Patrimonio en peligro

Patrimonio en peligro
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— P U B L I C I D A D —

El Valle de los Caídos en Cuelgamuros, vuelve a ser noticia al filtrarse -como suele hacerse en estos casos- la posible demolición de la gran cruz que, como símbolo cristiano, corona todo el conjunto monumental de los arquitectos Pedro Muguruza y Diego Méndez, junto a las formidables esculturas del escultor Juan de Avalos.

Es sabido como a lo largo de la Historia, han ido perdurando sus testimonios como patrimonio de toda la Humanidad, a pesar de los muchos atentados y agresiones que la barbarie iconoclasta, fanática, llena de odio ignorante o de simple maldad, fueron cayendo sobre todo tipo de elementos que recordasen a determinados personajes, reinados, cultos y dogmas religiosos que formaron siempre las raíces de las que surgiría la llamada “civilización”. Los destrozos intencionados en monumentos y obras de arte en las distintas épocas son bien conocidos y van desde agresiones individuales sin mucha trascendencia, hasta planes de destrucción masiva de todo símbolo o testimonio precedente, cuyas raíces psicopáticas son otro debate.

Los estados de Derecho fueron intentando neutralizar tales atentados con las correspondientes figuras de protección jurídica y administrativa, que ya en el artº 46 de nuestra Constitución declara: “Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del Patrimonio Histórico, Cultural y Artístico de los pueblos de España… cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra ese patrimonio.” Por ello, cualquier iniciativa en tal sentido contra el Valle de los Caídos, sería inconstitucional de entrada y la promoción de un delito por otro lado perseguible penalmente.

Por su parte, la Ley Orgánica 3/1983 de 25 de febrero del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid en su artículo 26 de competencias exclusivas, dice: “1.19.- Patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico, arquitectónico y científico de interés para la Comunidad, sin perjuicio de las competencias del Estado para la defensa de los mismos contra la exportación y expoliación”. Es decir, sólo la Comunidad de Madrid tiene la competencia exclusiva de medidas de protección del conjunto monumental a que nos referimos y que se desarrollan en la Ley 3/2013 de 18 de junio (artº 1º y siguientes) al quedar integrado como un conjunto monumental de interés histórico-artístico en “un entorno que permite su adecuada percepción y comprensión histórica.”

La Comunidad de Madrid se convierte así en la responsable institucional y orgánica de la protección jurídica del mencionado conjunto monumental, incluso en sus aspectos inmateriales de interés histórico, que no pueden ser objeto de ningún acto ideológico que los pervierta o prostituya. La exhumación de personajes históricos o de otros enterramientos existentes con fines espurios o particulares, vulnera el sentido básico de lo que se considera patrimonio común de todos los ciudadanos: su Historia. Para ello dispone de las correspondientes declaraciones BIC recogidas en su propia Ley de Patrimonio Histórico (artº 3.1/4.1 y 7).

Lo que no se entiende es que hasta ahora se haya permitido dejar sin protección administrativa el conjunto monumental de la sierra madrileña, con las implicaciones ideológicas correspondientes, donde la estulticia partidaria y sectaria ha predominado sobre el ordenamiento jurídico aplicable en el artº 14 de la Constitución: Todos los españoles son iguales ante la ley…” al permitir la exhumación de restos promovida por el propio gobierno de la nación, sin competencias constitucionales y, por el contrario, responsabilidades en cuanto a la ejemplaridad de respeto a las normas.

El artº 323 del Código Penal dice: “Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años… los que causen daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental…”.

Pero cuando se subvierte el Derecho para beneficio electoral y se anuncia incluso públicamente un programa de acciones públicas que tienen origen ideológico, confundiendo los sujetos jurídicos a conveniencia, estamos ante una burla de la democracia y del Estado de Derecho, realizada abusivamente desde instancias que deberían velar por su respeto exquisito.

Cuando mutilamos testimonios históricos por puro odio o placer personal, estamos dando una idea de la catadura moral, democrática, ciudadana y cultural que como sociedad aceptamos, condenando al olvido nuestro pasado que, más tarde o más pronto, se repetirá en los ciclos universales del tiempo.

El Valle de los Caídos es el recuerdo de un enfrentamiento civil azuzado por rivalidades partidistas que se saldó con miles de muertos españoles. Su enorme significado avala también la magnitud de la obra desde el punto de vista arquitectónico y constructivo. Es un museo sin obras que mostrar dedicado en su recogido silencio a la reflexión y a la conciencia de cada cual. De los museos se aprende, en los museos se conserva y se preserva la memoria del pasado y cada cual puede interpretarla como convenga, pero nunca se puede destruir su sentido histórico, su grandioso diseño o su intención subyacente (de reconciliación en este caso).

Nos sumamos pues a que se tomen las medidas adecuadas para evitar más desmanes, más aún si estos se anuncian y se promueven desde poderes públicos que se consideran por encima de las leyes.

El Patrimonio Histórico y Cultural de todos no se toca, salvo para su cuidado.

4 Comentarios

  1. Es motivo de discrepancias poco menos que irreductibles el significado del conjunto monumental de Cuelgamuros.
    El que pregona Juan Laguna como algo establecido e intocable haciendo referencia a las leyes que regulan el patrimonio artístico y cultural español no es aceptado ni aceptable por muchos otros.
    Estamos en un país en que los que gobiernan casi nunca han querido convencer sino vencer e imponer sus interpretaciones.
    El tiempo pasa inexorablemente y la baraja de la fortuna no reparte los ases siempre a los mismos, así que donde unos dicen BLANCO, otros dicen, en otro momento, cuando las circunstancias se lo permiten, BLANCO NO.
    No quiero estenderme, pero resumo: demasiadas leyes, demasiados huecos legales, democracia cero, solo partidocracia con mayúsculas para que la «casta» saque musculitos… y me quedo corto.
    Gracias Juan por tu claridad y esfuerzo.

    • Muchas gracias Jesús por tu comentario.
      Las discrepancias «se hacen» irreductibles por sectarismo, pura ignorancia o manipulación y son ajenas a la racionalidad.
      En este caso, el artículo sólo pretende señalar que hay leyes que protegen el Patriomonio Histórico, tanto si tiene un signo político como si tiene otro, ya que es un simple pero importante testimonio que se une a los millones de ellos, de todo tipo, que hemos llamado Patrimonio de la Humanidad, extendidos en el tiempo, en el espacio y en las culturas.
      Quienes están dominados por un cerrilismo irracional, no suelen ser idealistas de uno u otro signo, sino espabilados que utilizan tales cuestiones (como tantas otras) para su propio beneficio.
      Un abrazo.

    • Gracias Bernardo. Quizás podáis tenerlo en cuenta desde la asociación de Patrimonio para requerir la protección adecuada. Ya me dirás. Un abrazo.

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