La reforma de la Ley de Sociedades de Capital

Fernando Martín Corroto
Abogado del despacho Martín Corroto y Asociados. C/ Santa Engracia nº 64, 5ª planta. Madrid 28010 Teléfono: 91 593 89 49 Fax: 91 593 89 55 Email: martincorroto@martincorroto.com Web: www.martincorroto.com

El pasado 24 de diciembre entró en vigor la reforma de la Ley de Sociedades de Capital que comenzó a aplicarse el 1 de enero, que endurece la responsabilidad tributaria del consejo de administración de las empresas. La norma concibe el “riesgo fiscal” como un elemento dentro del gobierno corporativo. Establece que los consejos de administración que aprueben operaciones con riesgo tributario deben comunicarlas a través de los informes de gobierno corporativo. De esta forma, Hacienda obligará a los ejecutivos de las grandes compañías a responsabilizarse de los riesgos tributarios frente a los accionistas. También les obliga a hacerlos públicos en el informe anual de gobierno corporativo que se difunde junto a las cuentas anuales.

La norma, obligatoria para todas las empresas que cotizan en Bolsa, supone un cambio en la asunción de la responsabilidad fiscal de las empresas porque hasta ahora los responsables de los contenciosos tributarios eran los departamentos financieros. A partir del 1 de enero se extenderá esa responsabilidad a los miembros del consejo.

La Ley de Sociedades de Capital establece que entre “las materias indelegables del consejo de administración” figura la aprobación de las operaciones o inversiones que por su elevada cuantía tengan carácter estratégico o supongan un especial riesgo fiscal, según señala el artículo 295. A partir de ahora, también es obligatorio que el consejo apruebe la creación o adquisición de participaciones en entidades domiciliadas en paraísos fiscales.

El texto de la norma también refuerza el papel de las comisiones de auditoría de las grandes compañías. Establece entre las obligaciones de estos departamentos de auditoría “el control y la supervisión de los sistemas de gestión de riesgos fiscales”.

Asimismo, la norma establece que estas comisiones que examinan las cuentas y el funcionamiento de la compañía “deberán informar con carácter previo al consejo de administración” sobre las inversiones que impliquen la creación o adquisición de participaciones de entidades en paraísos fiscales.

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