Bicentenario de la Pepa

Con motivo del Bicentenario de  la Constitución de 1812 hemos querido unirnos a la celebración del nacimiento de la Pepa, con este excelente documento de José Montoto que puede leerse integramente.

Según Joaquín Sabina, “no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió”, sobre todo si los que la sienten son los historiadores, porque como dice Jorge de Esteban, “los historiadores tienen un poder del que carece el mismo Dios: el de cambiar y reconstruir el pasado”, que, “como está muerto y no puede defenderse contra quienes lo invaden –que diría el malogrado Francisco Tomás y Valiente- vemos cómo cada cuál lo interpreta y utiliza a su antojo”. Asegura igualmente Jorge de Esteban que “una victoria anodina puede verse eclipsada por una derrota debidamente mitificada”. En Cádiz paso justamente lo contrario: que el fracaso de una Constitución en el intento de dotar al país de una configuración y de una organización políticas estables, se vio eclipsado por la mitificación fruto de la añoranza.

La “Constitución Política de la Monarquía Española” –que esa es su verdadera y oficial denominación- promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812 es sin duda el texto jurídico-político más interesante del constitucionalismo español, pero posiblemente también del constitucionalismo occidental, que es tanto como decir de la historia mundial del constitucionalismo. Su estudio resulta apasionante desde cualquier perspectiva: jurídica, política, histórica, social…, lo que ha provocado en todos los tiempos una ingente historiografía (ya Carlos Marx en 1855 pudo decir que existía “toda una biblioteca en pro y en contra” de ella), sobre todo cada vez que se aproxima una significativa conmemoración, como ocurrió con la del 150 aniversario, que el Instituto de Estudios Políticos anticipó con la publicación en el año 1959 de una obra imprescindible para comprender “Los orígenes de la España  Contemporánea” (Miguel Artola) y celebró en 1962 con un número monográfico (el 126) de su Revista, al que aportaron sus valiosas colaboraciones historiadores de la talla de Melchor Fernández Almagro, Federico Suárez, José Luis Comellas, Diego Sevilla Andrés, Ramón Solís, Luis Sánchez Agesta, Juan Ferrando Abadía, Hans Juretschke, Joaquín Tomás Villarroya, Diego Mateo del Peral, José Manuel Pérez Prendes, Demetrio Ramos y Otto Stoetzer.

En los últimos años, ante la conmemoración de su bicentenario, el número de monografías aparecidas es incontable, como casi también lo es el de los tratados colectivos, desde el coordinado por José Álvarez Junco y Javier Moreno Luzón (“La Constitución de Cádiz: historiografía y conmemoración. Homenaje a Francisco Tomás y Valiente”) editado en 2006 por el Centro de Estudios Constitucionales, pasando por el dirigido por José Antonio Escudero (“Cortes y Constitución de Cádiz, 200 años”) editado en tres volúmenes por Espasa Calpe con el patrocinio de la Fundación Rafael del Pino el año pasado y que, al decir de Manuel Moreno Alonso, está llamado a ser “un punto de referencia de primer orden” para el conocimiento de la materia, o como, en fin, el recientemente editado por la UNED en tres números monográficos (82, 83 y 84) de su Revista de Derecho Político, el último de los cuales está aún por aparecer, de más de 600 páginas cada uno, en los que colaboran más de 50 especialistas de las más variadas materias.

Ante esta ingente bibliografía resulta poco menos que imposible aludir, siquiera sea a uña de caballo, a los muchos aspectos de interés que, por somero que sea, un estudio de la Constitución del 12 plantea (y que ella se merece) en los 15 o 20 minutos que el Presidente me ha dado para ello. Se precisarían tal vez más años de los que el destino tenga previsto concederme. Sobre todo si tenemos en cuenta que carecería de sentido y de rigor acometer un estudio del texto constitucional del 12 aislado de su contexto histórico, político, social e incluso jurídico, quiero decir, sin enmarcarlo en la totalidad de las singulares circunstancias por las que nuestro país atravesó desde la restauración borbónica en los inicios del siglo XVIII, especialmente en las dos primeras décadas del XIX, y más concretamente aún, en los “cuatro años y un día” (como en las condenas penales) que transcurren entre el Motín de Aranjuez el 18 de marzo de 1808 y la promulgación de la Constitución el 19 de marzo de 1812. “Cualquier discurso político o ideológico que se construya sobre ésta [la Constitución del 12] –dice Manuel Moreno Alonso- carece de sentido si se prescinde de la crisis histórica de proporciones revolucionarias –dinástica, política, social y jurídica- que se abrió en 1808” (La Constitución de Cádiz. Una mirada crítica.- Ediciones Alfar.- Sevilla, 2011.- Pág. 54).

Por lo demás, e independientemente de ello, aunque la exégesis de un texto nunca pueda dejar de ser eso mismo, esto es, un análisis de su contenido, en el caso de la Constitución de Cádiz éste es lo de menos. Lo que la hace única en su género es su proyección histórica y territorial, su trascendencia sobre lo temporal, su simbolismo, eso que la ha llevado a convertirse en un verdadero mito y cuya averiguación nos remite a lo anterior, es decir, a preguntarnos hasta qué punto esto es mérito de su propio contenido o efecto del contexto histórico en que se produce, mejor dicho, del contexto histórico que “la” produce, porque tal es mi personal percepción del resultado constitucional del doceañismo, que es más un fruto, aunque extemporáneo, de las circunstancias (nacionales, pero también internacionales) de la época en que nace, que de la iniciativa de quienes la hacen nacer. ¿Y por qué “extemporáneo”? Pues porque, en mi opinión, debería haber nacido 20 años antes; y para instaurarlo e implementarlo bastantes años después.

Efectivamente, la necesidad de elaborar una constitución fue sentida desde tiempos muy tempranos y de modo unánimemente compartido tanto por todos los estamentos y clases sociales como por las diversas tendencias políticas en liza: los conservadores realistas, los reformadores ilustrados tradicionalistas y los liberales innovadores de diversas tendencias. No había mejor forma de neutralizar a la espuria promulgada en Bayona. La Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino, creada el 25 de septiembre de 1808 para asumir las competencias de las 18 Juntas Provinciales originalmente establecidas, creo una Comisión de Legislación (Jovellanos la llama de Constitución) que inició sus trabajos en noviembre de 1809 sentando las bases de una futura norma fundamental sobre el principio de separación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Igualmente compartida por todos los sectores y tendencias, desde que por aquellas mismas fechas el Diario de Sevilla publicara una serie de artículos sobre los regímenes políticos, era la convicción de que el mejor sistema para España sería el consistente en una monarquía hereditaria limitada, como también lo era la de que la nueva Constitución debería buscar su legitimidad en la de las “leyes fundamentales” de los diferentes Reinos de la Monarquía Española: Castilla, Aragón y Navarra, idea que se mantiene hasta el final y que obliga a don Agustín Argüelles a afirmar, cínicamente, en el “Discurso Preliminar Leído en las Cortes al Presentar la Comisión de Constitución el Proyecto de Ella”, lo siguiente: “Nada ofrece la Comisión en su proyecto que no se halle consignado del modo más auténtico y solemne en los diferentes cuerpos de la legislación española, sino que se mire como nuevo el ‘método’ con que ha ‘distribuido’ las materias, ordenándolas y clasificándolas para que formasen un sistema de ley fundamental y constitutiva, en el que estuviese ‘contenido con enlace, armonía y concordancia’ cuanto tienen dispuesto las leyes fundamentales de Aragón, de Navarra y de Castilla en todo lo concerniente a la libertad e independencia de la Nación, a los fueros y obligaciones de los ciudadanos, a la dignidad y autoridad del Rey y de los tribunales, al establecimiento y uso de la fuerza armada y al método económico y administrativo de las provincias”. Pretende evidentemente hacernos creer el taimado don Agustín que la nueva Constitución que tan solemnemente va a ser promulgada no es, en realidad, mas que lo que hoy llamaríamos un Texto Refundido de las leyes fundamentales históricas, pero vigentes, de los diversos reinos de la Monarquía.

No pretendo sostener que con anterioridad al inicio de las sesiones de las Cortes existiera ya un borrador consensuado del texto de la futura Constitución, pero sí de las cuestiones fundamentales a tratar en ellas. Manuel Moreno Alonso (op.cit., págs. 74 y 75) nos dice (la cita es larga, pero esclarecedora): “Este ‘espíritu’ existente en los días de Sevilla [se refiere a los vividos en dicha capital antes de que la Junta Central se disolviera a finales de enero de 1810 cediendo todos los poderes al Consejo de Regencia] dejó su impronta lo mismo en los ponentes del proyecto de constitución que en los del Discurso Preliminar. Pues aunque, desde luego, no hubiera un texto previo sobre el que se redactó la Constitución, hubo un razonamiento o una puesta en común que se fue desarrollando sucesivamente a medida que el proyecto se redactaba. Muy destacada fue entonces, como después en Cádiz, la aportación inicial de Ranz Romanillos (anterior miembro de la Junta de Bayona y autor material de la redacción de las Actas de sesiones entre el 15 de junio y el 8 de julio de 1808) quién, según se desprende de las Actas de la Comisión, siendo ajeno a ésta, tenía en su poder un proyecto de Constitución realizado sobre determinadas bases que adoptó la Comisión creada para este objeto  por la Junta Central”, aunque es indudable que éste que hoy llamaríamos “consenso” previo sobre el futuro texto constitucional no se extendía al carácter mono o bicameral que habrían de tener las Cortes Extraordinarias Constituyentes que habían de ser convocadas ni las Ordinarias posteriores que en ella se instituyeran.

Sobre el proceso de convocatoria de las Cortes conviene detenerse aunque sea brevemente. Anunciada (por Decreto de 28 de octubre de 1809) para el 1 de enero de 1810 y su reunión para marzo de ese mismo año, se acordó convocar a los tres estamentos tradicionales. “Sin embargo –dice Manuel Morán Ortí- faltaban aún por resolver otros aspectos de importancia capital, como el número de cámaras y de diputados, o el sistema electoral para el brazo popular. Sobre lo primero, la Comisión propuso el sistema bicameral (18 de diciembre), pero para ello hubo de desentenderse de la recomendación de la Junta de Ceremonial y combatir el dictamen –sorprendente- del Consejo, a favor de la reunión de los estamentos en una sola cámara” (La formación de las Cortes (1808-1810).- En Las Cortes de Cádiz.- Edit. Miguel Artola.- Marcial Pons Ediciones de Historia, S.A.- Madrid, 2003.- Pág.31). Tras mantenerse al respecto diversas posiciones, la Junta Central, el 20 de enero de 1810 optó por el sistema bicameral. Pero la carencia de una relación completa de nobles y prelados con derecho a integrar la cámara alta impidió que se efectuara de inmediato su convocatoria. La del estado llano se había efectuado, como estaba previsto, el 1 de enero.

Así las cosas, los acontecimientos se precipitan. La entrada de los franceses en Andalucía y el motín de Sevilla el 24 de enero obligan a la Junta a refugiarse en Cádiz y a ceder el mando al Consejo de Regencia. Pero antes de ello, como último acto de ejercicio de su soberanía, el 29 de enero promulgó un Decreto estableciendo el modo de celebración de las Cortes. En esencia las configuraba:

- como una asamblea estamental, en dos cámaras que deliberarían por separado y contaría con una representación supletoria para América y para la zona peninsular ocupada por los franceses;

- que gozaría de capacidad legislativa;

- pero que estaría bajo el control del Consejo de Regencia, que presidiría sus sesiones y gozaría de facultades para disolverla.

Tal decreto, sin embargo, se “perdió”. Su existencia no fue conocida hasta que en el mes de septiembre, cuando las Cortes estaban a punto de celebrar su reunión inaugural, José Mª Blanco White lo publicó desde Londres en el nº 6 de El Español (Obras Completas.- Editor general Antonio Garnica Silva.- Editorial Almed.- Granada, 2009.- Vol.III.- Págs. 177 a 193). De su “extravío” se culpó al que para muchos pasa por ser el padre del liberalismo español: don Manuel José Quintana y Lorenzo, depositario que fue de los papeles de la Secretaría de Gracia y Justicia, aunque su biógrafo Albert Dérozier (Manuel José Quintana y el nacimiento del liberalismo en España.- Turner.- Madrid, 1975) atribuya inverosímilmente la paternidad de la ocultación a Jovellanos, a don Martín de Garay o a don Juan Acisclo de Vera y Delgado, arzobispo de Laodicea.

Lo cierto es que las Cortes finalmente se inauguraron solemnemente y dieron inicio a sus sesiones el 24 de septiembre de 2010 en la isla de León integradas por una sola cámara.

El descrito incidente, así como la desde el principio ejercida preponderancia del sector más avanzado del liberalismo en el desarrollo de las sesiones de Cortes, apoyada e incluso impuesta por la presión de la opinión pública en unas circunstancias tan excepcionales, ha llevado a algunos autores a hablar, más que de la existencia de una “revolución liberal”, de un verdadero “golpe de mano de los liberales dentro de la revolución española”, tanto más cuanto que dicho predominio no se debía a su mayoría numérica, sino a su audacia, como nos dice Jorge de Esteban al definir el desarrollo de la labor constituyente como una lucha entre los nacionalistas tradicionales y los nacionalistas liberales en la que sobre todo contó “la astucia, la preparación, la inteligencia y la juventud” (La Constitución de Cádiz y su imposible reforma.- Cortes y Constitución de Cádiz, 200 años”.- Op.cit.- Vol.III.- Pág.417).

Sin embargo el principal defecto, más de los liberales constituyentes que del propio texto constitucional de 1812, fue su falta de realismo y pragmatismo o, por el contrario, su falta de determinación. Su actitud podía haber sido:

a) La de tomar en consideración una serie de circunstancias que hacían inviable una postura maximalista, “a la francesa” en vez de “a la inglesa”, cuando incluso en Francia habían remansado ya los primeros ardores revolucionarios; o

b) La de jugarse el todo por el todo, deponiendo al monarca (cortándole incluso la cabeza) y enfrentándose a todos los poderes fácticos del Antiguo Régimen, Altar incluido, privándolos de legitimidad, como en el caso francés veinte años antes.

Se quedaron sin embargo a medio camino:

a) Adoptaron una serie de medidas (soberanía popular, sufragio universal activo, etc) para las que España, ni incluso en ese momento Europa, estaba preparada, enajenán-dose gratuitamente la voluntad de importantes sectores con cuyo concurso contaron en un principio y podían haber seguido contando si hubieran querido incorporarlos a su proyecto, como la Iglesia, la alta aristocracia, una parte importante de la burguesía ilustrada (afrancesados incluidos), el ejército (la estupidez más perniciosa cara al futuro fue la de provocar su enfrentamiento), e incluso el propio pueblo;

b) Sin embargo respetaron la institución de la Monarquía (incluida la legitimidad de su titularidad en la persona del propio Fernando VI), aunque pretendieran moderarla.

Dice con razón Artola que todo poder precisa de legitimidad y que para que un proceso revolucionario triunfe (e indiscutiblemente aquél lo fue, por cuanto intentó cambiar el sistema imperante por otro radicalmente distinto), se requiere que logre exitosamente:

a) Privar de legitimidad al poder que se sustituye;

b) Dotar de legitimidad al nuevo poder que en su sustitución se establezca.

Los liberales doceañistas pretendieron lograr lo segundo sin siquiera intentar lo primero, y hacer compatible un sistema constitucionalmente muy avanzado (el más de Europa, tanto en aquél momento como cuando, seis años más tarde, lo intentaron de nuevo) con una monarquía heredera de los peores resabios absolutistas, encarnada en un monarca como Fernando VII, desoyendo cuantas advertencias (como las de Blanco White y otros muchos, entre ellos el propio Jovellanos) aconsejaban moderación y prudencia. Que llevaban razón lo demostró el tiempo.

Decíamos que desde el primer momento provocó tanto las más encendidas pasiones como las más acerbas críticas. Entre las primeras no deja de ser sospechosa la que suscitó en Juan Nepomuceno Fernández Lindo, que la equiparó poco menos que a las Tablas de la Ley que Dios en persona entregó a Moisés en el Sinaí o al propio texto de la Biblia, de inspiración indudablemente divina, cuando en carta al Gobernador de Comayagua le decía: “He tenido la gloria de leer nuestra Constitución Nacional y meditarla tres días en esta soledad propia para el efecto -ignoramos a qué concreto solitario lugar se refería-. Es obra del Altísimo: las Cortes no han sido más que un instrumento de la Omnipotencia. Los mismos que la sancio-naron no podrán saber de donde vino la armonía y el concierto de esta obra”. Y entre las críticas (tan preocupantes desde luego o más que el anterior elogio), las que mereció a los liberales ingleses coetáneos, como al propio Duque de Wellington, a Lord Castlereagh, al mismo Lord Hollan (que expresó a Blanco White su disgusto por considerarla de imposible cumplimiento y contener ”demasiadas definiciones”, o a Lord Palmerston, que la calificó de “la más absurda y estúpida de las constituciones”. A este respecto resulta significativo el título del libro publicado en 1987 por José Andrés Gallego: “El proceso constituyente gaditano: Cuarenta años de debate”. Pocos me parecen, pero en cualquier caso a esos 40 habría que sumar los 24 transcurridos desde la fecha de su publicación.

¿Cuáles son los principales defectos que incluso sus más fervorosos defensores señalan en el texto constitucional gaditano?

• Su falta de realismo sobre el diagnóstico de la sociedad a la que iba destinada, aún muy conservadora y tradicional, dominada por una nobleza y un clero no preparados para recibir sus revolucionarias y para el momento ultramodernas soluciones y compuesta por un pueblo pobre, atrasado y en gran parte no alfabetizado y, ante todo (problema que ha sido destacado por numerosos autores como el fundamental) carente de una burguesía que la hiciera posible, lo que acabó por dar la razón a Lord Holland en su vaticinio sobre su inaplicabilidad;
• Su apuesta por el monocameralismo, fruto de la para mí inexplicable aversión de los liberales y de las izquierdas españolas de todos los tiempos por el sistema bicameral. De hecho junto con la Constitución de la Segunda República de 1931, de no muy grata memria, son las únicas que se decidieron por la opción de una sola cámara;

• Su excesiva extensión (384 artículos; más del triple que el más extenso texto de nuestro histórico derecho constitucional, que fue la Constitución de 1931 y bastante más del doble de los 169 artículos de nuestra vigente Constitución de 1978), así como su excesivo dogmatismo: las “demasiadas definiciones” que denunció Lord Holland;

• Su demasiada rigidez, efecto de una excesiva desconfianza de los constituyentes, que imposibilitó su adaptación a las complejas circunstancias del momento, y que hizo que resultara más fácil, antes que reformarla para adaptarla a las mismas, incumplirla lisa y llanamente, lo que ocurrió en no pocos casos;

• Su denunciado extemporáneo radicalismo, inadecuado a los conservadores vientos que por entonces soplaban en Europa, sobre todo cuando por segunda vez se intentó su puesta en aplicación tras el alzamiento de Riego, lo que fue visto como un riesgo por los países de la Santa Alianza (Rusia, Austria y Prusia) que acabaron ordenando a la Francia de Luis XVIII que enviara a los conocidos como Cien Mil Hijos de San Luis;

• Su ceguera reiteradamente denunciada desde Londres por Blanco White en El Español a la hora de ofrecer una solución racional y realista al problema de las relaciones con las colonias, máxime cuando días antes de su solemne inauguración (el día 16 de septiembre de 2010) el cura Hidalgo había dado en México el conocido como “Grito de Dolores”, todo un hito en el proceso independentista americano, al que habían precedido los levantamientos de Caracas, México y Buenos Aires, y que produjo un efecto dominó en el resto de las colonias, cerrazón que acabó por incentivar los deseos de independencia de todas ellas;

• La escasa independencia que concedió al poder Ejecutivo (Consejo de Regencia), en cuyas competencias interfirió continuamente contraviniendo el principio de separa-ción de poderes. Fueron cuatro los Consejos nombrados durante el período.

• Su peligrosamente utópico buenismo, reflejado en muchos de sus artículos y en pasajes que pueden leerse en el Diario de Sesiones, como el correspondiente al día 25 de agosto de 1811 (“Vamos a poner la primera piedra del magnífico edificio que ha servido para salvar a nuestra afligida Patria y hacer la felicidad de la Nación entera”), lo que ha llevado a Manuel Moreno Alonso a calificarla de “la más grande utopía de la historia moderna de España”, añadiendo que “creó un estado imaginario que reunía todas las perfecciones y hacía posible la existencia feliz –la feliz ‘revolución de España’- porque en él se garantizaba por leyes escritas la felicidad y la justicia” (op.cit., pág.33). Pero ya sabemos el peligro que, desde la ideada por Platón para Siracusa, conllevan las utopías y la delgada línea que las separa de las concepciones totalitarias. No cabe duda de que los constituyentes liberales doceañistas se dejaron seducir por el que, doscientos años más tarde, el profesor Dalmacio Negro Pavón denominaría “El mito del hombre nuevo” (Ediciones Encuentro.- Madrid, 2008)

• En resumen: La Constitución de 1812 pisó demasiados callos, sin ofrecer ventajas, al menos aparentes, al mayor número de personas, sectores e instituciones a las que había de afectar.

Mas algo tendrá el agua cuando la bendicen y lo cierto es que la Constitución gaditana fue durante mucho tiempo la tarjeta de presentación del constitucionalismo español en Europa. Conocida es la anécdota de don Luis Sánchez Agesta con Cristóbal Dawson: pasaba nuestro ilustre profesor unas vacaciones veraniegas en su Granada natal cuando, sabedor de que el no menos ilustre historiador británico estaba en la ciudad, le visitó en el hotel para ponerse a su disposición por si algo precisaba. Dawson le pidió que le facilitara lo último que se hubiera publicado sobre las Cortes y la Constitución de Cádiz, y cuando Sánchez Agesta, sorprendido, le preguntó sobre el motivo de su preferencia, Dawson le contestó: “1812 es una de las fechas europeas de España” (Sobre la Constitución de Cádiz.- Revista Española de Derecho Constitucional, nº 30.- Madrid, 1990.- Págs. 9 y ss).

De la misma opinión son, entre nosotros y entre otros muchos, Carlos Seco Serrano: “1812 es en España el equivalente del 1789 francés”; o José Peña González: “Casi toda la doctrina coincide en señalar Cádiz, y sobre todo lo que Cádiz representa, como una de las aportacio-nes más genuinas del pensamiento español a la historia de la cultura política universal. … Cádiz es una de las más egregias y genuinas creaciones españolas con proyección universal” (Historia Política del Constitucionalismo Español.- Biblioteca Universitaria.- Madrid, 1995.- Pág.50), opinión compartida por José Antonio Escudero, que mantiene que la Constitución de Cádiz, por su importancia y proyección en Europa y en América, bien pudiera ser tenida, junto con el Código de las Siete Partidas, como “una de las contribuciones de mayor resonancia que España haya legado a la cultura universal” (Introducción. Las Cortes de Cádiz: Génesis, Constitución y reformas.- Op.cit..- Vol.I.- Pág.XV).

Y es que hay que reconocer que la Constitución de Cádiz consagró, desde el inicio mismo del constitucionalismo español y para todo su posterior desarrollo (al que servirán ya de perpetuo referente), una serie de lo que don Luis Sánchez Agesta (citado por José Peña Gonzalez.- Op.cit. Págs. 78 y 79) denomina “ideas fuerza”. Tales son:

1ª.- La idea de una tradición soterrada de instituciones de libertad, que renació como el resurgir de una España, abatida por la decadencia;

2ª.- La soberanía de una nación que afirmaba su independencia frente a un enemigo en una guerra “nacional;

3ª.- La libertad de expresión como signo de un gobierno de opinión que identificara a la Nación con sus representantes, que eran responsables ante el pueblo;

4ª.- Una racionalización del poder en que la Nación, en el ejercicio de su soberanía, restau-raba las Cortes como órgano de representación de la Nación, junto a la autoridad del poder ejecutivo del Rey y de sus secretarios;

5ª.- La defensa de la libertad y la afirmación de la igualdad de todos los españoles;

6ª.- La importancia de una democracia municipal que dejaba libertad para que los intere-ses personales fueran los agentes de la libertad y del progreso.

Como también es rigurosamente cierto todo lo dicho acerca de la “proyección universal” de nuestra primera Carta Magna. También para destacar este aspecto tomamos prestadas las palabras de don Luis: “Cádiz es –dice Sánchez Agesta- el principio antagónico de la doctrina sentada  por el Zar Alejandro y el Canciller Metternich en Viena, Aquisgrán y Verona, que atribuye a los monarcas unidos por la Santa Alianza, como poderes delegados de la Providencia, el derecho a gobernar Europa… He aquí uno de los rasgos singulares de esta constitución. Se atrevió a ir contracorriente en un mundo donde primaban unas ideas radicalmente distintas de las que ella defendía. De ahí quizá el carácter simbólico de signo de esperanza que tuvo el texto en muchos pueblos oprimidos, y que explica la gran difusión que alcanzó en el mundo de su época. No hay constitución alguna en nuestra historia que haya tenido la repercusión internacional del texto de 1812. ‘Carta Magna’ del liberalismo español que jugó un papel fundamental, no sólo en Europa, sino también en América” (citado también por Peña Gonzalez.- Op.cit. Pág.79).

Para tratar este aspecto con rigor y profundidad nada conozco mejor que el magnífico artículo “Proyección exterior de la Constitución de 1812” de Juan Ferrando Abadía incluido en el libro antes citado “Las Cortes de Cádiz” (Edit. Miguel Artola.- Marcial Pons Ediciones de Historia, S.A.- Madrid, 2003.- Págs. 207 a 248). A él nos remitimos para no alargar más esta intervención, que se inició con pretensiones de brevedad. Sólo diremos que, respecto de Europa, Ferrando Abadía distingue dos períodos: el que transcurre de 1812 a 1820 y el que va de 1820 y 1830. El primero de ellos se limita a las suspicacias ya aludidas que suscitó y a los prolijos procesos de reconocimientos diplomáticos y críticas doctrinales, favorables unas pero desfavorables las más. El segundo es más interesante al iniciarse con el pronun-ciamiento de Riego en Cabezas de San Juan y su nueva entrada en vigor en España, lo que produjo un gran impacto en toda Europa, que dejó notar su influencia durante toda la década de los años veinte, principalmente en los países cuyos movimientos revolucionarios demostraron tener más entidad:

• Portugal, que tras la revolución de Oporto en agosto de 1820 promulgó el 23 de septiembre de 1822 una constitución que era prácticamente una copia de la gaditana de 1812, incluso aún más democratizada, a la que la contrarevolución, eficazmente ayudada por la amenaza de los Cien Mil Hijos de Satanás (perdón: de San Luis), logró derogar el 4 de junio de 1824;

• Italia, cuyo proceso es mucho más complejo. Bástenos saber que, tras de numerosas, complejas y variadas vicisitudes, la Constitución española de 1812 fue instaurada en los reinos de las Dos Sicilias, de Nápoles, de Cerdeña y del Piamonte, pero que por efecto de la misma reacción que dicha instauración produjo en los Soberanos de la Santa Alianza, estas constituciones tuvieron la misma efímera vida que la de Portugal y que la propia de Cádiz en su segunda andadura;

• ¡E incluso en Rusia!, en 1825, cuando ya en España había sido nuevamente abolida, en un episodio escasamente conocido que nos relata Carlos Marx y que, resumido, consistió en lo siguiente: Cuando la invasión de Rusia por Napoleón, alistó éste en su ejército a muchos prisioneros españoles que, tras el descalabro y la desordenada retirada del francés, aprovecharon para pasarse al enemigo ruso. El zar Alejandro los recibió muy amablemente, acuartelándolos en las proximidades de la residencia imperial, en donde la zarina los visitaba con frecuencia. El embajador español quiso que estas tropas juraran solemnemente la Constitución doceañista, y dice Marx: “Alejandro dispuso que fuera el acto solemnísimo; fue la formación sobre el Neva helado y se clamó el juramento ante la corte toda, tremolando las banderas bordadas por la misma emperatriz. Se apellidó el Cuerpo Imperial de Alejandro; costeando el erario su equipo nuevo, y embarcándolo en Cronstadt para España” (Escritos sobre España.- Edición de Pedro Ribas.- Trotta.- Madrid, 1998.- Pág.96.- Citado por Moreno Alonso en op.cit..- Nota a pie de pág.31) ¡Genio y figura!

Y esta es, en esencia, la quijotesca historia de la “Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812”, porque aunque tras la muerte de Fernando VII el 29 de septiembre de 1833, bajo el reinado de Isabel II y la Regencia por minoría de edad de ésta de su madre Doña María Cristina de Borbón, el 26 de julio de 1836 se produjo en Málaga una rebelión que el 12 de agosto secundaron un grupo de sargentos en La Granja de San Ildefonso, obligando a la Regente a derogar el Estatuto Real y a restaurar por tercera vez la Constitución del 12, eran ya otros tiempos, y no podría decirse con propiedad que la nueva Constitución promulgada el 18 de junio de 1837 fuese verdaderamente una reedición de la doceañista, aunque no falte quién la considere una mera revisión de la misma. El epitafio del manoseado texto gaditano lo redactó, con la cáustica agudeza que lo caracterizó siempre, Mariano José de Larra en Dios nos asista: “La Constitución de 1812 —sentenció— era gran cosa en verdad, pero para 1812… Para el año 1836, la única constitución posible es la Constitución de 1836”.

Y como desde Sófocles hasta Corín Tellado, un viejo recurso para ensalzar al protagonista ha sido el vilipendiar al antagonista, la guinda del pastel del homenaje a nuestra querida Pepa la cargaremos a la cuenta del Rey Felón por antonomasia, a Fernando VII, por mal sobrenombre llamado El Deseado, tomando prestada la descripción que del personaje nos brinda don Benito Pérez Galdós en La Fontana de Oro: “La luz de una lujosa lámpara –nos dice- le iluminaba completamente el rostro, aquél rostro execrable que, para mayor desventura nuestra, reprodujeron infinidad de artistas, desde Goya hasta Madrazo… esta cara no se parece a la de tirano alguno, como Fernando no se parece a ningún otro. Es la suya la más antipática de las fisonomías, así como es su carácter el más vil que ha podido caber en un ser humano. Respecto a su carácter ¿qué diremos? Este hombre nos hirió demasiado, nos abofeteó demasiado para que podamos olvidarle. Fernando VII fue el monstruo más execrable que ha abortado el derecho divino. Como hombre, reunía todo lo malo que cabe en nuestra naturaleza; como rey, asumió en sí cuanto de falso y torpe pueda caber en la potestad real… No fue nuestro tirano descarado y descubiertamente abominable: fue un histrión que hubiera sido ridículo a no tratarse del engaño de un pueblo. En 1833 Dios  arrancó de la tierra el alma del Rey y entregó su cuerpo a los sótanos del Escorial, donde aún creemos que no ha acabado de pudrirse. Pero con este fin no acabaron nuestras desdichas. Fernando VII nos dejó una herencia peor que él mismo: nos dejó a su hermano y a su hija, que encendieron espantosa guerra. Aquél Rey, que había engañado a su padre, a sus maestros, a sus amigos, a sus ministros, a sus partidarios, a sus enemigos, a sus cuatro esposas, a sus hermanos, a su Pueblo, a sus aliados, a todo el mundo, engañó también a la misma muerte, que creyó hacernos felices librándonos de semejante diablo. El rastro de miseria y escándalo no ha terminado aún entre nosotros”. He de aclarar para los malpensados que esto lo escribió Galdos en 1870.

Y vamos ya a concluir. Dije antes que la historia de nuestra querida Constitución de 1812 es una historia quijotesca, porque también lo es en gran parte la propia obra gaditana del grupo de liberales doceañistas, constitución incluida. Y a como tal, con parámetros quijotescos debemos enjuiciarla. Y al efecto conviene recordar la defensa que el propio Don Quijote hace ante la acusación que Sancho le imputa de estar siempre persiguiendo quimeras, acometiendo gigantes que no son tales, sino molinos de viento, o ejércitos que resultan ser en realidad rebaños de carneros. “Sí, Sancho –se defiende Don Quijote-, pero de mí se dirá lo que del otro se dijo: que si no acabó grandes cosas, murió por acometerlas”. Y tal vez sea eso lo que a la postre importe. Intentar la hazaña, aunque sea a costa de la propia vida, como el mismo Don Quijote dijo que se debía hacer para defender la libertad y como hicieron nuestros antepasados ideológicos, los liberales gaditanos de 1812.

Ya sí termino. Y permitidme que lo haga con la lectura de lo que un liberal como José Mª Blanco White, crítico con la obra de sus conmilitones constituyentes mientras estuvieron redactándola, escribió cuando la Constitución había sido finalmente promulgada: “Tener una Constitución —dijo Blanco— sea cuál fuere, es mejor que no tener ninguna o tenerla dudosa y casi olvidada. La que han formado y promulgado las Cortes tiene a mi parecer defectos muy esenciales, de los cuales he expuesto algunos cuando se estaba formando; mas a pesar de ello, protesto que su promulgación, y la satisfacción y alegría con que entiendo que el pueblo español la ha recibido me han causado muy verdadero placer. Como mis censuras no han tenido ni tienen más objeto que el de contribuir al acierto e ilustración del pueblo español en cuanto alcancen mis débiles fuerzas, siempre que se tata de materias como ésta , siento una propensión poderosa a no aguar el gozo de los pueblos con argumentos y dudas intempestivas”. Permitidme que yo haga mías estas mismas palabras, para referirlas, claro está, no a la celebración de la promulgación de la Constitución Política de la Monarquía Española en Cádiz el 19 de marzo de 1812, sino a la de la conmemoración de su bicentenario en Madrid el 10 de marzo de 2012.

Y ahora gritad conmigo:

¡MUERA FERNANDO VII!

¡VIVA LA PEPA!

En un momento en el que, diga lo que diga Norberto Bobbio, los conceptos de derecha e izquierda están, si no totalmente obsoletos, sí por lo menos bastante desdibujados, con la actual obsesión por las opciones «centristas» (de «centro-derecha», «centro-izquierda» y «centro-centro»), o pretendidamente superados por las llamadas «terceras vías», y a pesar de que, como ya dijo Ortega, “la persistencia de estos calificativos contribuye no poco a falsificar aún más la realidad del presente, ya falsa de por sí, porque se ha rizado el rizo de las experiencias políticas a que responden, como lo demuestra el hecho de que las derechas prometan revoluciones y las izquierdas propongan tiranías”, un sistema electoral como el vigente en España, que favorece el bipartidismo y penaliza a las opciones intermedias, resulta anacrónico y contrario al facilitamiento de la natural evolución política.

El sistema de circunscripción uniprovincial establecido en el parágrafo 2 del artículo 68 de la Constitución, desarrollado por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, propicia la sobrerepresentación en el Congreso de los Diputados (cámara que inviste, conforme al artículo 99, al Presidente del Gobierno y que ejerce verdaderamente la función legislativa), de los partidos mayoritarios en menoscabo de los nacionales minoritarios, que precisan de un número desorbitado de votos para obtener un escaño.

De otro lado, ya conocemos el uso que de su representación hacen los partidos nacionalistas, chantajeando a los candidatos a la hora de ser investidos y a los grupos parlamentarios al ejercer su función legislativa, incluida la aprobación de los Presupuestos Generales. No deja de resultar paradójico que una legislación electoral que, al establecer como circunscripciones electorales las provinciales y una fórmula de atribución de escaños de proporcionalidad corregida, lo que dijo pretender fue, en aras de la gobernabilidad, acabar con la «sopa de letras» de las siglas de los numerosos partidos en un principio existentes, lo que a la postre haya conseguido con ello sea propiciar la «feudalización» de los poderes territoriales.

Porque eso son realmente hoy los representantes territoriales de los partidos políticos, verdaderos nuevos señores feudales a los que cuadra perfectamente el apelativo nobiliario con que en la terminología popular se les conoce, «barones» que ejercen en sus respectivos territorios virreinatos basados en el amiguismo y el despilfarro, en el dominio de todos los mecanismos de influencia y control: instituciones políticas y financieras, medios de comunicación, etc.

Y no sólo ellos. Toda la clase política, convertida en auténtico clan, se ha autoerigido en privilegiada casta social situada por encima del bien y del mal, al pairo de cualquier exigencia de responsabilidad.

Los partidos políticos han ido poco a poco apropiándose de la soberanía que debe corresponder al ciudadano. Lo han logrado mediante el establecimiento de un sistema excesivamente rígido de representación y de disciplina de voto, de la incomunicación entre elector y elegido, del sistema listas cerradas y bloqueadas y, sobre todo, de un funcionamiento interno nada democrático, confundiendo la forma con el fondo y los medios con los fines y violando lo específicamente previsto al respecto en el artículo 6º de la Constitución.

El fin de la democracia no puede ser otro que la defensa de la libertad del individuo y de las instituciones. Puesta al servicio de las oligarquías de los partidos se convierte en algo muy pernicioso. No puede calificarse propiamente de democracia a un sistema en el que la cúpula de unos partidos que representan a un exiguo porcentaje de votantes (que a su vez –dado los cada vez mayores índices de abstención- no suponen mas que una parte cada vez menor de los ciudadanos con derecho a voto), designa, por su inclusión en unas listas cerradas y bloqueadas, a quienes hayan de formar parte del Congreso de los Diputados y, con su mediación, a quienes hayan de integrar el resto de los organismos e instituciones del Estado: Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas del Reino, Defensor del Pueblo, Consejo de Radiotelevisión Española, etc. Un sistema así no es una democracia, sino un «democratismo absolutista» cuya perpetuación no sólo consiente, sino que propicia, una legislación electoral impeditiva de cualquier intento de regeneración democrática.

En estas condiciones es razonable que los parlamentarios y concejales consideren que su escaño o concejalía se la deben al partido y que la cúpula de éste, dueña de los puestos por los que se accede a aquellos, los consideren como de su propiedad, imponiendo férreas disciplinas de voto que lo que persiguen no es la defensa de los intereses del elector, sino la de sus propios intereses partidistas, cuando no meramente personales. Lógica consecuencia de ello es la profesionalización de la política a base de mediocridades, porque una situación así sólo la soportan los sumisos.

Dalmacio Negro Pavón denuncia esto mismo con claras expresiones de reproche: “Ni siquiera hay representación —dice—, pues la controlan absolutamente los jefes de los partidos con ayuda del sistema de «listas cerradas». Es más, ni siquiera se cumple la Carta —Constitución que prohíbe expresamente el mandato imperativo. Sin embargo, es lo que hay: los «representantes», seleccionados mediante las infinitas trabas «morales» de las incompatibilidades y el favoritismo, están obligados a seguir al pie de la letra en todas partes y en las votaciones en las Cámaras las instrucciones de la élite del partido respectivo, que no son ni siquiera meramente orientativas, sino mandatos imperativos. Los «tránsfugas» que usando su derecho formal aparecen a veces, no alteran el abuso. Se dice que toda la Legislación aprobada por las Cortes desde la vigencia de la Carta-Constitución es nula de pleno derecho por contravenir la taxativa prohibición que establece aquella del mandato imperativo” (Del Movimiento al Consenso; en Razón Española, nº 140; Madrid, noviembre-diciembre 2006; pág. 281). El profesor Negro, y otros como el profesor Ramón Peralta, Martínez, defiende la tesis de que, al no haberse convocado como constituyentes los comicios en que fueron elegidas las Cortes que discutieron la Constitución, ella misma es en realidad una “Carta otorgada” por la que denomina “oligarquía del consenso”. En diferente sentido se pronuncia el profesor José Peña González, que entiende que tal carencia debe considerarse subsanada a posteriori, al haber sido la norma resultante sometida a referéndum nacional antes de su promulgación. Personal y modestamente me inclino por la primera de dichas posiciones.

Un estado de cosas así no puede perpetuarse ni mantenerse por mucho tiempo, por lo que cada vez son más los síntomas (como el hastío de la ciudadanía, manifestado en los cada vez mayores índices de abstención) que indican que el sistema se  descompone a pasos agigantados y que la situación es insostenible.

Ante una situación como la descrita, se hace cada vez más urgente y necesario liberalizar la política en todas sus instancias, democratizando el funcionamiento interno de los partidos y de las instituciones, comenzando por la reforma de una legislación electoral como la vigente que favorece falsas representatividades primando desmesurada y fraudulentamente determinadas opciones, con absoluto desprecio al principio de igualdad constitucionalmente consagrado en el artículo 14.

La verdadera historia de la filosofía política se inicia para la mayor parte de los autores con Platón y Aristóteles, es decir a comienzos del siglo IV a.C., cuando Atenas había dejado de ser ese gran centro de poder en que llegó a erigirse durante el siglo anterior, el denominado “siglo de Pericles”, tras ser derrotada por Esparta en la guerra (o guerras) del Peloponeso. Para Hegel no es extraño que así sucediera, ya que, para él, la filosofía, a la hora de decir “una palabra acerca de la teoría de cómo debe ser el mundo”, llega siempre “demasiado tarde”. La lechuza de Minerva, paradigma y encarnación de la sabiduría, sólo inicia su vuelo, en el mejor de los casos, cuando está a punto de anochecer, si no es ya cuando ha anochecido completamente.

Tal es, en efecto, una constante de la Historia. Las reflexiones más profundas en el terreno de la filosofía y de la política (y no sólo en él, sino también en el de la sociología y, sobre todo, en el de la economía), se dan siempre, como suele decirse, “a toro pasado”, llenándonos de impotencia e inundándonos de melancolía, porque, como dice Joaquín Sabina en una de sus canciones, “no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió”.

Fernando Prieto Martínez, en su Historia de las ideas y de las formas políticas (Unión Editorial, S.A; Madrid, 1990-2005), nos introduce en el estudio de El mundo del Renacimiento (tomo III (Edad Moderna), vol.1 (Renacimiento y Barroco); pág..21) con las siguientes palabras: “Las crisis en la Historia son, entre otras muchas cosas, aquellos tiempos en los que una sociedad se renueva porque deja atrás una serie de elementos que ya no le sirven e instaura otros nuevos que, en definitiva, configuran nuevas formas de vida. Toda crisis comporta conflictos sociales puesto que la sustitución de pautas e instituciones no se realiza sin lucha. Si los materiales nuevos con los que se va a construir la nueva sociedad están ya a la mano de los protagonistas de la crisis, de los hombres que dirigen cultural, económica y políticamente la sociedad, la crisis será menos conflictiva, el proceso será menos doloroso. Estar a la mano se entiende en el sentido de que las novedades se han ido introduciendo a lo largo del tiempo (años, décadas o incluso siglos) precedente, es decir, han llegado a su existencia social tras un largo proceso de maduración y han ido ganando paulatinamente vigencia social. La crisis tendrá entonces un desarrollo lento, pausado, a veces imperceptible para quienes la viven. El proceso de sustitución de la estructura histórica antigua por la nueva supondrá la coexistencia de elementos de aquella en ésta y, consiguientemente, la delimitación de fronteras temporales entre ambas sólo puede hacerse por aproximación. Otras veces las crisis se manifiestan como una súbita explosión de energía social reprimida: son las revoluciones. Su desarrollo temporal es relativamente breve”.

Vivimos hoy tiempos de crisis. Por doquier se nos habla de ella. El reto está en intentar averiguar ante cuál de las dos clases de crisis nos encontramos y tratar de aportar ideas para afrontarla.

De lo que estoy firmemente convencido es de que habrán de ser ideas nuevas, porque son las que exige un mundo nuevo y diferente, y ya sabemos lo que al respecto dijo uno de los más conspicuos pensadores del siglo XVIII: que “un mundo nuevo requiere una ciencia política nueva” (Alexis de Tocqueville: La democracia en América; traducción de Dolores Sánchez de Aleu; Alianza Editorial, S.A; CS-3418; pág.34; Madrid, 2005).

Para Aristóteles, la kátharsis es la facultad que tiene la tragedia, como representación teatral, para redimir, o purificar, al espectador, mostrándole las lacras y defectos de unos personajes de ficción que se mueven a la luz de las candilejas, pero sin hacerle sufrir el castigo a que están sometidos esos mismos personajes. Contemplando la representación y participando anímicamente en la trama, el espectador somete a su espíritu a unas conmociones que sirven para purificarlo. Después de la representación teatral, el público comprende mejor la realidad y está en situación de evitar la cadena de decisiones que propiciaron el trágico final de la representación dramática.

Como purgación, o purificación, la catarsis consiste en la liberación del peso de una realidad incómoda y la eliminación de los defectos que lastran y perturban la conciencia o el equilibrio, para dar paso a una situación más propicia. Ahora bien, para que en la tragedia griega la purificación fuera eficaz se necesitaba como condición sine qua non que la víctima sacrificada propiciara el valor de la colectividad que se pretendía salvar y purificar. Porque no tendría sentido alguno la exaltación en el sacrificio de unos despojos que, en vez de purificar, moverían a emponzoñar la realidad y contaminar el futuro.

Actualmente, los espectadores, ciudadanos de unas democracias modernas, en la Hélade helena o en la Iberia carpetovetónica, al contemplar y padecer los infortunios y las adversidades sociales presentes, si pretenden la purificación social usando los métodos aristotélicos, deberán, además de someter a su espíritu a las conmociones que sirvan para purificarlo, sacrificar las víctimas adecuadas y dejar el estamento purgado y en situación de ser reencauzado.

Así lo han hecho en Grecia donde el presidente socialista, Giorgos Papandreu, puso ante el pueblo y la realidad nacional la representación exacta de las desgracias y miserias sociales y humanas que significaría para el país no cumplir con los compromisos europeos. Y para que, viéndolas y entendiéndolas en el sentido aristotélico, los ciudadanos griegos, además de proyectar la frustración personal en sus representantes, propiciaran la kátharsis con el derrocamiento del propio Papandreu y la aparición de un kazarós limpio, capaz de propiciar un devenir heleno dentro del colectivo europeo.

En el caso hispano, el problema socioeconómico, común con el heleno, se ha pretendido solventar excluyendo al despojo que habitaba en la Moncloa y dando paso a la continuidad que significaba el Partido Popular. Pero para que esa continuidad resulte útil para el futuro no basta con que el gobierno cambie de manos. Además es necesario que las fuerzas políticas nacionales estén equilibradas y que en la acción conjunta se imponga un kazarós nuevo. Y ello comporta una catarsis que dé consistencia al PSOE, el partido que ha de lograr el equilibrio con el PP.

Sin embargo, la actualidad socialista española, esperemos que no el futuro, parece empecinada en obviar las desgracias que ha causado y en soslayar una catarsis propia que parece imprescindible. Porque no se ofrece, como en el caso del griego, a un Primer ministro (Papandreu) como la víctima que ha expuesto la realidad ante el pueblo y que se sacrifica. Aquí, y ahora, lo que ofrece el PSOE, a sus conmilitones y votantes, no es una víctima en el ejerció del poder para dejar paso a un kazarós transparente. Lo que se exhibe, y no se sacrifica, es el despojo partidista del pasado y los residuos electorales ya amortizados e inservibles.

Pretender que los segundones de Rodríguez Zapatero, Rubalcaba y Chacón, o Chacón y Rubalcaba, que tanto monta o monta tanto, sean el futuro del socialismo español, se antoja como una triste Reposición Teatral de la última tragedia electoral del socialismo español. En ella, un segundón, convertido en despojo electivo, ya se ofreció como sucedáneo de limpio para ser exhibido, y vencido, en el ágora pública de las urnas.

Las aporías o paradojas, esto es, las dificultades lógicas casi insalvables que a veces plantean los problemas especulativos, son el azote o bestia negra de los constructores de sistemas. Conocida de todos es la de Aquiles y la tortuga. La del zorro y las gallinas debe resolverse, no negando al zorro, en abstracto, su libertad de comerse a las gallinas, ya que su innata tendencia a hacerlo es consubstancial a su propia zorruna naturaleza, sino impidiéndole el concreto ejercicio de tal libertad y poniendo todos los medios a nuestro alcance para dificultarle que tal tendencia, por muy innata y natural que sea, pueda ser materializada, ya que no se puede dejar libre a un zorro dentro de un gallinero sin atentar contra el derecho a la integridad física de todos y cada uno de los miembros del colectivo gallinas.

Ello no quiere decir, sin embargo, que haya ocasiones en que las libertades individuales deban ceder ante los derechos colectivos. El problema está mal planteado en esos términos, porque no se trata del conflicto entre dos clases de derechos, sino entre derechos igualmente individuales: el del individuo como tal, es decir, el del individuo «en sí» (por utilizar la terminología de Hegel) y el del individuo «para sí», esto es, del individuo como miembro del colectivo social. Planteada así la cuestión, estamos en todo caso ante la garantía de libertades igualmente individuales, quiero decir, de la garantía de la libertad de un mismo individuo, sólo que en su doble consideración de persona singular y de miembro integrante de la colectividad social, doble cara de una misma moneda, unidad esencial indisociable en la dualidad de vertientes que comporta toda manifestación de humanidad, conforme a la consideración aristotélica del hombre como zóon politikón, unificadora de dicha doble manifestación, interna y externa, interior y exteriorizada, de una misma substancial esencia.

Partiendo de ello, la muy posterior idea de que la vinculación del hombre a la sociedad debe necesariamente efectuarse a través del llamado “contrato social” (esbozada por Hobbes, desarrollada por Rouseau y asumida políticamente por la Ilustración), parten de la errónea concepción del hombre como algo distinto de la sociedad, aquél como un ente esencialmente natural (concepto rousoniano del “buen salvaje”) y ésta como una construcción artificial.

Esbozadas quedan pues las vías por las que hemos de adentrarnos en las movedizas arenas de la solución de la Aporía del Zorro Libre. Confiemos en que no nos engullan.

Ahora, andando el primer cuarto del siglo XXI, un clima de confusión se ha instalado en Europa y sus consecuencias son de distinta intensidad, pero en todo caso de tristes consecuencias para amplios sectores sociales. Cabe sostener que la gestión de los gobiernos no está a la altura que exige un cambio que nació por el derrumbamiento del socialismo real. Sus efectos retardados tienen y tendrán una dimensión que marcará profundamente el modo de vida de este nuevo Siglo. Nadie puede esperar que los más de cinco millones de españoles sin trabajo y los más de veinticinco millones que se suman entre Francia, Italia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda e, incluso Alemania, puedan alentar la esperanza de recuperar un sistema económico de alta empleabilidad que funcionó para las generaciones precedentes.

Venimos oyendo desde hace un cuatrienio que nuestros males vienen de los mercados que nos atacan, que los bancos, el neoliberalismo, las hipotecas basura, nos han conducido a esta situación. Ahora, tras el reciente cambio de gobierno, se hace hincapié en otra razón que antes no se oía con fuerza, aun estando a la vista, cual es haber despilfarrado las Administraciones Públicas no solo lo que ingresaban sino lo que se endeudaban. Que también haya ocurrido en las familias es hecho sabido. A nadie debería sorprenden —por más que ello suscite la indignación de los indignados— que se desahucien pisos con una deuda hipotecaria que es superior al valor actual de tantas viviendas adquiridas por muchos trabajadores, incluso sin cualificación con ingresos de 1.800 euros de la burbuja inmobiliaria, que compraron desde la ilusión de que podrían vivir con la mitad que cobraban por un trabajo que creían indefinido y con la otra mitad cumplir el sueño de tener vivienda propia.

Pero si esto ha llevado a los padres de familia al abismo de una tragedia personal, no ha ocurrido lo mismo a los más ineficaces despilfarradores de la gestión de los recursos públicos, cuya única pena es ser desalojados del poder, para pasar a la oposición —no mal retribuida por cierto para sus cortos méritos— hasta que la lógica temporal de la democracia produzca otra vez la alternancia. Y no hablemos de esa otra nomenclatura dependiente de la política pero encubierta en el tráfago de los miles de nóminas creadas en empresas públicas improductivas o cajas de ahorro controladas por el poder autonómico. Ya sabemos que el dinero público no es de nadie —dijo una ministra cordobesa de Zapatero— (la alusión retrospectiva no es vana porque ZP se ha distinguido por su desastrosa selección de equipo). Otros fueron más lejos aplicando el viejo adagio: quien roba al común roba al ningún. En fin, que lo descrito conforma una realidad cotidiana y permite hacer un discurso de causalidades como el que ahora se empieza a escuchar. El debate abierto sobre la conveniencia de introducir en las leyes una penalización a los políticos que ejerzan un cargo despilfarrando y endeudándose, es una formulación cuando menos merecedora de ser tomada en serio. Esperemos que quede en algo, porque como apunta la Vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, no hay que rasgarse las vestiduras ante la idea de pasar por la vía penal, bastará inhabilitar para ejercer cargo público.

Sin embargo, aun falta hacer pedagogía sobre lo que ha cambiado en el escenario global y lo que de ese cambio va a derivarse. Falta hablar en profundidad del grave problema de LIDERAZGO que existe. Falta que los principales dirigentes se deciden a debatir abiertamente sobre las tendencias que van a definir el futuro próximo, según las decisiones que se adopten. No hace mucho Jim Cifton, el Presidente de Gallup, una de las grandes organizaciones que tienen bien acreditada su capacidad de análisis y de predicción, ha aportado algunas cifras que, por su contundencia, dan relieve al problema con el que convivirá este siglo: existe en el planeta el doble de personas en edad de trabajar que puestos de trabajo. Pero, además, en algunos países de Occidente, y entre ellos está España, hay coincidencia entre lo que viene sosteniendo nuestro OBSERVATORIO LIBERAL y lo señalado por el líder de Gallup. Lo que él sugiere es que para afrontar el problema hay que comprender como funcionan las pequeñas empresas y se lamenta de que en Estados Unidos el propio Obama, al que elogia en muchos aspectos, no ha dado síntomas de entender la problemática de una Pyme. Si este juicio valorativo lo extrapolamos a España, rechinan los dientes por el tiempo perdido con Zapatero, paradigma de la supina ignorancia en este tema. Hay que decir que para el pensamiento de la izquierda, la identificación de los malos es la ya sabida de los mercados, el neoliberalismo (que nadie define) los bancos (y no quienes detentan poder en ellos) los empresarios del irredento capitalismo etc. etc.

Mas los hechos son testarudos y la realidad nos está mostrando que gran parte de nuestros males no vienen del anunciado fracaso capitalista sino del fracaso del socialismo, pero no deberíamos alegrarnos. Si hay algo que quita el sueño a un coreano del Sur es que el nuevo líder del Norte el bisoño Kim Jong Il, que recibe dinásticamente el cetro, pueda llevar a su país al desastre absoluto. Por el contrario, lo que quiere es que logre mantener las cosas como están y no sufran el problema con el que —salvando todas las distancias— se encontró Alemania y Europa al caer el muro, para intentar hacer una economía más homogénea u homologable con más de cien millones de nuevos europeos ávidos del denostado bienestar capitalista, pero mentalmente condicionados para comprender que en un marco de plena libertad y competitividad tener que decidir por sí mismos resultaba insoportable para muchos.

Den Xiaping transformó a China con una frase: ser rico es bueno y con esa frase se cargó la recomendación que había hecho Napoleón: China es un gigante dormido, hagamos que no se despierte. Es tal el efecto que está produciendo sobre Occidente (pensemos sobre todo en Europa y en Estados Unidos) lo que esta sucediendo y lo por suceder en la economía global que merece un tercer y próximo capitulo, desde el rigor y la pedagogía, para intentar comprenderlo.

Otro ejemplo: diariamente se nos informa de la evolución de la Bolsa, una actividad limitada y concreta de la economía que, con referencia al IBEX nos da únicamente una idea de lo que pasa en 35 grandes empresas que no alcanzan a emplear más allá del 5% de la población en edad laboral. Y sin embargo, los titulares cotidianos hacen referencia a lo que hacen “los mercados”, como si refrendasen o castigasen cada día la gestión de un Gobierno. Cabria preguntarse ¿Por qué les llaman mercados cuando deberían llamarles especuladores? Cualquier experto jugador de bolsa sabe bien lo que un buen especialista enseña al respecto, esto es, que el precio se desentiende del PER, o de la rentabilidad del dividendo. También ignora el ROE y el valor de la empresa. El precio va por libre y se dice a sí mismo: nada existe salvo aquellos a los que obedezco. Y lo que dicen sus mandatarios se orienta a los movimientos de un día, de una semana, para obtener pequeñísimos márgenes en una compra que, multiplicada por millones de euros puestos en juego, van a darle una ganancia que suma el equivalente a varios miles de sueldos. Eso es todo.

El inversor, sin embargo, no va a ese juego. Si tiene cierto sentido del riesgo, no exagerado por otra parte, invierte en un valor por ejemplo uno no llamativo, Zardoya, que se caracteriza por tener fieles accionistas que difícilmente venden, salvo necesidad, y tienen ahí sus ahorros a la espera del dividendo anual que les rente al menos dos puntos más que la inflación. Veamos ahora a uno de los grandes, Telefónica, que lleva acumulada una considerable perdida del valor este último año, pese a haber distribuido como rentabilidad por dividendo un 10% sobre el precio pagado quien haya adquirido acciones en 2010. Y sin embargo, en las sesiones de un semestre, se puede llegar a mover el equivalente a todo el capital de Telefónica. Entonces, en que quedamos ¿Son o no son especuladores aquellos a los que llamamos mercados, cuando compran y venden un valor en el día haciendo bajar y subir la bolsa, al margen de la voluntad de quienes han invertido ahorros por tiempo indefinido?

Por tanto, rigor, pero también Pedagogía para explicarnos de que acontecimientos viene lo que está sucediendo; cómo se están manifestando sus efectos y cómo prevemos que evolucionará la situación en el futuro. Una respuesta o explicación ha sido la ya archimanoseada de las hipotecas basura en USA y su conversión en productos financieros para ofertarlos en los países capitalistas con las consecuencias ya conocidas. Más cerca, aquí en nuestro país, esta explicación se complementa con la burbuja inmobiliaria algo así: como el dinero era mucho y barato, vayamos a comprar una vivienda contando no con lo que tenemos ahorrado, sino con lo que vamos a ganar en los próximos 30 años. Y si ya la tenemos pagada o medio pagada la habitual, vamos a comprar una segunda cerca de la playa porque el banco está dispuesto a darnos el dinero necesario, también a cuenta de lo que uno va a ganar en lo que le queda de vida.

Entretanto desde la acción política se ocupan de hacer propuestas poniendo el acento en el contenido ideológico. Para la izquierda el llamado neo-liberalismo (un palabro sobre el que quienes lo usan no sabrían darnos una teórica convincente) es el gran culpable y aplicando medidas radicales (verbigracia IU) o socialdemócratas (PSOE) volveríamos a disfrutar de empleo, prestaciones y pensiones dignas al terminar la vida laboral. En suma, lo que se ha dado en llamar estado de bienestar. Pero, hasta ahora nadie nos da una versión cruda de lo que realmente ha sucedido, de lo que ha cambiado nuestra vida, arduamente lograda tras casi medio siglo en una Europa en paz, después de dos grandes guerras que la asolaron. Y es que ese casi medio siglo quedó interrumpido a partir del momento en que una juventud enfervorizada se subió al Muro de Berlín, comenzó a demolerlo y produjo como efecto dominó que todo un sistema, como era el socialismo real, mostrara su realidad pura y dura.

A partir de hay empezamos a sufrir los efectos de una economía que se ha ido haciendo cada vez más canalla. La URSS se deshizo, pero los países que la integraba enviaron al resto de Europa desde cientos de miles de esclavas sexuales, que enriquecieron a toda una nueva y poderosa mafia. A continuación, la misma nomenclatura dirigente que hasta días antes detentaba el poder, por una parte ha formado la nueva clase de ricos con la total apropiación de la riqueza de los Estados descabezados y, por otra, ocupa los cargos del poder político.

El efecto de esta autentica CRISIS (la palabra si es apropiada a lo que acaeció en 1989 con la caída del Muro) fue cambiar radicalmente el escenario de vida. Constituyó el primer acto de la globalización industrial y económica. Dejo instalada una carga explosiva de efectos retardados, constantes y definitivos. El modelo que definirá el siglo XXI no tiene nada que ver con los que ha sido este medio siglo XX que quedó atrás en la memoria de la mayoría viva. Ya hemos verificado uno de sus efectos más dramáticos socialmente; los cinco millones de parados españoles y los muchos millones que se suman en Francia, Italia, Gran Bretaña e, incluso Alemania. Pero no es ni será el único efecto. Trataremos de coadyuvar al diagnostico en un siguiente trabajo.

1.- LA SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA ES CRÍTICA

No ha de emplearse mucho tiempo en justificar esta afirmación, baste con: 1) evaluar el insoportable nivel de paro y saber que la economía está entrando en una nueva fase de recesión, que agravará la situación y 2) mirar las enormes tensiones financieras que ponen en riesgo de quiebra al Estado Español, así como al sistema bancario, con el arrasador efecto de ruina que supondría, no solo a las familias depositantes y ahorradores, sino también a las empresas paralizadas por la falta de crédito. Voces solventes ponen a la economía española al borde del precipicio, situación agravada por la demora de tomar las medidas de política económica necesarias, que hubieran evitado, o al menos paliado, este estado de tintes dramáticos, que suponen el 20% de paro, un déficit para el 2011 del 8%, (o más), una deuda soberana del 70% de PIB y un crecimiento cero, siendo posible una nueva entrada en recesión.

2.- TRES LINEAS DE ACTUACIÓN URGENTES Y SIMULTÉNEAS

El Gobierno de la Nación entrante debería impulsar simultáneamente las siguientes líneas de actuación: 1) Poner en acción un riguroso programa de ajuste del déficit público y de la deuda con la promulgación de la Ley Orgánica que desarrolle el Art. 135 de la C.E. para poner claros y rigurosos límites legales al déficit,  no solo al gobierno central, sino también a los gobiernos autonómicos y locales, que se verían privados de transferencias y se les prohibiría la emisión de deuda en caso de trasgresión de estos límites, ya que sin disminuir el endeudamiento del sector público no será posible liberar recursos para la inversión y el consumo. Exigir responsabilidades a los gestores por  ocultación de datos de ingresos y gastos a la contabilidad pública. 2) Saneamiento del sistema financiero y culminación de su reestructuración, puesto que sin recapitalizar las instituciones financieras es imposible que exista el imprescindible flujo de crédito a las empresas y a las familias. 3) Liberalización de los mercados de factores y de productos para recuperar la competitividad, y de forma urgentísima el laboral, ya que sin ello es inviable la creación de empleo, la competitividad y el consiguiente crecimiento económico.

3.- MEDIDAS QUE DEBERÍAN SER RECOGIDAS EN EL PRESUPUESTO 2012

Los objetivos serían reducir el déficit en un plazo de dos años al 3% del PIB, conforme a las normas de la UE, y concentrar el ahorro en los sectores inversores: empresas y trabajadores autónomos. Es evidente que esta medida llevará aneja un aumento del paro en los trabajadores públicos, directos o indirectos, lo que exigirá una clara explicación a la ciudadanía y que se establezcan oportunidades efectivas y útiles de reciclaje de empleos y de formación. Posteriormente vendrá el aumento del empleo global.

Establecer incentivos para promover la inversión y consiguiente empleo productivo, con supresión del Impuesto de Sociedades a la empresas productivas, si los beneficios no se reparten y se reinvierten y una reducción importante en las que los repartan.

Suprimir todo tipo de exenciones tributarias a las empresas e incluir los ingresos con reducción del tipo del Impuesto de Sociedades (IS), complementado con deducciones para los beneficios  se reinviertan  en el proyecto empresarial. Los beneficios distribuidos se incluirán en el impuesto correspondiente, dependiendo del receptor sea persona física o jurídica, IRPF ó IS , deduciendo la parte ya pagadas por las sociedades, que se considerarán ingresos a cuenta. Los autónomos con renta mixta de trabajo y capital pagarían un porcentaje del 15%/20%, hasta un nivel de renta del entorno de los 100.000 euros, por encima de esta renta se aplicaría la tabla del IRPF, que debería incrementar en los tipos marginales en rentas superiores a los 150.000 euros hasta un 60% en las superiores al medio millón de euros.

Disminución de las cotizaciones sociales, acompañada de una subida del IVA que las compense.

Regulación de las retribuciones de los representantes públicos  de administración central, autonómicas y locales pare evitar discriminación.

Eliminación de la pensión vitalicia de los miembros del parlamento.

Un programa de reducción y privatización de empresas y entidades públicas que puedan ser explotadas por la inversión privada, liberalizando inicialmente el transporte ferroviario de  mercancías y los sectores aeroportuarios.

Reducción drástica, a todo nivel de administración, de todo tipo de subvención oficial, incluidas las destinadas a los sindicatos, a la patronal, a los partidos políticos, así como a la cooperación exterior y ONG’s, su financiación y resultado estarán sujetas s a control mediante auditoria externa y registro público.

Supresión radical de todo gasto suntuario, superfluo, improductivo, extraordinario, parque móvil, etc., que afecte a cargos públicos, pertenezcan al ejecutivo, legislativo o judicial, cualquiera que sea el nivel de la administración al que pertenezcan.

4.- REESTRUTURACION Y SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO

La crisis de deuda soberana, que de forma grave y creciente afecta a la Eurozona ha agravado los problemas de liquidez y de solvencia de las entidades de crédito, ya de por si grave por los activos incobrables provenientes del sector inmobiliario, tanto de empresas, como de particulares.

Los bancos se enfrentan con una inexcusable necesidad de recapitalización, que dado su enorme volumen de deuda, solamente podrá venir por la simultánea acción de las siguientes medidas: 1) una renegociación con sus acreedores de su deuda a mayores intereses y mayores plazos, avalada por el Fondo de Rescate ya constituido. 2) Renegociación de hipotecas constituidas con particulares y empresas, con alargamiento de plazos de amortización, reducción del valor facial y de tipos. 3) Venta de activos inmobiliarios a pérdida a grandes inversores internacionales, compensada por otras plusvalías y beneficios. 4) Creación de un Banco Malo siguiendo el modelo que Suecia implemento para la amortización de activos tóxicos. 5) Ampliación de sus recursos propios. 6) Recurrir al Banco Central Europeo  y FMI en busca de financiación y descuento adicionales.

El Estado debería revisar a la baja la tasa de Deuda Pública obligatoria que las entidades bancarias deben soportar en sus activos, cuyo efecto pernicioso es el de restringir el crédito al sistema  inversor y productivo, con el perverso efecto de la aniquilación de puestos de trabajo.

Reestructuración de Cajas y Bancos no viables, mediante las absorciones que sean precisas y ejemplares petición de cuentas y penalizaciones a los gestores que los llevaron a la situación de quiebra, con las inhabilitaciones consiguientes. Revisión y limitación  de las retribuciones  de los gestores en aquellas entidades financieras que requieran fondos públicos para su recapitalización.

Reforzamiento e independencia de la Inspección del  Banco de España.

5.- REESTRUCTURACIÓN Y DISMINUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

Reestructuración, reducción y armonización de la enorme complejidad administrativa y burocrática, que presenta España por su enmarañada superposición de Administraciones, por las que el ciudadano y las empresas tiene que discurrir para gestionar sus asuntos y negocios, como son: 1) La Administración Central, compuesta por el Estado y un gran número de organismos públicos autónomos, entre los que destaca la Seguridad Social. 2) La Administración Autonómica, con una amplia capacidad normativa y fiscal, lo que enrarece, dificulta y encarece la vida económica, existiendo de facto diecisiete mercados distintos, dentro de España, lo que disuade al inversor, sea nacional o exterior y que, además, han enquistado las diferencias norte-sur. 3) La Administración Local, que a su vez se subdivide en 3.1) Ayuntamientos, 3.2) Mancomunidades y 3.3) Diputaciones. 4) La Unión Europea, que aprueba disposiciones legales de obligado cumplimiento.

Hay otro nivel de intervención administrativa, pues tanto el Estado, como las Autonomías, los Municipios y las Diputaciones han creado entes empresariales que adoptan formas de empresas públicas, fundaciones, consorcios, o corporaciones público-privadas que escapan al control de la Intervención Pública y se financian con cargo a los Presupuestos Públicos, con créditos bancarios y con créditos de proveedores. De ellos, se contabilizan  más de 1200 en la Administración Central, más de 3.000 en la Autonómica y un número no contabilizado en los municipios y diputaciones.

Una política de ahorro del Gasto Público debería considerar una asignación de competencias entre las distintas administraciones, que tenga lógica política, administrativa y económica y además, liquidar todos estos entes empresariales que no sean imprescindibles y privatizar los que sean económicamente justificables. Todo ello es urgente e imprescindible.

Los gastos dedicados a otras partidas pueden estimarse en unos 40/50.000 millones  de euros, más allá de los dedicados a Sanidad y Educación. Un análisis de estos gastos y su reducción consiguiente, supondría una disminución de déficit público muy significativo.

El copago en Sanidad debería ser considerado, al menos en algunos actos médicos, así como en medicamentos, tal y como sucede en los seguros sanitarios privados.

Las reducciones del Gastos Público no deben alcanzar a los cuerpos y fuerzas de la Seguridad del Estado, Defensa de la nación, ni a la Justicia.

6.- REESTRUCTURACIÓN DEL MERCADO LABORAL

La inclusión de España en la zona euro supone que la pérdida de competitividad de la economía solamente pueda ser compensada por una eficaz política de I+D+i y la reducción nominal de precios y salarios, únicas vías de ganar productividad y valor añadido. En nuestro país eso implica un cambio sustantivo en el sistema de convenios colectivos, que han tenido tres perniciosos efectos: 1) falta de flexibilidad interna y de  movilidad externa en las empresas, lo que ha motivado la mayoría de los despidos. 2) Indexación de precios y salarios al IPC y no a la productividad, como inexcusablemente debería ser. 3) Una rigidez en el despido, que ha demostrado ser un freno para la creación de empleo.

Consecuentemente debe ser reconducida la intervención de los sindicatos en el sistema de convenios colectivos, haciendo prevalecer los convenios de empresa, derogando la ultra-actividad, reduciendo drásticamente el número de tipos de contrato y penalizando el absentismo.

La política sindical debe reconducirse por tres líneas fundamentales: 1) Recuperación por el Estado de competencias delegadas a los sindicatos y 2) Dar entrada en la interlocución social a otros sindicatos hoy representativos en sectores, tanto públicos como privados, rompiendo el duopolio hoy existente, que da una enorme rigidez al diálogo social.  3) Reducción radical de los liberados sindicales a tiempo total, que deben  ser financiados por los propios sindicatos, en aquellas empresas donde existan.4) Reduciendo los tipos de contratos laborales 5) Reconducción del sistema de pensiones hacia un sistema mixto de reparto y capitalización, adaptando gradualmente la edad de jubilación, en concordancia con el alargamiento de la vida y el retraso de la entrada  de los jóvenes en el sistema de cotización.

7.- REESTRUCTURACION DEL SISTEMA FISCAL

El análisis de los distintos impuestos directos llevan a la conclusión de que terminan siendo pagados por las clases medias, los empresarios que crean empleo y por los trabajadores, además de tener una limitada capacidad recaudatoria, amén de distorsionar la actividad económica, pues ningún gobierno cede ante las presiones para la aprobación de exenciones, que interfieren en la libre asignación de la inversión en los sectores más productivos. Dados, por tanto, sus efectos sobre la competitividad, mantener el Sistema Tributario sobre los impuestos directos aparece como inadecuado.

Así pues, se hace preciso  hacerlo descansar más sobre los impuestos indirectos, ya sea el IVA, como los impuestos especiales, sobre hidrocarburos, el alcohol, el tabaco, la electricidad, y el juego. Máxime teniendo en cuenta que el consumo supone el 60% del PIB, por lo que se hace al sistema más estable y fiable.

Política fiscal de fomento al ahorro mediante deducciones  en IRPF.

De otra parte, se considera aberrante que el impuesto que más recauda en España sea el de las Cotizaciones Sociales, anormalmente altas por las presiones sindicales y la conveniencia de la Hacienda Pública, pero en detrimento de la competitividad, el crecimiento económico y la consiguiente creación de empleo.

8.- POTENCICIÓN DE SECTORES PRODUCTIVOS

Bajo el principio de quién domina la industria, domina los servicios y con la finalidad de descargar de peso de importaciones a nuestras exportaciones, debe establecerse una eficaz política de I+D+i, en la que el Estado intervenga, no sólo por la vía de apoyo fiscal, sino también actuado a través de una agencia especializada , como agente de capital-riesgo, acompañando a la inversión privada, fiscalizando el cumplimiento de objetivos de los distintos programas y proyectos y retirándose cuando se demuestre la inviabilidad de los mismos. Esta agencia debe ser única y a nivel del Estado, quedando excluidas cualquier otra a menor nivel administrativo.

Política inmediata de apoyo a la exportación, fomentando la internacionalización de las empresas medianas y pequeña, incluso de autónomos, mediante la creación de una red formada por embajadas, gobierno y cámaras de comercio, que faciliten la entrada de los empresarios en los distintos mercados. Debiendo estar gestionada por una única y sola agencia a nivel estatal.

La dependencia del petróleo, la moratoria nuclear, las fuentes de energía renovable de altísimo coste y un mercado energético intervenido dan lugar a una elevadísima tarifa eléctrica, que presiona al alza a los precios de bienes y servicios interiores, afectando de forma muy negativa a la competitividad del conjunto de la economía española.

Es preciso cambiar el modelo energético hacia un mix en el que intervenga la producción de energía nuclear segura en cantidad significativamente muy superior a la del modelo actual, aumentando al tiempo la liberalización y competencia del mercado energético. Fomento de la industria de producción de biomasa, que induzca la reducción del combustible de origen fósil.

9.- APOYO A EMPRENDEDORES Y AUTÓNOMOS

Reducción radical de trámites burocráticos y administrativos a la creación de empresas, mediante la creación de la ventanilla única a nivel estatal, que permita la apertura en un plazo de 24 ó 48 horas, realizándose a posteriori  las inspecciones y comprobaciones pertinentes, con fuertes sanciones a los infractores dolosos.

Aplicación de las medidas fiscales ya señaladas en el Punto 3 de este informa.

10.- FORTALECIMIENTO DEL ESTADO

Para que la inversión fluya y los mercados de bienes y servicios se desarrollen sin trabas es imprescindible dotar de seguridad jurídica al sistema, por lo que es imperativo y urgente dar al Poder Judicial independencia respecto a  los otros dos poderes del Estado, con un único Tribunal de ámbito estatal de última y definitiva apelación, retornando a una situación similar a la que había antes de la reforma de 1985, retomando el Estado aquellas competencias cedidas y que se opongan a esta situación.

Fortalecimiento de las competencias del Tribunal de Cuentas, para que sus dictámenes tengan efectividad y consecuencias administrativas e incluso penales para los infractores.

Se debe fortalecer la Inspección de Trabajo, quitando competencias a los Sindicatos hoy delegadas de hecho en ellos.

Fortalecer la Inspección del Sistema Financiero, aprobando un código de conducta más rígido, claro y exigente, que permita a la Inspección cumplir su cometido sin interpretaciones arbitrarias, ni presiones políticas.

Es precisa una real, eficiente y eficaz Intervención del Gasto Público, introduciendo en unos casos y fortaleciendo en otros la Intervención Pública de los gastos de todas las administraciones. Esta intervención debería depender del Congreso de los Diputados.

Fortalecer las competencias y amplitud del Tribunal de Cuentas, de forma que sus sentencias sean efectivas y tengan consecuencias, incluso penales, a los infractores.

11.- TRANSPARENCIA Y CONTROL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Regulación de las convocatorias de contratación pública, mediante una Ley de Transparencia, que de prioridad al sistema de subasta como forma de adjudicación y uniforme y fortalezca el sistema de control, limitando el plazo de los pagos, para que no entorpezcan la financiación de las empresas.

12.- UNIDAD DEL MERCADO INTERIOR DE ESPAÑA

Se requiere una Ley de Mercado Único, que haga viable el desarrollo de los mercados de factores, bienes y servicios,  bajo pautas, requisitos y fiscalidad iguales en todo el territorio nacional, en donde el español debe ser la lengua imprescindible, evitándose así la fragmentación del mercado interior, que las distintas legislaciones autonómicas han producido.

(*) El documento base de “MEDIDAS ECONÓMICAS PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA ESPAÑOLA Y EL EMPLEO” ha sido elaborado por Benito de Diego, economista y miembro del Club Liberal Español. Este texto definitivo integra las aportaciones de Carlos Entrena, Presidente del Club Liberal y de José A. Lozoya, miembro del Club.

—¿Cuánto se tarda, entonces, en hacer que arraigue una idea verdadera?
—Dos, tres años y eso si se anda muy deprisa.
—¿Y cuanto se tarda en lograr que arraigue una idea falsa?
—Una o dos semanas y eso si se anda muy despacio…

Pues bien, hace ya mucho tiempo se protestó por la penosa imagen que transmiten los textos que se imparten a estudiantes de “Educación para la ciudadanía” acentuando la perversión explotadora del empresario. Se trata de una asignatura muy querida de los gobiernos de ZP y que cuestionó la oposición, no tanto por discutir esa materia, cuyo título es sugerente y necesario, sino porque la acusaban de la motivación ideológica de un Presidente cuya tesis y praxis es que “te sorprenderías, Sonsoles, de cuantos españoles, podrían ser Presidentes de gobierno”. Era la época en que cualquier ocurrencia del presidente podrá ser prioritaria, antes que aceptar la hondura y complejidad de la crisis que se estaba fraguando y, en consonancia con esa línea de pensamiento para que iba preocuparse en ser selectivo al nombrar a algunos componentes de su equipo si se desentiende de la preparación, méritos o experiencia incluso para acceder a su propio cargo.

Y más aún para que preocuparse por el hecho de que haya libros de texto, a través de los cuales los estudiantes han de conformar su visión de la sociedad, que digan literalmente: “para evitar los abusos de los empresarios se necesita que los obreros adquieran conciencia de clase, que comprendan que sólo recuperaran su dignidad como personas cuando acaben con el capitalismo como estructura social opresora”. Es la enésima denuncia de los despropósitos cuando esto se piensa de los empleadores en un país con 5 millones de parados y la tasa más alta de paro juvenil. No menos increíble resulta el desparpajo y la suficiencia con que muchos intelectuales, sin aportar un solo ejemplo esperanzador de una sociedad con equidad y calidad de vida para las capas más amplias de sus ciudadanos, sigan fustigando el modelo de economía libre, cuya fórmula para bien y para mal es la que se da en el capitalismo occidental. No importa que el socialismo real del siglo pasado ofreciera un cuadro social, al desmoronarse el Muro de Berlín, que produjo estupor y rechazo. Ni siquiera que el “hombre nuevo” que debía salir de ochenta años de un adoctrinamiento que bebía en las fuentes de Marx, Lenin o Mao, haya dado lugar a lo que vemos allí donde la cultura creada quedaba a salvo de contaminaciones liberales. Y seguimos, no obstante, conviviendo con el desparpajo recurrente como el del colaborador de una publicación en la que se entrevista al autor de éxito Isaac Rosa a propósito de su nueva novela “La mano invisible”. El periodista empieza la entrevista invocando la vieja definición de la izquierda: el trabajo es una forma de explotación. Al contestarle, Isaac Rosa elucubra sobre la idea de que “descontextualizando al trabajador es como vemos el sustrato último de las relaciones laborales en el capitalismo: disciplinamiento, violencia, extrañamiento, deshumanización y absurdo”.

Es decir, que la forma más benéfica de comportarse por cualquier emprendedor motivado a crear un puesto de trabajo, sería contenerse de su insana conducta ¿Por qué contribuir a deshumanizar, violentar y disciplinar a cualquiera de esos jóvenes desesperanzados? Convendría hacerles recordar a nuestros intelectuales progresistas, si es que alguna vez lo supieron, que el liberalismo pervive precisamente porque nunca pretendió crear al hombre nuevo, sino escrutar su conducta y aceptar su naturaleza, pues está escrito por el padre de la doctrina: si encontramos pan en la tienda todos los días no es por la bondad del panadero, sino porque se levanta muchas horas antes a fin de fabricarlo y obtener ganancia de su esfuerzo e iniciativa. El empleador es consciente de que para obtener resultados de su idea o de su inversión requiere sumar el esfuerzo de otros, retribuyéndoselo. Es por ello que crea un puesto de trabajo, asumiendo un riesgo y pretendiendo una ganancia. Así de sencillo. Ideologizar la vida de nuestro siglo con las doctrinas heredadas del pasado no es sino insultar la inteligencia. Lo menos que debería hacer un político que quiera ganarse honestamente un sueldo y una pensión, muy superiores a la media, es respetar al electorado y hacer pedagogía con prudencia en vez de demagogia para ignaros, que los hay y muchos, es cierto, pero también es cierto que tienen instinto para discernir lo esencial. Sobre todo porque en ese juego, incluso lideres inteligentes (y Rubalcaba lo es) caen en la estulticia sin advertirlo y sin que sus colaboradores —enfebrecidos y nerviosos ante una eventual pérdida del chollo— le adviertan de ello. ¿Como puede enfatizar el candidato socialista de forma repetitiva que con el impuesto de patrimonio, que recaudatoriamente es el “chocolate del loro” y además está cedido, va a crear empleo?

Es muy probable que entre las razones que han hecho emerger a Rajoy de su sempiterna baja calificación respecto a otros líderes, la más poderosa sea el que los electores atisban en él una buena dosis de sentido común, que como sabemos es el menos común de los sentidos. Rajoy es el que más se aproxima a una pedagogía respetuosa y cada vez más necesaria. Un ejemplo palmario es que a la gente le cuesta entender las razones de esta crisis tremenda, persistente y que va para largo, porque ha sido estrategia del discurso es hacerlo ininteligible. Lo pedía Eugenio D’ors: eso se entiende demasiado, oscurezcámoslo. Rajoy ha dicho algo tan ostentosamente elemental y sencillo como que no se puede gastar más de lo que uno gana. Nuestros abuelos lo sabían muy bien. El mío, en concreto, llegó un día a casa mostrando cierto desconsuelo. Su frase fue “esto no puede terminar bien”. Y la razón no era otra que en el Café apareció un mozo que pagó su cuenta exhibiendo ostentosamente un billete de cinco mil pesetas.

Despilfarro, ostentación, codicia impune, cinismo… son males que se han ido exacerbando en una época que se está endureciendo para todos. Pero en democracia se delega la responsabilidad de dirigir y la misión de dirigir entraña organizar los recursos, administrarlos debidamente, controlar la ejecución de cuanto se hace y exigir responsabilidad. Esto es lo que hay, incluso para los indignados; no se trata de buscar malvados banqueros y perversos mercados, cuando los responsables nacen de nosotros y son elegidos por nosotros. Por fortuna son sustituibles a pesar de este imperfecto sistema en cuanto surge la oportunidad de votar. Y en eso consiste la democracia: buscar, encontrar y perfeccionar el modelo en tanto encontremos uno mejor.

Esa gran charada en la que los personajes internacionales resultan fraudulentos y de una indigencia moral —a pesar de su “profesionalizado” buenísmo— escandalosa, habrán cogido la pasta, su billete en primera y su cómoda conciencia bien alimentada para regresar a sus países. Ojala no vuelvan aquí, jamás. El Gobierno, quiero decir otro Gobierno, hubiera debido no permitirles el escenario español, en San Sebastián, con autoridades que son miembros de Bildu, con el partido socialista de Guipúzcoa y el regocijo de todos los etarras. Hubiera sido mejor, al menos, fuera…

Esta charada, lo es, y además es criminal. Para los que aplauden la labor del Gobierno como gran agente pacificador entre otras cosas porque llevamos un tiempo sin atentados mortales hay que recordarles que han sido cerca de 900 muertos y miles de víctimas con secuelas físicas, y psicológicas y por todo ello y para que no se repita, es el parecer de los elegantes defraudadores que los etarras deben ser premiados formando parte —indirectamente, pero fuertemente representados—, de una mesa de partidos y los gobiernos deben negociar con ellos la consecuencias del terror de cuarenta años quizás con la pretensión de ofrecerles una poltrona consistorial o una inserción permanente como empleado público del País Vasco, excarcelar a todos los terroristas y aquí a olvidar que no ha pasado nada. No ha pasado nada que el apetito electoral del PSOE no pueda amañar y resolver, no ha pasado nada que la Iglesia “Católica” vasca no esté dispuesta a cubrir con un piadoso velo de silencio y olvido. No ha pasado nada que al PNV no le convenga que haya pasado y siga pasando para marginar a los no nacionalistas, aunque el final de la estrategia peneuvista pueda ser una feroz contienda no sólo política sino civil con la izquierda abertzale ascendente, que le disputa ya la hegemonía política y social. No le ha pasado nada a ETA ya que, igual que se entra se sale de la cárcel y además sigue armada y vigilante como Padrino de la situación que cobra la mordida por dar protección al proceso de independencia vasco, con dinero de los contribuyentes españoles. También, si, de los contribuyentes víctimas del terrorismo. Y además, dará lo mismo en la hipótesis teatral de una declaración de abandono de las armas en los días inmediatamente previos a la cita electoral. De lo dicho se puede uno desdecir reavivando la lucha con cualquier pretexto o invención de nuevas exigencias. Los etarras instalados ya en el sistema y en los presupuestos endosarían el problema al Gobierno e impertérritos en el recorrido de su ruta seguirían postulando nuevos procesos de paz……….., ad aeternum.

Aunque abomino de palabras gruesas no puedo dejar de ver, sentir, y escribir que sobre un fondo general de amedrentamiento social una infame pléyade de políticos electoreros sin principios, tontos útiles e inútiles, sinvergüenzas gubernamentales, ignorantes suntuosos mercenarios internacionales, nacionalistas que se llaman demócratas y han evidenciado un oportunismo miserable, —ellos mueven el árbol, nosotros cogemos las nueces—, cuando los árboles eran centenares de asesinatos, se han reunido en una provechosa coyunda para conseguir sus beneficios y objetivos colaborando con E.T.A. Son los Padrinos dispuestos a convivir con el Gran Padrino que puede matar.

Aquí parece que la Realpolitik es olvidar a las víctimas, creando una atmósfera que me recuerda la “inimputabilidad por ignorancia” de Alemania respecto del período nazi o el silencio sobre la profunda herida moral y nacional del colaboracionismo del régimen de Vichy en Francia.