En el triste espectáculo de un gobierno que trata de aferrarse a sus poltronas a costa de cualquier cosa, asistimos a un nuevo despropósito del mismo: la aceptación de la exigencia del gobierno ilegítimo de Cataluña de un observador “independiente”, que pueda dar fe de lo tratado en las reuniones mixtas entre el Estado y uno de sus órganos administrativos autonómicos. Todo en aras del mantenimiento del actual inquilino (que no propietario) del palacio de la Moncloa, que tiene aún pendiente la aprobación de los presupuestos.
Cuando hablamos de despropósito o impostura institucional, nos basamos en las siguientes cuestiones:
1ª.- La existencia de la propia autonomía de Cataluña (como todas las demás), está basada en la Constitución Española, luego es una institución que cuelga de la estructura orgánica del Estado Español y su organización territorial.
2ª.- Las instituciones autonómicas catalanas nacen del propio Estatuto de Cataluña, aprobado en las Cortes Generales de España, lo que significa que es el Parlamento Español quien asume la responsabilidad última sobre su contenido y efectos. Al igual que aprueba puede desautorizar tal estatuto o, en su caso, solicitar la intervención desde el Gobierno de España (artº 155 C.E.).
3ª.- La representación política en el Parlamento de Cataluña, así como en las Cortes Españolas, son posibles gracias a la Constitución Española, luego son imposibles fuera de su marco normativo. No habría tal representación política si no fuera por tal circunstancia ya que los partidos políticos están sujetos a la regulación estatal.
4ª.- Los cargos públicos para la administración autonómica lo son en virtud de tal representación política, luego tanto los puestos orgánicos como sus sueldos y privilegios, dependen del Estado Español, luego la rebelión contra dicho Estado, implicaría los ceses o dimisiones correspondientes promovidos por el Parlamento Español y ejecutados por el Gobierno de España.
5ª.- Las competencias en las distintas materias las concede el Estado Español a través del citado Estatuto de autonomía y, exactamente, de la misma forma, puede proceder a retirarlas por iniciativa de las Cortes Generales de España.
Dicho todo esto (que debía ser meridiano para quienes ejercen responsabilidades políticas) sigue sorprendiendo las actitudes y comportamientos institucionales, empezando por el propio Parlamento Español que nunca debía haber dejado en manos del ejecutivo, lo que legítimamente le corresponde. De ahí vienen las imposturas. Estamos mal acostumbrados a creer que quien “manda” en España es el gobierno, cuando las leyes son las que establecen tales mandatos y a los gobiernos solo les queda obedecerlas y aplicarlas.
No es de extrañar por tanto que, quien se “autoproclama” constantemente jefe del gobierno (o presidente del gobierno), esté convencido de que es el rey del mambo en el mundo institucional, olvidando incluso la existencia de una Jefatura del Estado que, inexplicablemente, no toma cartas en el asunto. De nuevo la interpretación equivocada de las funciones institucionales, pasa factura en la confusión política. Una cosa es que la figura principal institucional no se entrometa en las cuestiones de “gobierno” y se limite a “reinar” (que no se sabe muy bien en qué consiste en un sistema parlamentario) y otra que no asuma la responsabilidad última ante un conflicto de esta naturaleza, poniendo las cosas en su sitio.
Ahora, el nuevo invento de quienes dicen representar a Cataluña, es poner en cuestión al Gobierno Español, que nuevamente se debe tragar el sapo de buscar una especie de “secretario de actas” en las reuniones con quienes se encuentran muy cómodos en su posición y se permiten —vía chantaje presupuestario— manipular la situación política. No se fían unos de otros y al final los ciudadanos no se fían de ninguno de ellos y de los acuerdos que, sin ninguna transparencia, casi clandestinamente, vienen realizando desde hace ya muchos años en que ejercía el Sr. Pujol.
La cuestión no es baladí. Por una parte los ilegítimos (por propia renuncia a España) representantes del gobierno de Cataluña, se arrogan ser tratados como un estado independiente o una colonia que desea la independencia, (de ahí a buscar unos observadores “internacionales” para hacer el “papelón” de “escribiente” y portavoz conjunto de las negociaciones). Es un nuevo número del circo que se promete continuar para saber quien maneja a quien, aunque todos tengan el mismo interés: mantener la situación actual. El ministro de Asuntos Exteriores Sr. Borrell lo decía claramente en una reciente comisión parlamentaria refiriéndose al independentismo y su “amagar y no dar”.
Por otra parte parece ignorarse que, en el caso de buscar una “fe pública” de tales encuentros, existe la figura del Notaria Mayor encarnada en la ministra de Justicia que, posiblemente, no se supondría imparcial. Por eso, la mejor solución sería la retransmisión directa de cada encuentro (como en el fútbol), para que los ciudadanos interesados, el pueblo soberano, pueda conocer qué se dice o qué se trata entre ellos. Todo lo demás desprende un “tufillo” que no contribuye precisamente a la claridad de la vida pública y constituye una clara impostura institucional.
Por eso entendemos que tales negociaciones tienen (o deben tener) su sede en el Parlamento Español y ser ajenas a las posiciones de cualquier gobierno, cuyo interés partidario o electoral puede contaminar las mismas. Nos estamos jugando algo tan importante como España como nación o España como una dispersión de fragmentos territoriales que se convierta (como ya lo está haciendo), en una “torre de Babel” donde el entendimiento sea imposible y la confrontación civil y social acabe de mala forma.
