Ideas para una reforma de la Constitución

Con este título se presentaba el pasado 21 de noviembre en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas un documento firmado por un conjunto de catedráticos de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, encabezados por el profesor Santiago Muñoz Machado, junto a otros procedentes de Sevilla, Granada, País Vasco y Barcelona (estos en manifiesta mayoría), todos ellos desde “la preocupación por la seria crisis constitucional en que estamos inmersos” y “la necesidad de afrontar la reforma de la Constitución para ponerle remedio”. 

El detonante de esta loable iniciativa han sido los acontecimientos de Cataluña, si bien deben enmarcarse en una mayor conciencia en el mundo académico, social y político, de la absoluta necesidad de tal reforma en forma más o menos extensa del texto constitucional. En este caso más relacionadas con la organización territorial del estado, buscando el encaje de Cataluña más adecuado.

Su propuesta —si la he entendido bien— viene a reconocer la existencia de un cierto sistema federal en el que se implantó en España con las Comunidades Autónomas, donde los respectivos estatutos son “constituyentes”, tanto en su proceso de gestación, como en su estructura político-administrativa, como en la asunción y desarrollo de competencias de gestión política y pública. El reconocimiento de este federalismo potencial para España y su explicitación en la reforma constitucional, sería para este grupo de prestigiosos profesores la vía por donde debía circular la necesaria reforma. En definitiva, aceptar como “estados” federados en España a las referidas comunidades autónomas, sometidas a su vez a la Constitución Española.

Todo ello viene a coincidir en alguna medida con el “mantra” federalista del PSOE que viene repitiéndose una y otra vez, en un claro intento de llevar a la práctica la conocida resolución de Suresnes (1974), donde se proclamaba el derecho a la autodeterminación de “las nacionalidades y regiones” de España. Es decir, a la fragmentación política de la nación española y, con ello, a su debilitamiento en el escenario de las naciones. Quizás el apoyo que recibió el PSOE desde el “Flick” o “Flock” de la época, tuviera algo que ver con ello. No hay que olvidar que el texto constitucional tuvo en su parto como “matronas” principales a los dos partidos que eran mayoritarios (UCD y PSOE). Por esa razón, nadie sabe a quien, ni porqué se le ocurrió su inclusión en el artº 2º de la C.E.

El documento a que nos referimos apuesta por “un diálogo desde la Constitución”, lo que nos lleva a recordar lo que fue la Transición: “de la ley a la ley” o, en otras palabras “atado y bien atado” desde el régimen anterior, donde la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 6 de julio de 1947, ya proclamaba “un estado católico, social y representativo que, de acuerdo con la tradición, se declara constituido en Reino”. Pero.. ¿qué debemos entender como diálogo desde la Constitución? ¿debemos entenderlo como una segunda transición política que supondría unas reformas simplemente cosméticas para “encajar a Cataluña” en el Estado Español a partir del federalismo?

Con todo el respeto que merecen tanto los profesores firmantes de dicho documento, como el propio documento, no parece que esa sea únicamente la reforma sobre la que poner el acento, cuando tantos otros aspectos de la Constitución —aparte de la organización territorial— se han cuestionado y criticado o simplemente son ya anacronismos sin sentido en la sociedad actual.

Por otra parte resultaría un nuevo agravio comparativo con el resto de las CC.AA. que Cataluña tuviera un protagonismo especial en la reforma constitucional, como inductora de la misma. Nuevamente el Estado quedaría devaluado como promotor de dichas reformas, donde deberíamos analizar cuestiones más amplias como el sistema de representación parlamentaria (sistema electoral igualitario en todo el Estado), los llamados “derechos” otorgados (y por lo tanto revocados cuando conviene), la separación de poderes y su control parlamentario, la responsabilidad en la gestión pública y su control independiente, la función pública y el gobierno, la administración de justicia, etc., etc.

En cuanto al sistema de organización política y territorial del Estado, la primera cuestión es para qué se necesita. Obviamente para “acercar la gestión a los ciudadanos” no para ceder (ojo a la palabra) competencias y su titularidad a entes territoriales, sino para “delegar” la gestión y representación del Estado en los mismos. En tal caso sobran “gobiernos territoriales”, “asambleas territoriales” y estatutos propios. Lo que fue siempre el espíritu inicial de las mal llamadas “autonomías” que, con este nombre, ya daban origen a la “autosuficiencia” en todos los órdenes. Eran (son) de hecho unos “miniestados” que pueden plantar cara al Estado que las generó o pueden confrontarse entre si.

Si a ello añadimos que, el mayor nivel de corrupción institucional, los mayores despilfarros de gastos e incluso las más arbitrarias decisiones parecen producirse en estos auténticos “reinos de taifas”, seguir empecinados en mantenerlos sin cambios profundos y sustanciales en su estructura sino, al contrario, esperar una cierta lealtad institucional en su “federación” dentro de la Constitución Nacional, parece más bien un buen deseo que una realidad objetiva.

Llegados a este punto, lo que quizás nos deberíamos preguntar como ciudadanos es qué tipo de administración nos sale más barata. Porqué el sistema público debe racionalizarse para concretar de una vez por todas lo que son las auténticas necesidades “públicas” y lo que son meros caprichos o “intereses” nacidos en las “mamas” de los impuestos. Qué funciones, competencias y servicios debe cubrir cada administración pública en lugar de superponerse entre sí. Qué recursos reales son precisos para la mayor efectividad en la gestión en función de su mayor o menor complejidad. En definitiva, si es preferible que los dineros de cada uno, ganados desde el esfuerzo y el sudor de cada día, se queden en los que los han merecido en lugar de disolverse entre nuestros administradores.

El Estado tiene competencias y responsabilidades irrenunciables en su titularidad y en su organización, gestión y desarrollo. El caos existente en la función pública, en la educación, en la sanidad, en las infraestructuras, en los equipamientos, en la seguridad, en las competencias, en las identidades sociales y políticas, no sólo produce inseguridad jurídica e inseguridad administrativa y competencial, sino que además, produce agravios comparativos (lo hemos visto en estos días con las retribuciones de los cuerpos de seguridad) que, finalmente, provocan enfrentamientos y confrontación social. Y eso es lo más grave de todo.

Acerca de Juan Laguna

Colaborador de Fundación Emprendedores.

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Una Respuesta a Ideas para una reforma de la Constitución

  1. Oquendo dijo:

    Toda fiscalidad termina incorporándose al coste de productos y servicios domésticos. También el IVA.
    Es por tanto imprescindible tener una fiscalidad competitiva. En el caso de España el “hecho autonómico” lo impide y fuerza lo contrario.

    Los 17 “estadillos” autonómicos en que se ha materializado el título competencial de la Constitución del 78 son máquinas desaforadas de gasto ineficiente que también forman parte del coste de nuestros productos y servicio.
    A niveles imperceptibles que son los peores.

    Ejemplo:

    1. Tarjetas sanitarias en cada Taifa –todas diferentes en aspecto exterior y en el contenido de su microprocesador si lo tiene–. Y ello cuando somos el país de Europa con Un DNI electrónico. ¿Por qué? Piensen en cada proceso administrativo y ciudadano, en cada coste impuesto por una aparentemente nimia circunstancia.

    2. Remuneración de Funcionarios públicos, –como decía el ABC de hace unos días rompiendo la vigente “Omertá”–, que resulta en que el mismo puesto autonómico cuesta un 25% más –en media– que dicho funcionario en el gobierno central.

    3. Una remuneración media en el Sector Público muy superior a la del Sector Privado que es quien lo paga.

    4. En 40 años hemos pasado de 700.000 funcionarios a 3,200,000 sin contar los emprados de las empresas del Ibex que hacen muchísimos de los trabajos subcontratados en todas las actividades públicas. El IBEX 35 es, a estos efectos, un sector público en la Sombra.

    De estas cosas hay a miles en el “estado autonómico”. Si incluimos sus redes clientelares …..apaga y vámonos.

    Es cuestión de supervivencia una Reconversión como las que hemos pasado en el Sector Privado.

    Se nos miente cuando se dice que el Estado autonómico ha “descentralizado”. No es cierto. Lo que ha hecho es “fragmentar” y cualquier hombre de empresa entiende la dramática diferencia entre ambos verbos.

    En nuestro caso son ya tantas las barreras legales de entrada –más de un millón de páginas de BOE’s autonómicos–que solo las grades empresas globales –monopolios de facto muchas de ellas– pueden plantearse operar a lo largo y ancho de España.

    Cómo se accede a la Escala en España. Cómo a la Movilidad de factores. ¿Cómo a la unidad de Mercado?

    Mucho que pensar, mucho que hacer.
    Reconversión pendiente.
    Justo lo contrario de lo que parece buscar el Statu Quo.

    Saludos y gracias al Sr. Laguna

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