La opaca transparencia

La opaca transparencia

Desgraciadamente, cuando el Gobierno decide poner en marcha esta medida, lo hace a través de unas condiciones que van a impedir, en la práctica, muchos de los intentos por conocer directamente la gestión administrativa o pública. Para ello, nada mejor que las webs, ese sistema donde podemos dar a conocer lo que nos parezca oportuno y, como es lógico, establecer unas vías que, por su complejidad o exigencias, sean una forma de desincentivar a priori a los ciudadanos.

Todos sabemos que, salvo las cuestiones más o menos morbosas del cotilleo sobre sueldos públicos, existen muchos más recovecos administrativos que se nos pueden vedar de una u otra forma, no porque se hayan clasificado como secretos por razones de Estado o seguridad nacional, sino porque explican muchas de las cosas que han estado ocurriendo en el ámbito de las AA.PP. y de las instituciones.

Seguimos sin enterarnos de que lo “público” significa por definición el acceso sin dificultad para todos los ciudadanos a todos los espacios institucionales, hoy guardados por empresas de seguridad que vulneran en muchos casos con sus requerimientos la intimidad constitucional de quien acude a tales dependencias, cuando no añaden la obligación de identificación fotográfica de los visitantes. Esta paranoia por la supuesta seguridad (¿de quien?) ha sido el pretexto para crear barreras artificiales entre los ciudadanos y sus servidores públicos convertidos hoy en fiscalizadores de quienes les pagan el sueldo mientras que, por el contrario, eluden la fiscalización de sus actos.

El sistema público, como se ha denunciado en muchos casos, ha caminado por ese filo de la navaja de la interpretación libre de la propia C.E. contando siempre con que, en última instancia, el ciudadano tendría que dedicar tiempo, esfuerzo y dinero para pleitear ante una justicia de lo contencioso-administrativo cuyas circunstancias -en muchos casos- son conocidas.

La transparencia no es una cuestión de leyes, sino de voluntad y sentido de lo público. De que el ciudadano perciba que todo el entramado institucional está para servirle, en lugar de para perseguirle. De que los empleados públicos sepan que están más obligados con cualquier ciudadano, que con el cargo que toque en cada momento y de que no pueden ayudar a gestionar desmanes o irregularidades, por muchos requisitos formales que parezcan cumplirse. Ese control interno es mucho más importante que el hecho de publicitar concursos públicos (cosa que ya se hacía -o debía hacerse- en el BOE correspondiente) o la distribución presupuestaria de cada departamento público (que ya estaba en los presupuestos).

La transparencia requiere una nitidez absoluta en el espacio público. No es cuestión de formas sino de fondo, donde el interés público sea incuestionable por así requerirlo la ciudadanía. El “todo para el pueblo pero sin el pueblo” es una perversión política de la democracia. No se trata de “conceder” por parte de los administradores, sino de “exigir” por parte de los administrados. La desconfianza y el control de quienes nos administran, en este caso es una virtud democrática.

La ley que trata de abrir una cierta ventana sobre lo público acaba, -como casi todas-, convertida en un texto farragoso donde el ciudadano tiene que esperar la respuesta a sus demandas, a las que debe incorporar no sólo su identificación personal, sino firmas electrónicas y otros datos que, para la mayoría, aún resultan extraños por su complejidad o son rechazados por su potencial riesgo informático. Es cómo si las AA.PP. se arrogasen aún el poder discrecional de responder según a quien y según a qué.

Habría sido mucho más fácil (y casi en un artículo único) disponer:

1.- Todas las dependencias de las AA.PP. cualquiera que sea su carácter, serán de libre acceso a los ciudadanos, eliminando cualquier barrera para la realización de consultas de cualquier asunto tramitado o gestionado en las mismas.

2.- Todos los empleados públicos tienen el deber de atender directamente las consultas realizadas por cualquier ciudadano en las dependencias públicas, facilitando los expedientes e información que correspondan a los asuntos públicos.

3.- Cualquier consulta realizada a las AA.PP. tendrá carácter vinculante para las mismas.

4.- En el plazo de un mes natural de la publicación, se habilitará en todas las dependencias públicas, cualquiera que sea su carácter, una zona de consulta a disposición de los ciudadanos, con el fin de facilitar las mismas y controlar la documentación bajo custodia administrativa.

5.- Sólo los expedientes que afecten a la seguridad nacional, previamente clasificados como restringidos, requerirán una autorización especial del máximo responsable institucional del sector.

Por eso, sigue siendo insuficiente la transparencia en unos sistemas que se han ido encerrando en la opacidad y en el ocultamiento que han servido para eludir responsabilidades concretas, propiciar la corrupción en su gestión y, lo más grave, apropiarse del Estado (de los ciudadanos) desde el despotismo democrático dictado por las representaciones parlamentarias mayoritarias que, en definitiva, se arrogan el control de todos los poderes.

Acerca de Juan Laguna

Colaborador de Fundación Emprendedores.
Esta entrada fue publicada en Opinión y etiquetada . Guarda el enlace permanente.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *