Jornadas sobre “La judicialización de la vida pública” | FOTO: Fundación Ankaria

“Pleitos tengas…”

Unas recientes jornadas sobre “La judicialización de la vida pública” en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (que también habrían podido traducirse como “La publicidad de la vida judicial”), organizadas por la Fundación Ankaria, me han llevado de nuevo a reflexionar sobre el mundo de la Justicia y los débiles hilos en que se sustenta.

De las muchas cuestiones pendientes en nuestro sistema político, la administración de Justicia es una de ellas. Una vez pasado el verano, se anunciaba una “huelga de togas” desde los diversos colectivos de magistrados, incluyendo en sus reclamaciones —entre otras— una mejora de retribuciones. Todo ello coincidiendo con la situación en Cataluña que derivaría después en el espectáculo político y jurídico que todos conocemos.

Como funcionarios públicos pertenecen a una escala de cuerpos especiales de la Administración Pública, con la nada envidiable función de impartir Justicia en los litigios que son sometidos a su consideración. Por ello, no son unos simples funcionarios que realizan una rutina de trabajo aplicando normas, sino que deben enfrentarse en cada caso desde su experiencia y conocimiento del ser humano a cuestiones que van siempre más allá del texto legal. Es decir, administran Justicia, no sólo aplican leyes. Eso es lo que les vale en el respeto y consideración social.

Ahora bien, cuando escapan de su responsabilidad personal y se limitan a “tramitar” expedientes judiciales, donde las cuestiones formales prevalecen sobre las de fondo y las resoluciones (por tanto las responsabilidades) se dejan en otras manos ajenas a ellos mismos, pierden el aura (casi mística) con que la sociedad reconoce su labor y pasan a ser unos funcionarios más —por muy alto que sea su rango— de la escala administrativa pública con reputaciones polémicas.

Hacer prevalecer la Justicia cuando las leyes se reconocen injustas, insensatas o fuera de razón, es la gran prueba para quienes se consideran jueces. Es el marchamo moral de “autoridad” con que se reviste la toga y la ética personal. Por eso no es fácil su tarea, por eso socialmente se confía en ellos y por eso se los considera la última garantía del Estado hacia sus ciudadanos. Pero cuando hay otra forma de actuar escondidos tras las normas, cualquiera que sea su origen, el juez está declinando de su responsabilidad, para dejarla en los hombros de quienes han dictado las leyes. De ahí la importancia de la jurisprudencia: porque trata de aportar, corregir y orientar la interpretación normativa hacia lo que considera justo.

Tenemos ejemplos importantes en casos de sistemas políticos o estados que, aún considerándose democráticos, imponen el principio de “legalidad” al de “justicia” y dan más importancia a la herramienta (el Derecho) que al objetivo final: la Justicia. Siempre recuerdo la magnífica película de los juicios de Nüremberg contra los jueces nazis que dieron prioridad a las leyes, sobre su responsabilidad como magistrados. No prevaricaron legalmente. Prevaricaron moralmente que es mucho peor. Y por eso se les juzgó y se les condenó.

En la actualidad tenemos ejemplos de estados que tienen sus normas y jueces obligados a aplicarlas por un juramento parecido al hipocrático en Medicina. Un juramento donde no se habla de hacer Justicia, sino lo que digan las leyes en cada momento por muy cuestionables que resulten. Todo dependerá después de la habilidad de los abogados para llevar los procedimientos; una habilidad que a su vez estará relacionada más con la herramienta (el Derecho) que con el fondo. De ahí que el conocido refrán “pleitos tengas y los ganes…” (convertido en maldición gitana), viene a decir que siempre se sale perdiendo cuando se entra en cuestiones de litigios. De ahí la creciente desconfianza de los ciudadanos en la Justicia abonada por la ya célebre frase atribuida al propio presidente del CGPJ y que, por conocida, no vamos a repetir.

He tenido ocasión de pasar por alguno de esos trances donde la “tutela judicial efectiva” consiste en que haya representación de letrado y procurador. Lo que viene a significar que la Justicia va a apoyarse más en “fundamentos de Derecho” o procedimentales, que en los propios hechos (en la mayoría de los casos). No es una novedad por tanto conocer que, muchos delitos reconocidos, quedan impunes por esa cuestión. Ni es nuevo saber (por el contrario) que, quienes no han tenido “tutela judicial efectiva” (entiéndase como se crea), probablemente tengan que sufrir el revés de una sentencia injusta o de una pena inmediata.

Por lo tanto, si no queremos seguir con las operaciones cosméticas de supuestas reformas en el sistema, debemos ir a las raíces de la cuestión. Estas provienen de la existencia de estados o sistemas políticos y administrativos muy diferentes entre sí, aunque formalmente lo parezcan con una simple —y a veces hueca— declaración. Primero hay que definir exactamente y comprender conceptos como justicia, derecho, poderes del estado y funciones respectivas, etc, etc… Si cada uno lo entiende de una forma diferente (por mucho que se haya teorizado sobre ello) ya no vamos bien.

La “justicia” no es un concepto abstracto. Es la garantía de que unas normas de convivencia consensuadas desde la razón y la sensatez (el “derecho”), van a ser aceptadas y aplicadas (porque la sociedad así lo exige), en igualdad de condiciones para todos, desde el primero al último ciudadano del Estado, sin ningún tipo de privilegio y sin supuestas razones para quebrantar “la igualdad de todos ante la ley” que se “administra” en nombre del Estado (no del rey, como se viene haciendo).

Desde que la tutela judicial efectiva tiene mucho que ver con la situación política, social y económica de los encausados, ya no podemos hablar de esa supuesta “igualdad de todos ante la ley”. Desde que existe la obligación de ser “representados” ante los tribunales, esa representación supone de hecho una de las más notorias desigualdades, porque tiene mucho que ver con la capacidad económica de los actores (demandantes o demandados). Desde que existen supuestos “inviolables” en los actores, ya se viola el principio constitucional de la “igualdad”. Desde que las vulneraciones de la Ley son o pueden ser objeto de transacción, serán siempre los más débiles quienes queden al margen de las mismas, con lo que la “igualdad” se queda convertida en un mero propósito en la práctica jurídica y la tutela judicial efectiva será mera retórica.


FOTO: Fundación Ankaria

Acerca de Juan Laguna

Colaborador de Fundación Emprendedores.

Esta entrada fue publicada en Opinión y etiquetada , , . Guarda el enlace permanente.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *