El gatopardo

El gatopardo

“Es preciso que algo cambie para que no cambie nada...” (Lampedusa)

A remolque de los acontecimientos, la clase política empieza a exhibir medidas de regeneración política que, a pesar la bondad de las intenciones, siguen sin entrar en el fondo de la cuestión. Al final la maraña legal innecesaria nos llevará a mayor inseguridad jurídica cuando el asunto es tan simple como lo que exponemos a continuación.

La primera cuestión es el ejercicio del poder sin contrapoderes reales, sin controles independientes que impidan la arbitrariedad revestida de interés público. Un sistema donde las mayorías se imponen en los tres pilares básicos del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial es un sistema proclive a la impunidad en sus actuaciones, pero un sistema donde la unanimidad entre las fuerzas políticas está más en cubrir las desvergüenzas propias que en su exhibición pública, lleva a la generalización —como hemos conocido en las tarjetas de Cajamadrid— de la desconfianza ciudadana.

La segunda es el sistema de participación política, impropio de un sistema democrático real, donde la desigualdad de oportunidades se santifica con la fórmula D’Hont establecida en su momento para satisfacer a los nacionalistas, pero claramente injusta en la valoración de cada voto, al mismo tiempo que se agudiza con los sistemas de apoyo y financiación pública a “los más votados” en la anterior convocatoria. El sistema se blinda con el legislativo en la legislación electoral hecha a medida de los intereses partidarios de la mayoría.

La tercera es el sistema autonómico desigual y propicio a levantamientos de los propios representantes del Estado contra quien los patrocina y apoya: los ciudadanos en su conjunto. Cada territorio establece sus leyes y normas y en su organización política se repite el modelo perverso de poder absoluto sin control efectivo. Pero no solo eso. La proliferación de cargos públicos propicia la existencia de un mayor número de redes clientelares a las que satisfacer, bien por un tipo de relaciones, bien por un tipo de compromisos. La mesa del banquete es amplia y tiene todo tipo de manjares con cargo al déficit público.

Pero ¿qué consideramos corrupción, corruptelas o irregularidades en la gestión pública? Muchas de ellas están amparadas en una legalidad ambigua que impide el control efectivo y real sobre lo que debe ser gasto público. El cargo público de cualquier tipo no se siente sometido a norma, porque la norma la establece él mismo. El es el poder absoluto y eso le lleva a su gran capacidad de operar según sus intereses con absoluta discrecionalidad. En todo caso, al final está la justificación política, cuando no las sagradas razones de Estado.

No obstante, las medidas anticorrupción se han orientado hacia los partidos y su financiación más o menos regular y, de nuevo, se plantean cuestiones que inciden más en las formas que en el fondo. Para ello habría que analizar lo que es y representa un partido político como un conjunto de voluntades que aspiran a unos determinados modelos de convivencia social. Son por tanto entidades de carácter privado (a pesar de su posible interés público) capaces de generar propuestas políticas que, en su caso, les lleven a administrar el sector público.

Entre las medidas propuestas nos llama la atención que siga sin plantearse la imposibilidad de recibir financiación que no proceda exclusivamente de sus afiliados, permitiendo las “donaciones” de personas físicas y jurídicas hasta unos techos que resultan un sarcasmo. Los “lobbys” de contrataciones públicas, como en los casos que conocemos, están de enhorabuena pues se ha rebajado el listón y sale más barato ¿O es que no estamos escarmentados para saber que tales donaciones no son por puro altruismo ideológico? Un partido, como cualquier otro club de intereses privados, tiene afiliados y cuotas fijas establecidas y sólo depende del apoyo de afiliación su cuenta de resultados. A más apoyo popular, más financiación. Pero seguimos haciendo trampas en el solitario.

Otra cosa que resulta chocante y un tanto pueril es que se solicite la honestidad previa del cargo público, incluidos sus antecedentes penales, en lugar de establecer, —como existió siempre hasta la llegada del PSOE—, mecanismos independientes de control de gasto público en cada dependencia de las AA.PP. Evitar el riesgo de que el honesto se convierta en deshonesto de la noche a la mañana, una vez ocupado el cargo y el poder de decisión, con cuantas más barreras administrativas mejor. No hay tantas razones verdaderamente políticas o de Estado que justifiquen la arbitrariedad.

Más aún: los partidos no deberían establecer las reglas de juego que mejor les conviniera a través del legislativo. El legislativo está para recoger y normativizar las aspiraciones sociales de los ciudadanos a través de los partidos; resulta poco estético -por lo menos- ser juez y parte en la regulación de sí mismos. Las leyes esconden trampas y quienes mejor las conocen son sus redactores. Con las leyes ha ocurrido igual que con los aparatos. Antes eran simples y se entendían, por lo que no te podían dar gato por liebre en una reparación. Ahora se han complicado para crear dependencias profesionales o corporativas.

La conocida como Ley de Régimen Jurídico de las AA.PP. tenía los ingredientes necesarios para evitar desmanes, incluyendo la obligación de denuncia por parte de los funcionarios bajo apercibimiento de ser considerados cómplices. ¿Qué ha ocurrido? Que los escasos funcionarios que se atrevieron a denunciar fueron laminados y perseguidos sin ninguna protección judicial. La misma ley establecía la posibilidad de actuar desde la propia administración contra el autor de los hechos, obligándole a resarcir el quebranto al Estado. ¿Alguien conoce algún caso en que esto se haya producido?

Los sistemas de contratación pública son muy golosos pero peligrosos para los técnicos íntegros y honestos que se nieguen a aceptar reformados posteriores por parte de quienes acuden a una baja con idea de elevar el coste más tarde. Los sobrecostes de trabajo resultan -cuando menos- polémicos, como en muchos casos que todos conocemos y, desde luego, nunca son a riesgo y ventura del contratista sino del contratante. Los sistemas de adjudicación se han complicado innecesariamente creando un trampantojo administrativo. La contratación de trabajos y compromisos que exceden a una legislatura hipotecando a las siguientes y a los ciudadanos, se han hecho normales. En todo esto es donde habría que incidir en lugar de crear más normas con un nuevo decorado escénico, pero —mucho nos tememos— con la misma quincalla entre bastidores. Y a seguir tirando muy lampedusianamente.

Acerca de Juan Laguna

Colaborador de Fundación Emprendedores.
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