Regulación de la propiedad intelectual y delitos informáticos

Regulación de la propiedad intelectual y delitos informáticos
Fernando Martín Corroto
Abogado del despacho Martín Corroto y Asociados. C/ Santa Engracia nº 64, 5ª planta. Madrid 28010 Teléfono: 91 593 89 49 Fax: 91 593 89 55 Email: martincorroto@martincorroto.com Web: www.martincorroto.com

Tras la reforma del Código Penal llevada a cabo por el Gobierno el pasado mes de marzo, las empresas tienen hasta el 1 de julio para adaptarse a la nueva normativa. De no hacerlo, podrán ser condenadas y disueltas si uno de sus trabajadores comete alguno de los delitos previstos en la legislación.

La reciente regulación de propiedad intelectual y delitos informáticos prácticamente obliga a todas las personas jurídicas (incluidas las que operan en internet), a establecer protocolos y modelos de gestión, con medidas de vigilancia y control para prevenir delitos. De no hacerlo podrán ser sancionadas con arreglo al nuevo artículo 31 bis y siguientes del Código Penal, conforme a la actual reforma, Ley Orgánica 1/2015, de 30 de Marzo.

De esta forma, dicho artículo establece en sus apartados 1.a y 1.b que las personas jurídicas serán penalmente responsables “de los delitos cometidos por sus representantes legales o por aquellos que están autorizados para tomar decisiones en su nombre u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma”, o por quienes estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas, “han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad”.

Sin embargo, el apartado 2.1 dispone que no lo serán si se ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, “modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión”. Es decir, realizar una auditoría de compliance, o lo que es lo mismo, un conjunto de procedimientos internos que lleva a cabo una empresa, con el fin de acreditar que se han tomado las medidas necesarias para prevenir o erradicar las consecuencias derivadas de un comportamiento delictivo por parte del personal.

Al incorporar esta figura en un apartado donde hasta ahora sólo se podían encontrar atenuantes, lo que está haciendo el Código Penal es exonerar a aquellas empresas ante determinadas situaciones de hecho.

Pero todas aquellas que no cumplan con este requisito serán responsables de los delitos que cometan sus trabajadores.

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