¿Dónde estamos?
A riesgo de repetir cosas muy sabidas, recordemos que en el siglo XX y, tras varias experiencias de gobierno en países desarrollados, en particular regímenes autoritarios de derechas, otros comunistas e intentos de sistemas anarquistas, estos en algunas regiones españolas durante la guerra civil, parece haberse establecido un consenso según el cual la democracia es el sistema menos malo de gobierno para las sociedades humanas, especialmente para las que gozan de un cierto grado de desarrollo social y económico.
Los regímenes democráticos no son ni perfectos (¿en qué consiste la perfección?) ni homogéneos. El régimen que ha sido considerado modelo y paradigma, el británico, funciona con serias distorsiones electorales (sistema electoral mayoritario) que provocan importantes desigualdades de representación. Los resultados de la reciente elección presidencial muestran también los defectos y límites del sistema americano. El régimen español vigente tampoco es perfecto. Por señalar algunos de sus defectos, la preponderancia de los partidos políticos, derivada, entre otras causas, de un sistema electoral que les favorece, acumula excesivo poder en su núcleo dirigente y limita los derechos de los ciudadanos ordinarios. La estructura y funcionamiento de los órganos rectores y supremos de las instancias judiciales es también, por razones que han sido con frecuencia expuestas y en las que no vale la pena entrar, criticable. Pero, aún teniendo en cuenta los anteriores defectos y otros que podrían alegarse, el sistema político español es homologable a otros de nuestro entorno y ha permitido un largo periodo de estabilidad y orden en nuestra historia reciente.
Pero, entre otros problemas, tenemos ahora uno político serio: el catalán. No es problema nuevo; tiene antecedentes históricos ya antiguos. Sin extenderse demasiado, el romanticismo político del último tercio del siglo XIX hizo ya aflorar tensiones entre personas e instituciones catalanas y la sociedad española en su conjunto. Esas tensiones y conflictos han persistido y, tras el paréntesis autoritario del franquismo que intentó liquidarlos, han resurgido y se manifiestan en la actualidad con particular impulso y graves consecuencias para la convivencia pacífica en España. La cuestión ha sido debatida hasta la saciedad y las soluciones propuestas han sido diversas y divergentes: desde la independencia de la región hasta la aplicación a rajatabla de la legislación española vigente, fueran cuales fueran las consecuencias.
En opinión del que esto escribe, el problema no es ya tanto el enfrentamiento entre los políticos o los líderes de ambos bandos (para simplificar, catalanistas y españolistas) como la fractura de la sociedad catalana, según muestran recientes encuestas, en algo próximo a dos mitades, una quizá minoritaria, pero poderosa y muy influyente en los medios de comunicación, favorable a la secesión y a la constitución de un Estado independiente, y otra favorable a la permanencia en la comunidad española, quizá modificando algunos aspectos constitucionales o estructurales de ésta.
A partir de esto, podemos preguntarnos cómo se ha llegado hasta aquí. Sin considerar la larga convivencia histórica, el presente contexto nacional español no parece desfavorable a los intereses catalanes. España es un Estado que, aún con insuficiencias, responde a los estándares políticos de los países democráticos de nuestro entorno, la situación social y económica es razonablemente estable y próspera, el carácter autonómico del Estado permite y facilita múltiples actuaciones de las instituciones autonómicas y locales. ¿Cuáles son entonces los agravios y frustraciones de los catalanistas que les empujan a buscar una salida del conjunto nacional español? Suelen alegarse varios: el presunto desequilibrio entre lo que la comunidad aporta al Estado central y lo que recibe de éste; los supuestos abusos, sobre todo económicos, de España, concretados en el famoso slogan “España nos roba”; la corrupción extendida en el Estado español; el desconocimiento o desprecio de los particulares elementos identitarios catalanes, etc.
Un reproche a menudo dirigido al Gobierno central, procedente, en forma mayoritaria, de filas españolistas, es la supuesta inacción del Gobierno, particularmente focalizada en su actual Presidente, que, ignorando las reivindicaciones catalanistas y no ofreciendo nada que satisficiese tales reivindicaciones, habría contribuído poderosamente al desarrollo y enquistamiento del problema. Quienes avanzan esta tesis no suelen concretar mucho qué actuaciones o políticas hubieran satisfecho las demandas catalanistas. Quizá ello habría consistido en ampliar los ámbitos de autogobierno y los poderes, principal, aunque no exclusivamente, económicos y financieros de las autoridades e instituciones autonómicas. De hacerse esto, parece que el sistema avanzaría en un sentido que podría calificarse de confederal: reforzamiento de las unidades regionales o autonómicas y debilitamiento del poder central. Pero, las experiencias históricas más solventes (el caso de Estados Unidos de América del Norte parece el más ilustrativo) muestran que las comunidades políticas que iniciaron su andadura según un esquema confederal fueron con el tiempo evolucionando en el sentido de reforzar e incrementar los poderes de las instituciones y los órganos federales. En la realidad actual española, a pesar de la inconcreción del título VIII de la Constitución, la abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la práctica política del Gobierno central y de los Gobiernos autonómicos han consolidado un Estado de carácter cuasifederal. Ir más allá quizá supusiera avanzar arriesgadamente hacia situaciones de disgregación y caos de que nuestra historia ofrece algún ejemplo, como el cantonalismo del siglo XIX.
En lo que podría considerarse como una variante de este camino, llamémosle evolutivo, sectores que podrían calificarse de catalanismo moderado han enunciado una línea no rupturista, sino negociadora: se trataría de avanzar por lo que se ha denominado la vía vasca. Esta consiste en lograr un régimen económico propio, similar al concierto vasco. Este se ha reforzado y más favorecido recientemente al haber otorgado el Gobierno central ventajas adicionales a las ya existentes con anterioridad. El concierto vasco, basado en los “derechos históricos” reconocidos en la Constitución, ha tenido, junto con otros factores, como consecuencia, unos niveles de vida y de prestaciones sociales para los residentes en la comunidad vasca bastante superiores a los que tienen los residentes en otras regiones o comunidades del país. Cabe, pues, imaginar que el recurso a la vía vasca es un intento de mejorar las actuales condiciones económicas y vitales de los residentes en Cataluña, que ya hoy son superiores a las de la mayoría de las demás regiones españolas como las más autorizadas estadísticas muestran. O sea, aumentar las desigualdades, lo que no casa mucho con el principio de solidaridad entre las nacionalidades y regiones que el artículo 2 de la Constitución proclama.
Frente a las posiciones más o menos graduales expuestas, las tesis más radicales dibujan un idílico escenario de una república catalana independiente, que vendría a ser un país como Dinamarca y donde habrían desaparecido o se habrían eliminado los defectos antes apuntados. Una primera observación a este proyecto es el problema de la determinación del demos, o sea, el pueblo o la comunidad humana con derecho a poner en marcha el proceso secesionista, cuestión ya agudamente analizada por Alvarez Junco en un artículo en El País. ¿Por qué debería ser la comunidad de los residentes en las actuales provincias catalanas? Se ha avanzado la idea de los “paisos catalans”, que se refiere a un área geográfica más extensa que la actual Cataluña e incluye, además de varias provincias españolas, algún territorio del Estado francés. Si se admite el derecho de secesión de Cataluña, ¿no debería reconocerse y ejercerse para el conjunto de los paisos catalans? Y, en sentido contrario, si en el ámbito geográfico catalán algunos municipios o comunidades no desean participar en la iniciativa catalanista ¿por qué habría de denegárseles el derecho de adoptar otra decisión, por ejemplo, seguir incorporados a la comunidad nacional española o crear una entidad independiente propia? Es claro que esta vía, llevada a sus últimas consecuencias, sólo puede conducir al caos.
El examen de la realidad muestra lo incierto, y quizá poco probable, del proyecto secesionista. La situación económica catalana actual ha sido analizada en múltiples ensayos y no parece sustentar la imagen depredadora española que los catalanistas extremos presentan. La corrupción, que, cierta y desafortunadamente, se produce en el Estado español, no ha estado ausente en actuaciones de autoridades y entidades catalanas y no es seguro que una república catalana independiente, con los líderes que ahora encabezan el movimiento secesionista, se viese libre de ella. Buena parte de la sociedad catalana, aunque se manifieste menos que los promotores del independentismo, es contraria a éste. La amalgama de elementos conservadores y radicales antisistema en el seno del movimiento independentista no augura para éste un futuro estable ni armónico. Los elementos identitarios catalanes, principalmente el uso de la lengua regional, son ahora ampliamente respetados. Únase a esto un entorno internacional poco favorable: casi nulo reconocimiento de países extranjeros y organizaciones internacionales, exclusión de la Unión Europea, serios temores en los círculos económicos nacionales y exteriores, etc.
¿Adonde vamos?
No está claro. La peor consecuencia de este conflicto es, como se apuntó, la fractura de la sociedad catalana, que, si no se remedia, puede poner en grave riesgo la continuidad y la convivencia pacífica de España como comunidad nacional que, tras múltiples avatares, parecía, después de un largo periodo de democracia constitucional, consolidada.
La aceleración del tiempo histórico, que decía Ortega y Gasset, nos impone el pronto logro de una solución, resultado que compagine, probablemente sin satisfacer del todo a nadie, los diversos deseos e intereses de la mayoría. De no lograrlo, vamos, de forma inevitable, a un desenlace, expresado gráficamente en la frase “choque de trenes”, de consecuencias, cabe imaginar, nefastas para todos.
