la Dana, tras el nombramiento del mayor número de consejeros de su historia (11) reclutados de los gabinetes de prensa de los ministros y personal afín a los socios del Gobierno con los que mediatizar los contenidos de la radio y la televisión pública.
